Durante la nefasta legislatura del PP en Castilla-La Mancha se retrocedió, como en otros muchos ámbitos y aspectos, en materia de jornada. Se nos arrebató el gran logro conseguido por las empleadas y empleados públicos, de manera fulminante, imponiendo la jornada de 37,5 horas.

El gobierno de Page, tuvo el gesto, pero se quedó en eso, en un gesto, y recuperamos la jornada de 35 horas semanales desde enero del 2016 hasta mayo de ese mismo año, momento en el que el gobierno de Rajoy recurrió la norma castellano-manchega y nos vimos, otra vez, con las 37,5 horas.

A pesar del gesto, el gobierno de Page posteriormente negó la posibilidad de buscar una aplicación de la reducción de la jornada con fórmulas que estaban aplicando en Extremadura o Andalucía, comunidades también gobernadas por el PSOE. Las 35 horas, si pero no.

La imposición del incremento de la jornada supuso un retroceso histórico que hace trizas los principios básicos de la negociación colectiva y la legalidad vigente y que afecta gravemente a las condiciones de trabajo, salud y conciliación familiar de las empleadas y empleados públicos, además de eliminar empleo público y servir de referente para otros sectores. Su recuperación inmediata, sin formar parte de trueque en negociación alguna y sin condicionarse a otras circunstancias, es una cuestión de Dignidad.

Cuando el gobierno de Rajoy da mayores muestras de debilidad y soledad y cuando las condiciones económicas mejoran, dábamos por hecho que la recuperación de la jornada se produciría automáticamente. Pero en lugar de esa legítima reparación, nos encontramos con el acuerdo de CCOO, UGT, CSIF y Montoro que, respecto a la jornada, dice lo siguiente:

“La jornada ordinaria de trabajo común a todas las Administraciones Públicas se computará en cuantía anual y supondrá un promedio semanal de treinta y siete horas y media , sin perjuicio de las jornadas especiales existentes o que, en su vaso, se establezcan.

Cada Administración Pública, previa negociación colectiva, podrá establecer en sus calendarios laborales bien otras jornadas ordinarias de trabajo, bien un reparto anual de la jornada en atención a las particularidades de cada función, tarea y ámbito sectorial, atendiendo en especial al tipo de jornada o a las jornadas a turnos, nocturnas o especialmente penosas, siempre y cuando en el ejercicio presupuestario anterior se hubieran cumplido los objetivos en materia de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto.”

¿Qué burla es ésta? En lugar de reparar con rotundidad y claridad la jornada de 35 horas, que ni se nombra, ésta queda como materia de negociación en las mesas de cada Administración y, lo peor, condicionando su aplicación al cumplimiento de objetivos presupuestarios, de deuda pública y regla de gasto. Es decir, las empleadas y empleados públicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tendremos la jornada de 35 o de 37 horas y media en función de que el gobierno regional haga bien o mal las cosas. De reparación nada, premio o castigo y según se comporte otro.

Este despropósito, sin sentido alguno, continúa y el consejero de Hacienda y AAPP, Ruiz Molina, anuncia que hasta el mes de julio, en el mejor de los casos, no se podrá aplicar la jornada de 35 horas en nuestra región. El retraso no solo viene dado por la necesidad de la aprobación de los PGE 2018 y las posteriores negociaciones y cambios normativos necesarios, lo más importante es que se apruebe una enmienda a los PGE 2018 que presentará el PSOE, a instancia del PSOE de Castilla-La Mancha, para desvincular la aplicación de la jornada de 35 horas del cumplimiento de los objetivos de déficit, que el propio Ruiz Molina duda que se alcancen.

Montoro ha sabido llevarse a CCOO, UGT y CSIF a su terreno con tanta eficacia que, sin obtener reparación alguna, se han hecho defensores y cómplices de las restrictivas políticas contra lo Público, que hacen tan suyas, como para condicionar la recuperación de las 35 horas a su cumplimiento.

El gobierno de Page se apunta el tanto y tiene que enmendar a los firmantes por vía de enmienda, valga la redundancia, a los PGE 2018. La mayor de las ironías se produce cuando los propios sindicatos, que entorpecen la aplicación de las 35 horas con su torpe acuerdo, pretenden “vender “ una gran conquista que, en todo caso, sería una reconquista.

Mientras tanto, las empleadas y empleados públicos de Castilla-La Mancha seguimos sufriendo el “castigo” de la mayor jornada con el salario más recortado. Exigimos, que se restituyan de forma inmediata los derechos arrebatados y se deje de traficar y manipular con ellos. Insistimos, es una cuestión de dignidad.