TONI CARRASCO Con la que está cayendo, que alguien tenga que explicar las razones para que el día 29 salgamos a protestar, parecería del todo innecesario.

Pero al oír ciertos comentarios o leer algunos titulares de prensa, no sólo tiene toda la pinta de ser conveniente, sino que se hace totalmente imprescindible.

Evidentemente, contra la huelga tenemos al Gobierno, sin un atisbo de autocrítica, diciendo que lo bueno de hace dos años, las políticas keynesianas de aumento de las inversiones públicas, ahora es malo. Un Gobierno que ha aceptado sin rechistar las imposiciones de los organismos políticos y económicos internacionales y que se ha doblegado, como hacen los siervos hacia su señor, a la petición de los ´mercados´. Curioso eufemismo para denominar a quienes tienen la capacidad de decidir el precio de los alimentos o el interés a pagar por la deuda pública, dando por bueno que la democracia sólo sirve para saber quién aplica la política decidida por el poder económico.

Entre los contrarios a las movilizaciones, también tenemos al PP, encantado con unas reformas que no le van a suponer ningún desgaste político, más bien al contrario, le aportará réditos, aparte de responder, en lo fundamental, a sus propias reivindicaciones: flexibilización del mercado laboral, recorte del gasto social y del estado del bienestar, disminución de la progresividad fiscal… Por eso no es raro ver viñetas de Rajoy sesteando, fumando sus famosos puros y esperando ver pasar el cadáver político de Zapatero, sin tener que aportar ni una sola propuesta, como no sea la de minimizar las reformas que está llevando a cabo el inquilino actual de la Moncloa, quitándoles importancia.

La CEOE, que agrupa a la gran patronal, liderada por Díaz Ferrán, ese ´empresario´ que, a pesar de hacer quebrar sus empresas, no veremos en las colas del paro ni trabajando en la economía sumergida como al resto del personal de Marsans (para quien no se haya dado cuenta, aún hay clases) cumple su papel pidiendo más, diciendo que es poco lo que se les da. En el fondo saben que se ha hecho caso a sus peticiones: abaratar el despido generalizando el contrato de Fomento, añadiendo además el pago de una parte con el Fondo de Garantía Salarial y dándole el carácter de despido procedente, cuando se prevea caída de beneficios; quebrar la negociación colectiva individualizando las relaciones laborales; posibilitar el incumplimiento de acuerdos salariales y modificar de forma unilateral las condiciones de trabajo…

Ya sabemos que el sueño de algunos empresarios sería que desaparecieran todas las normas laborales que generan obligaciones hacia las personas trabajadoras, pero no me digan que la reforma aprobada no es un paso de gigante hacia el siglo XIX.

¿Que estas reformas no van a ayudar a la creación de empleo? Y que más da, no es lo que buscaban. Ellos son conscientes de que el empleo aumentará cuando se invierta en productos y servicios que tengan demanda y cuando se deje de externalizar la producción a países que tienen la esclavitud como norma laboral aplicable.

Seguramente el pleno empleo llegará sólo el día en que éste se reparta, contando con la alta capacidad de producción actual, y que se invierta en atender necesidades que hoy no pueden ser pagadas por sus usuarios en el actual contexto económico, pero que no por ello se hacen menos necesarias. Su objetivo era disminuir los costes laborales, aumentar sus beneficios, y lo están consiguiendo. El beneficio empresarial no ha dejado de aumentar en los últimos años, con crisis o sin ella. Unos años en los que el porcentaje de reparto de las rentas, de forma continuada, subió para las del capital y bajó para las del trabajo.

No les basta. Aún quedan resquicios por los que poder disminuir el carácter social del Estado y conseguir nuevas oportunidades de negocio. Convertir los derechos sociales que todavía quedan en espacios para el mercado.

Las pensiones se pueden rebajar. Ya sabemos que hay mucha gente joven y preparada en paro, pero mejor que sigan trabajando las personas mayores de 65 años. Y si se pueden disminuir las cuantías de las pensiones, miel sobre hojuelas. Si la pensión pública es insuficiente, ahí estarán, esperando nuestros ahorros, los fondos privados para hacer negocio. El problema lo tendrán quienes no tengan un sobrante mensual para entregar, pero eso no es asunto de los inversores.

Y después queda la Sanidad, un inmenso y apetitoso bocado ya puesto en la diana por estos modernos tiburones, aunque las experiencias de gestión privada en Madrid y la Comunidad Valenciana nos hablen de hipoteca sin fin de las Administraciones públicas a cambio de una atención sanitaria deficiente.

El asunto es que, de persistir en estas políticas, nos dirigimos hacia una sociedad en la que se agudizarán las diferencias sociales y los riesgos de exclusión.

Se pueden entender las posiciones en contra de Gobierno, oposición, grandes inversores y patronal: al fin y al cabo defienden sus decisiones, su poder o sus intereses, por inmorales que nos parezcan. Lo difícil es entender la desmovilización de aquellas personas que sufrirán los resultados del desolador panorama que nos espera si se cumplen las amenazas, disfrazadas de necesidad, previstas por los organismos que dirigen nuestro sistema económico y social. Será la población trabajadora, la presente y la futura, la que sufrirá las consecuencias del retroceso en derechos sociales y laborales.

Paro, despidos baratos y subvencionados, trabajo sin derechos, desatención a las personas dependientes, ayudas a los bancos que nos endeudaron y se enriquecieron, regresión fiscal, rebaja de las pensiones, privatización y empeoramiento de los servicios públicos, encarecimiento especulativo de productos de primera necesidad, aumento de la pobreza…

¿Y aún quieren que les explique por qué hemos de salir a la calle?