En las últimas dos décadas se ha llevado a cabo en nuestro país un proceso de involución democrática que ha permitido la paulatina pérdida de libertades y derechos laborales y civiles. Así, con la Constitución en la mano, en España se puede mercadear con los bienes públicos y las prestaciones sociales, precarizar la vida laboral (el 25% de los contratos firmados en septiembre duró menos de una semana) o penalizar la desobediencia civil, entre otras muchas agresiones a las clases populares, mientras se toleran las exhibiciones fascistas y se mantienen los insultantes privilegios de la clase dominante. Hoy, el 1% más rico de la población española acumula el 47% de la riqueza de todo el país y el número de millonarios se ha quintuplicado en los últimos 10 años.

Viene esto a cuento de que el Tribunal Constitucional (TC), máximo intérprete de la Constitución del 78, ha hecho público el fallo de una sentencia que avala una de las normas más crueles de la Reforma Laboral del PP en el 2012: el artº. 52.d del Estatuto de los Trabajadores que permite el despido por causas objetivas si hay faltas de asistencia intermitentes aunque sean justificadas. El alto tribunal considera (por 8 votos contra 4) que el despido de una trabajadora con hernia discal por la cual faltó 9 días hábiles al trabajo durante dos meses (8 de ellos por baja médica) no atenta contra el derecho a la salud ni contra el derecho al trabajo ni contra el derecho fundamental a la integridad física.

Es un hecho gravísimo porque criminaliza a l@s trabajador@s enferm@s, a pesar del rebrote actual de accidentes laborales (652 trabajador@s muert@s el año pasado, el máximo en 7 años). Según el TC, los intereses de las empresas están por encima de la salud de sus propi@s trabajador@s, lo que pone en evidencia la acuciante necesidad de derogar la Reforma Laboral, ya que los derechos laborales están hoy más cuestionados que nunca. Sin embargo, lo que ha propuesto el gobierno del PSOE a la Comisión Europea no es la derogación de dicha ley sino la aplicación, a partir del 2020 y de forma progresiva, de la denominada “mochila austriaca”, para que la gente trabajadora se tenga que pagar sus propias indemnizaciones, a través de un fondo de capitalización que tendrá que pagar cada trabajador/a.

Esta propuesta, que, de llevarse a efecto, rompería totalmente el sistema actual de relaciones laborales, tiene tres grandes objetivos: 1º/ reducir el costo de las pensiones futuras, ya que una parte será cubierta por el Estado y otra por los planes de pensiones privados generados con la “mochila”; 2º/ hacer desaparecer las indemnizaciones por despido que, además de libre, será gratis y 3º/ refinanciar a la banca con 144.000 millones, que es el monto actual de las pensiones en nuestro país, creando las bases para la apropiación privada de los recursos producidos por las pensiones públicas.

Existe, pues, un planteamiento premeditado para recortar de forma salvaje el sistema de protección social en nuestro país y esto es muy grave, pues no haría sino ahondar la división entre las élites políticas y económicas y la mayoría de la ciudadanía, creando más injusticia y desigualdad. El capitalismo es incompatible con la profundización de la democracia y Chile (con sus 30 años de neoliberalismo salvaje, que conllevó la privatización de la educación, la sanidad y las pensiones) constituye hoy, desgraciadamente, el ejemplo de que, aunque haya crecimiento económico, si no existe justicia y un mínimo de cohesión social, aquél solo puede llevar a la desesperación y el sufrimiento de la clase trabajadora. La lucha de clases existe y la estamos perdiendo. O somos capaces, desde los sindicatos y demás movimientos organizados, de hacer frente a estas agresiones, poniendo la vida y el bien común en el centro del debate, o seguiremos perdiendo todos los derechos y libertades conquistados con mucho esfuerzo y sacrificio por las generaciones anteriores.