Hoy se presenta en el Senado una propuesta para que se elabore una ley que convierta en fijos al personal interino de larga duración y en situación de fraude de ley. La propuesta será presentada por el senador del Partido Aragonés (PAR), Clemente Sánchez-Garnica, y ha sido elaborada por el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA), sindicato que, como STAS-CLM, pertenece a la Confederación Intersindical.

En concreto se demanda transponer al ordenamiento jurídico español la Directiva 1999/70/CE del Consejo –relativa al trabajo de duración determinada–, es decir la consolidación de las y los empleados públicos temporales que se encuentran en ‘fraude de ley‘, casi medio millón de personas, que la Encuesta de Población Activa (EPA) eleva a 800.000.

Esta propuesta se presenta en la Comisión de Función Pública de la Cámara Alta y viene dada por el fracaso del Acuerdo para la Mejora del Empleo Público de 2017 firmado por CCOO, UGT y CSIF, que no ha logrado reducir el empleo temporal en las Administraciones Públicas.

La pretensión se ve reforzada por la sentencia de 19 de marzo de 2020 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el abuso en la contratación temporal de las administraciones públicas.  Dicha sentencia da por probada la existencia de abuso en la contratación de personal temporal, ya que durante años han ocupado plazas que no eran temporales, ni sus funciones provisionales, ni excepcionales, ni puntuales, sino ordinarias, estables y permanentes, por lo que son plazas estructurales y de plantilla.

La concatenación de sucesivos nombramientos de funcionario interino para ocupar una vacante, o la prolongación de un único nombramiento que no tiene fecha de conclusión, es un abuso de la contratación y contrario al Derecho de la UE, que no se resuelve con los mal llamados “procesos de estabilización” ni con los procesos selectivos.

La única alternativa que cumple con las condiciones establecidas en la sentencia, es decir, consolidar el empleo, sancionar la actuación de la Administración y resarcir a las personas que han sufrido el abuso, es una verdadera consolidación de las empleadas y empleados públicos en fraude de ley, por medio de una norma que declare el abuso y aplique la consolidación de las personas afectadas como sanción a los abusos cometidos o la convocatoria de un concurso extraordinario de méritos restringido a las personas abusadas.

El gobierno de Page está igualmente obligado a reducir las tasas de temporalidad en las plantillas de la Administración Regional, pero hasta ahora y como en tantas otras cosas relacionadas con el empleo público, no se ha dado por aludido, por lo que no descartamos que tengamos que movilizarnos.

Seguiremos la evolución de la propuesta realizada ante el Senado y en breve informaremos de las actuaciones que correspondan, sean individuales o colectivas.