Como un «paripé y una profunda decepción» ha definido el Director General de la Función Públicas, Pepe Narváez, la reunión que mantuvieron en el día de ayer con representantes del Ministerio de Administraciones Públicas, para intentar evitar la interposición de un recurso de inconstitucionalidad por la implantación de la jornada de 35 horas en C-LM.

De esta manera el Gobierno central, en funciones, parece dispuesto a seguir imponiendo a las autonomías el RD 20/2011, sin tan siquiera escuchar los argumentos que desde el gobierno de C-LM se ofrecen sobre la legalidad de la aplicación de las 35 horas, que básicamente consiste en que el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), en su artículo 47 regula que la jornada laboral de los empleados públicos la tiene que aprobar cada Administración pública.

El caso es que una vez pasado el 6 de marzo, fecha límite que tenía el Ministerio para presentar este recurso, el Gobierno central, tiene de plazo hasta el próximo 16 de septiembre para volver a presentarlo, decisión que no se tomará hasta después de la más que previsible repetición de elecciones generales.

Una posición del Ministerio que deja en una situación tremendamente comprometida al PP de C-LM, y a su presidenta, que tras la derrota electoral dijo textualmente que “si hubiese sido menos dura con los funcionarios ahora sería presidenta de Castilla-La Mancha”, lo que se ha traducido desde entonces en un ejercicio de cinismo del PP para aparecer como defensores de las empleadas y empleados públicos, tras una legislatura completa de recortes, desprecios y destrucción de la Función Pública, siendo precisamente C-LM la primera CC.AA en aplicar la jornada a 37,5 horas (y la única en aplicar el 3%), antes incluso de que lo aprobara Montoro, con el objetivo de suprimir centenares de plazas públicas.

Y claro, Ruiz Molina, que será muchas cosas pero de tonto no tiene un pelo, ha visto este conflicto con Montoro como un balón de oxigeno para justificar su mediocre política en materia de Función Pública, plagada de incumplimientos de las promesas electorales. De esta forma el Consejero ha lanzado sus dardos calificando la actitud del Gobierno en funciones como un «ataque político de torpedeo permanente» pidiendo a la presidenta del PP en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, que interceda en favor de los funcionarios de la región, afirmando que «ningún dirigente del PP ha movido ni un solo dedo». Una campaña que, conociendo la política de comunicación del Gobierno de Page, llevarán hasta el empacho.

Así pues, todo queda pendiente de la voluntad política del nuevo Gobierno central, que más que previsiblemente saldrá de unas nuevas elecciones, para las que el PP se vuelve a presentar como un enemigo de los servicios públicos, lanzando un claro mensaje para sus empleados y empleadas: Si quieres trabajar más y cobrar menos, ya sabes a quién tienes que votar.

¿Cómo están en el resto de CC.AA? (*)

Además de en C-LM la jornada de 35 horas ya se ha implantado para el personal público del Pais Vasco, mientras que en otras comunidades autónomas se incrementa la presión sobre sus respectivos Gobiernos para que sigan ese camino. Incluso el PP, partido que impuso el aumento horario desde el Gobierno central, se ha rebelado y ha pedido abiertamente su fin en Andalucía y Asturias.

Asturias

Hace pocos semanas, el PP de Asturias votó en la Junta General a favor una iniciativa de Podemos que pedía la vuelta a las 35 horas. El texto de la propuesta incluía palabras muy duras contra Montoro en su exposición de motivos, ya que mencionaba que las 37,5 horas se aprobaron de forma “antidemocrática” y con “el más absoluto desprecio por el derecho a la negociación colectiva”. El diputado regional del PP, Luis Venta, calificó esas palabras como “trampa para que su partido votase en contra” y justificó su apoyo a la medida en que su partido “defiende a los empleados públicos “como ningún otro”.

El PSOE, paradójicamente, votó en contra de la medida. La diputada socialista Margarita Vega lo justificó diciendo que el encargo de la Junta General sería imposible de cumplir, ya que “no hay presupuesto para ello”. Sin embargo, Vega obvió que el PSOE está en minoría en el Gobierno y que el Principado tiene las cuentas prorrogadas. Cualquier nuevo presupuesto o modificación de crédito para continuar con la prórroga necesita el apoyo de las fuerzas de la oposición. Si PP y Podemos consolidan su posicion en favor de las 35 horas, el Gobierno regional tendrá que aplicar la reducción.

Madrid

El Gobierno de la Comunidad de Madrid fue el primero, una semana antes que el asturiano, en tener un mandato de su parlamento regional para volver a las 35 horas semanales. La Asamblea de Madrid aprobó la propuesta presentada por el Grupo Parlamentario de Podemos, con el apoyo del PSOE y Ciudadanos, por la que se instaba al Gobierno a volver a las 35 horas semanales “como paso previo a la recuperación de los derechos perdidos de los profesionales”. El ejecutivo regional, del PP, aún no ha hecho acuse de recibo y se mantiene dentro de la línea oficial del partido. Sin embargo, depende de los votos de sus socios de Ciudadanos para que sus leyes salgan adelante.

Andalucía

En Andalucía sigue sin haber acuerdo, aunque el pasado marzo, durante una comisión parlamentaria en la que se debatía esta problemática a petición del PP, todos los grupos criticaron la norma estatal. Incluido el PP. Su portavoz de Sanidad, Catalina García, anunció su disposición de impulsar una petición de vuelta a las 35 horas. La Junta de Andalucía contaría, por tanto, con los votos de PP para revertir una situación que le está costando un duro enfrentamiento con sus trabajadores.

Extremadura

En Extremadura, la vuelta a las 35 horas es un compromiso del presidente regional, Guillermo Fernández Vara, adquirido durante la campaña electoral y que los sindicatos le recuerdan insistentemente. Fuentes del Gobierno regional y del ámbito negociador de los sindicatos explican que el Ejecutivo está a la espera de que haya un nuevo ejecutivo en Madrid y saber a qué atenerse, para evitar un posible recurso, como el que está en marcha contra Castillla-La Mancha.

Castilla y León

Hace tres años, poco después de que se aprobase el RD, Castilla y León solicitó formalmente al gobierno nacional la retirada de los impedimentos legales existentes para la recuperación de la jornada de 35 horas, si, a cambio, los funcionarios aceptaban una reducción salarial. Los sindicatos aún se lo recuerdan al presidente regional, Juan Vicente Herrera, (obviando la segunda parte) y piden la convocatoria urgente de una mesa de negociación para recuperar la jornada ‘pre-crisis’. Estiman que, de esta manera, se recuperarían unos 600 puestos de trabajo en el ámbito sanitario.

(*) información sacada de un artículo de Sergio López en http://www.redaccionmedica.com