COBERTURA DE VACANTES

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Economía y Hacienda, ha transmitido nuevas instrucciones para la cobertura de vacantes y sustituciones del personal laboral.

Así, la Delegación Provincial de Educación de Toledo establece que “a partir de este momento todas las solicitudes de cobertura de plazas de personal laboral por vacante o sustitución se deberán solicitar individualizadamente (si no se solicitan expresamente no se tramitará de oficio por parte de la Delegación Provincial), indicando detalladamente en cada caso los motivos que justifican la urgencia de la necesidad de cobertura, así como las cargas de trabajo que corresponden al puesto y que no pueden, en absoluto ser atendidos por otro personal.

            Igualmente se deberá indicar el número de alumnos del centro, el número de edificios, los horarios de apertura y cualquier otra circunstancia que se entienda pueda incidir en la necesidad de la cobertura.”

Es decir, la legislación sobre cobertura de vacantes sigue siendo la misma, pero la Junta ha decidido cambiar el criterio de aplicación de la misma, endureciendo y alargando los plazos y dejando la carga de la prueba, mediante abundante documentación, en manos de la dirección de los centros para que justifiquen la urgente necesidad. De esta forma, la Administración pretende ahorrarse unos euros a costa de los usuarios de los servicios públicos y del sacrificio del personal laboral que está al cargo de dichos servicios (muchos de ellos de atención directa). El personal laboral de la Junta se convierte así, una vez más, en el primer pagano de la Administración regional cuando las cosas vienen mal dadas.

Por otro lado y en la misma línea de agresión a nuestro colectivo, sabemos que la Administración pretende privatizar el servicio de comedor del IES San Isidro, en Talavera de la Reina. Aprovechando una reciente denuncia de la inspección de Sanidad que considera que dicho servicio no reúne las condiciones sanitarias mínimas y obliga a hacer una serie de reformas, la Delegación de Educación, en connivencia con la Dirección del Centro, ha decidido que una vez se cumpla el plazo de reforma (unos seis meses), el servicio se ponga en funcionamiento con  gestión privada. Esto viene unido al proceso ya consolidado de privatización del servicio de limpieza (en manos de Ferroser) que emplea a 118 trabajadoras (algunas con contratos de 2 horas) y que ejercen su labor (de forma exclusiva o parcial) en 54 centros educativos de la provincia de Toledo.

Desde STAS no podemos consentir que la respuesta de la Junta a una crisis que los trabajadores no hemos provocado empiece por endurecer las condiciones laborales del colectivo más débil de la administración, mientras nuestro Gobierno Regional con Barreda a la cabeza, inaugura un nuevo canal de Televisión Regional con cargo al erario público.