“Castilla-La Mancha reforzará su sistema público de discapacidad con 16 nuevos recursos y una apuesta decidida por la cualificación profesional”. Recientemente nos hemos topado con este titular. Y no es que no nos guste el contenido, nos gusta. De hecho, nos gusta hasta el continente: eso de “apuesta decidida”, hasta casi que nos traspasa. Pero claro, sabiendo lo que sabemos y estando donde estamos, no podemos sino darle contexto. Y es en base a tal saber, y a nuestra posición, que el gusto por el titular torna en sonrojo y en una insoportable necesidad de confrontarlo.

 

Contexto y confrontación

¿Os parecería coherente celebrar la ampliación de recursos mientras el acceso a esos mismos recursos permanece bloqueado para miles de personas por listas de espera que rozan los dos años? Pues en efecto, a nuestra Consejería de Bienestar Social, con su Consejera al frente, se le ha ocurrido la brillante idea de celebrar la puesta en marcha de nuevos recursos y plazas en la red pública (guiño al tercer sector) para personas con discapacidad. Y claro, nos vemos en la obligación, incluso moral, de manifestar públicamente nuestro firme rechazo a este ejercicio de autocomplacencia política que pretende trasladarse a la ciudadanía.

De modo, que nos resulta difícil de entender —y más aún de compartir— que se presuma de ampliación de recursos cuando el sistema de valoración del grado de discapacidad continúa colapsado en los Centros Base de la región. Las listas de espera, lejos de reducirse, siguen aumentando o, en el mejor de los casos, permanecen estancadas en tiempos que rondan los dos años para obtener una resolución. Esta situación vulnera claramente el plazo legalmente establecido y, lo que lleva aparejado es aún más grave, retrasa el acceso efectivo a derechos, prestaciones y servicios esenciales.
Sin reconocimiento no hay derecho efectivo. Y sin derecho efectivo no hay política social de la que pueda presumirse.

Sin reconocimiento oficial de la discapacidad no hay acceso a plazas, ayudas económicas, apoyos educativos, recursos laborales ni medidas de protección social. Ya conocemos la denodada apuesta de esta Consejería por el Tercer Sector, pero pretender presumir con esta noticia sabiendo cómo tienen el servicio público donde se dirime en último término la facultad de acceso a ciertos derechos, resulta cuando menos, sonrojante.

Podemos entender ese afán político de buscar foto y medallitas por doquier. Sabemos que el postureo político forma parte de la dinámica institucional, sea más o menos merecido. Pero en este caso concreto debería existir, insistimos, cuando menos, cierto pudor. Más aún, en este caso es que hasta un simple anuncio entendemos que debiera rozar el culmen de la discreción.

Cómo presumir del fortalecimiento del sistema mientras la base sobre la que reposa dicho sistema continúa desbordada, con plantillas insuficientes y profesionales sometidos a una sobrecarga estructural que repercute directamente en su propia salud y, lógicamente, en la calidad del servicio.

Como sindicato, nos interesa y nos preocupa defender al personal empleado público que sostiene estos centros con enorme esfuerzo y profesionalidad. Pero también nos interpela la maltrecha situación del servicio público en sí mismo.

 

Un paso decidido más

Llamamos la atención del Gobierno Regional y de la Consejería de Bienestar Social en particular, para que haga uso de sus competencias y asuma su responsabilidad política. Pedimos decisiones, planificación, dotación presupuestaria y refuerzo real. Las acciones hasta la fecha, aunque las valoramos positivamente, han resultado insuficientes y ya hay datos que apuntan en esta dirección. Pedimos compromiso. Es preciso dar un paso más.
Por ello, desde STAS exigimos:

— El refuerzo inmediato de los equipos de valoración, especialmente en aquellas provincias donde no se han producido incrementos efectivos de plantilla; atendiendo a la ratio habitantes/equipos de valoración (el caso de Ciudad Real es especialmente sangrante).

— El refuerzo del personal administrativo, cuya sobrecarga está ralentizando aún más la tramitación de expedientes y generando un embudo estructural que no puede seguir ignorándose. Adecuando el nivel y el complemento para quienes ya están atendiendo al público y aún no se les reconoce.

Proponemos también que estudien la posibilidad de una puesta en marcha de un plan específico y temporal, con dotación extraordinaria de personal público, destinado de manera decidida y evaluable a la reducción de las listas de espera. Por supuesto, dando por sentada la necesaria prórroga del programa temporal actualmente en marcha de terapeutas ocupacionales.

Demandamos, en suma, una garantía efectiva del derecho reconocido en la normativa vigente al propósito que nos ocupa. Si en efecto quieren hacer valer la igualdad de oportunidades y la plena participación de las personas con discapacidad en la sociedad, han de apostar de una vez por todas por la mejora y el blindaje de este servicio público esencial.

Reducir las listas de espera tras una apuesta decidida por ello, aun cuando es su obligación, sí podríamos aceptarlo como motivo de ostentación estética y comunicativa. Recordamos que es un asunto competencial político y les emplazamos a que hagan uso de sus atribuciones; es una cuestión de derechos y no pueden seguir esperando.

 

 

S T A S
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Gobierne quien gobierne

 

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