Hay algo profundamente enternecedor en ver a CCOO y UGT rasgarse ahora las vestiduras por la paralización de la jubilación parcial en las Administraciones Públicas. Según la nota difundida el pasado 27 de mayo, la culpa de todo la tiene la Secretaría de Estado de Seguridad Social que mantiene “secuestrado” un derecho de miles de personas trabajadoras. Una denuncia tan solemne como amnésica.
Porque conviene recordar un pequeño detalle que en su comunicado desaparece misteriosamente: fueron precisamente CCOO y UGT quienes firmaron con el Gobierno el acuerdo que dio cobertura a la reforma de la jubilación y que eliminó las condiciones que venían permitiendo el acceso efectivo a la jubilación parcial. Dicho acuerdo entró en vigor el 1 de abril del 2025 y, precisamente, lo que ha impedido el acceso a la jubilación es que dicho acuerdo exige que la persona relevista sea fija.
Ahora los mismos que ayudaron a cerrar la puerta se presentan como los principales defensores de quienes se quedaron fuera. Es como ver al cerrajero que cambió la cerradura aparecer semanas después ofreciendo llaves y denunciando que nadie puede entrar. Resulta difícil decidir si estamos ante un ejercicio de cinismo político o ante un caso de memoria extraordinariamente selectiva.
Desde el punto de vista jurídico, la situación actual no surge por generación espontánea ni por una súbita maldad administrativa. La reforma introdujo nuevos requisitos para los contratos de relevo y para el acceso a la jubilación parcial que, en la práctica, hicieron inviable su aplicación en buena parte de las Administraciones Públicas. Esa consecuencia era perfectamente previsible y fue advertida por numerosas organizaciones sindicales durante la negociación de las modificaciones normativas.
La nota de CCOO y UGT llega incluso a afirmar que existe una solución pactada desde hace meses y que no existe impedimento técnico ni jurídico para aprobarla. Puede ser cierto. Pero si la solución era tan sencilla, surge una pregunta inevitable: ¿por qué firmaron antes un acuerdo que generó precisamente el problema que ahora exigen resolver con carácter urgente?
La respuesta parece sencilla. Porque es mucho más cómodo aparecer como víctima de un bloqueo administrativo que asumir la propia responsabilidad política. Es más rentable encabezar las protestas contra las consecuencias que explicar quién ayudó a provocarlas.
Lo verdaderamente preocupante es que miles de trabajadores y trabajadoras de todas las Administraciones Públicas siguen esperando una solución mientras algunos intentan reescribir la historia reciente. Y la historia es tozuda: la jubilación parcial no desapareció por un accidente, ni por un error burocrático, ni por un problema técnico sobrevenido. Desapareció porque hubo decisiones políticas, acuerdos sindicales y firmas concretas que lo permitieron. Por eso, antes de exigir explicaciones al Gobierno, quizá CCOO y UGT deberían empezar por ofrecer algunas a las personas trabajadoras.
Porque reclamar la restitución de un derecho es legítimo. Haber contribuido a perderlo y presentarse después como su principal defensor ya pertenece al terreno de la tragicomedia sindical.
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