La resolución de 9 de febrero de 2026, aprobada por la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación, y dependiente de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, supone un nuevo golpe para las escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Lejos de atender una reivindicación histórica del sector —la reducción de unas ratios ya de por sí insostenibles para garantizar una educación de calidad y unas condiciones laborales dignas—, la Administración ha optado por incrementarlas aún más.
A petición de las Delegaciones Provinciales de Educación, Cultura y Deporte, se ha decidido ampliar el número de plazas escolares sin crear nuevos centros ni reforzar las plantillas. Es decir, con el mismo personal, en los mismos espacios y con los mismos recursos, aumentará el número de niños y niñas por aula.
Si la situación ya era gravosa con las ratios anteriores, las nuevas cifras resultan absolutamente inaceptables. Esta decisión demuestra que, para la Administración, la educación infantil se reduce a una cuestión de números, dejando en un segundo plano tanto el bienestar de los menores como la salud laboral de las trabajadoras y trabajadores.
Las profesionales de las escuelas infantiles no somos “guardaniños”. Somos educadoras y educadores que desarrollamos una labor pedagógica fundamental en una etapa clave del desarrollo. Sin embargo, las reformas realizadas hasta ahora no han resuelto las numerosas deficiencias existentes: aulas con humedades donde las y los menores deben descansar, con el consiguiente riesgo para su salud; patios inadecuados; espacios inseguros; y, además, carecemos de apoyos específicos para atender adecuadamente a niños y niñas con necesidades educativas especiales, así como del tiempo necesario para ofrecerles la atención individualizada que requieren.
En lugar de abordar estas carencias estructurales y dotar a los centros de los recursos humanos y materiales imprescindibles, la única medida adoptada ha sido aumentar las ratios. Una decisión que consideramos profundamente irresponsable y que pone en riesgo tanto la calidad educativa como la dignidad de quienes sostienen día a día las escuelas infantiles.
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