Prensa-Privatización Hospitalito del Rey.
Intersindical CLM suma ya 800 firmas contra privatización del Hospitalito Rey
Toledo, 4 oct (EFE).- La Intersindical de Castilla-La Mancha suma ya 800 firmas contra la privatización de la residencia de ancianos del conocido ‘Hospitalito’ del Rey, de Toledo, y quiere llegar a las 5.000 antes del próximo 1 de febrero, fecha inicialmente prevista para su reapertura tras cerrarse en noviembre del 2005.
Junto a la recogida de firmas, iniciada el 16 de septiembre último, y según ha puesto de manifiesto en rueda de prensa Inés Cabezudo, miembro de la Comisión Paritaria del personal laboral de la Junta, también se creará una Plataforma de apoyo y se informará los días 23 de octubre y 30 de noviembre a los que opositen a las categorías de limpieza y ordenanza de la administración.
Con esto, según Cabezudo, se pretende presionar a la Junta para que respete el acuerdo marco, que firmó el delegado provincial de Bienestar Social, Tomás Villarrubia, con fecha 6 de abril del 2005, por el que se respetarían los puestos públicos de trabajo -entonces 48, los que ahora se «eliminarían de un plumazo»- y que su traslado por las obras tendrían un carácter temporal.
Ha señalado que los servicios jurídicos de la Intersindical estudian «como meter mano» al incumplimiento por parte de la Junta a la defensa de los, presumibles, actuales 60 puestos de trabajo, de los cuales, ha denunciado Cabezudo, sólo unos cinco serían públicos.
En este sentido, Gustavo Fabra, miembro del secretario regional de la Intersindical, ha reforzado que la Junta «tiene que cumplir su compromiso» y que le puede «costar muy caro» si no da marcha atrás en su proceso de privatización.
«Vamos a llegar hasta el final. O rectifica (la Junta), cumple su palabra o el 1 de febrero habrá cientos de trabajadores protestando y llamándoles privatizadores en lo que pretenderán convertir en gran reinauguración como apuesta por los servicios sociales», ha dicho.
Ha dejado claro que la campaña de denuncia y movilización, «mesa a mesa», ha tenido una enorme aceptación al sumarse el 80-85 por ciento lo que, según Fabra, «es el mejor símbolo en la defensa del estado del bienestar».
Fabra ha recordado que, en sus demandas, únicamente se defiende «un servicio de calidad y un empleo estable» y se pelea «contra las empresas privadas que lo único que pretenden es obtener beneficios económicos» y «contra la impunidad de una clase política que se compromete públicamente a hacer una cosa y luego hace la contrario».
«Exigimos que la Junta cumpla con lo que se comprometió en el 2005», ha planteado Fabra, quien ha concluido que los argumentos en los que se basa para su privatización son evitar el absentismo laboral «que nos parece una temeridad» y que no hay más presupuesto, «porque la Junta está arruinada y no busca ninguna solución», salvo «debilitar el sector público y favorecer el privado». EFE
