“Uno de los principales problemas de la humanidad es que tenemos tecnología de dioses,
instituciones medievales y mentes paleolíticas”
Edward O. Wilson

 

 

Nos preguntamos, a juzgar por las dificultades para que te lo autoricen y/o renueven (eso sí, dependiendo de quién seas o dónde esté ubicada tu plaza), si quienes tienen que autorizarlo piensan que teletrabajar consiste en quedarse en casa y trabajar con la ayuda de un cachivache que teclea ininterrumpidamente una tecla de un PC a lo Homer Simpson.

O puede que haya que acudir al refranero español: “se cree el ladrón que todos son de su condición”. Quizá, a partir de la imagen que proyectan de sí mismas/os en esa modalidad de trabajo presuponen que el resto del personal hará lo mismo.

Pero vamos a pensar bien. Vamos a confiar en que les preocupan los servicios públicos y consideran que esta modalidad los puede, de alguna forma, mermar. Y es en consideración de esta posible sincera preocupación, derivada de sus atribuciones y responsabilidades, que optamos por tranquilizarles esgrimiendo unos cuantos argumentos, desmontando mitos, señalando desigualdades y reflejando algún que otro dato (por cierto, ¿en la inefable Oficina del Dato tendrán Teletrabajo?). Vamos a ello, pero antes esbozaremos una breve síntesis de la comisión de seguimiento del pasado 6 de octubre.

 

Comisión de seguimiento de teletrabajo: ese inquietante espacio entre el informe de la administración y la realidad que nos traslada el personal

El malestar generalizado que nos llega a través de nuestra acción sindical contrasta con el diagnóstico del informe presentado por la Administración y con la defensa que esta hizo del mismo en la Mesa de Seguimiento del Teletrabajo. Por eso, trasladamos las quejas que recibimos subrayando la indignación, hartazgo y sensación de estafa que nos habéis hecho llegar. Reclamamos criterios homogéneos, transparencia, agilidad en la tramitación y resoluciones debidamente motivadas. No basta con citar un artículo del Decreto: hay que explicar las razones concretas por las que se deniega una solicitud.

También, entre otras, reclamamos: identificar los puestos susceptibles de teletrabajo en la RPT, cumplir los plazos de resolución, simplificar las prórrogas, incluir en el informe los procedimientos pendientes de resolución… y denunciamos las “consignas previas” en algunas Consejerías destinadas a limitar injustificadamente el porcentaje de teletrabajo.

Además, planteamos modificaciones puntuales y perfectamente plausibles del Decreto: permitir que las tardes obligatorias puedan realizarse en teletrabajo, aumentar hasta un 60% máximo de la jornada y eliminar la obligación de esperar otros seis meses para solicitarlo cuando, tras finalizar una comisión de servicios, se regresa a un puesto en el que ya se había permanecido más de seis meses.

 

¿Y qué respondió la Administración?

• Sobre las reclamaciones: que el personal defienda sus derechos, acudiendo, si es necesario, a la vía contencioso-administrativa. Si no existe resolución expresa, que solicite el certificado acreditativo del silencio administrativo desestimatorio. Sí que se comprometió a exigir resoluciones denegatorias debidamente motivadas.
• Sobre la digitalización: reconoció que todavía queda mucho por avanzar en este sentido.
• Sobre los mejores datos de teletrabajo en otras administraciones: el DGFP aprovechó para cargar contra la AGE, poniendo como ejemplo el supuesto desastre del SEPE y de la Seguridad Social y las numerosas quejas por la deficiente atención de su personal.
• Sobre los criterios de autorización: para nuestra sorpresa, consideran adecuado que algunas delegaciones establezcan como norma general un día de teletrabajo, sin atender a las particularidades de cada servicio.
• Sobre las restricciones: también consideran aceptable limitar los días en los que se puede teletrabajar, incluso cuando no se ofrecen razones que justifiquen esas limitaciones.
• Sobre la desigualdad dependiendo de dónde esté ubicada tu plaza: silencio.
• Sobre las modificaciones del Decreto: un movimiento oscilatorio de la cabeza de izquierda a derecha.

Y respecto de las denegaciones verbales que disuaden al personal de formalizar la solicitud de teletrabajo, pues ni caso, hay que solicitarlo formalmente. Quien tenga interés y en efecto ocupe una plaza cuyas funciones permitan este régimen, aunque verbalmente os digan que no: ¡PEDIDLO!

 

Ahondemos algo más en la cuestión. ¿Qué opina el Gobierno Regional?

Venga, comenzamos los argumentos por todo lo alto. Y para ello, como no podría ser de otra forma, vamos a acudir a su opinión legislativa (no seáis mal pensados/as que seguro que la opinión personal de cada uno/a de sus integrantes concuerda con la opinión legislativa, ¿ahora el ladrón del refrán somos nosotras?).

Bien, pues el Gobierno Regional habló en forma de Decreto en el año 2021, aún con la experiencia muy reciente de los estragos de la pandemia. El Decreto 65/2021 nació con la voluntad de modernizar la Administración, mejorar la conciliación, favorecer una organización más eficiente y aprovechar las posibilidades de las nuevas tecnologías. A estas ventajas se suman otras evidentes como su “contribución al desarrollo de la administración digital, a la sostenibilidad ambiental o al reto demográfico (tal vez son tan reticentes porque piensan, respecto de esta última ventaja, que además de por la despoblación en el medio rural ¿podría ser porque teletrabajando en casa se puede aprovechar el desayuno para fo***r?) Vale, vale, paramos ya de imaginar;).

Durante el debate de la mesa expusimos estas bondades, incidiendo en que hoy por hoy además de respecto la huella de carbono, el teletrabajo puede suponer un salario indirecto nada desdeñable en ahorro de combustible.

 

¿La presencialidad es un fiable indicador de productividad?

Creemos que a estas alturas enarbolar la bandera de la presencialidad debiera causar incluso hasta cierto rubor. La presencialidad no es sinónimo de productividad (o buen desempeño en el servicio público correspondiente), como tampoco el teletrabajo implica trabajar menos o desatender a la ciudadanía. Es más, la propia normativa contempla planificación, seguimiento y evaluación. La autorización no es irrevocable: existen mecanismos para supervisar el cumplimiento y revisar o revocar las condiciones cuando corresponda.

Y siguiendo con la presencialidad, tampoco las jefaturas, coordinaciones, inspecciones y otros puestos de responsabilidad deberían quedar excluidos automáticamente. El propio Decreto contempla excepciones que deben valorarse atendiendo a las funciones efectivas y a si estas requieren real e irrenunciablemente presencialidad. Tener responsabilidades no significa que todas las tareas deban realizarse desde un despacho.

 

¿Acaso hay clases en esta administración? Y datos que hablan por sí solos

Lo que no resulta admisible es que el lugar de trabajo o el criterio de cada responsable terminen determinando oportunidades distintas para personas que desarrollan funciones similares. No puede haber personal de primera, de segunda y hasta de tercera en el acceso a una modalidad de trabajo regulada por la propia Administración.

Para empezar, el dato más importante y llamativo: SOLO el 10,84 % del personal funcionario activo teletrabaja. El informe de Función Pública destaca el aumento del número de personas año tras año, pero la realidad es que aún seguimos con una implantación muy muy reducida. Si quitamos al personal de la Agencia de Transformación Digital en teletrabajo, 293, el porcentaje se reduce considerablemente.

Y si, además, comparamos con la AGE, el personal con teletrabajo es del 54,57%. Incluso dentro del sector privado el porcentaje se sitúa ya en torno al 15%.

Nos preguntamos entonces ¿por qué después de 5 años solamente el 10,84% tiene autorizado teletrabajo? Teniendo en cuenta que un grueso importante de este porcentaje se concentra en SSCC. Las respuestas que hemos compartido más arriba se podrían sintetizar en que sigue sin haber cultura de modernización tecnológica en esta Administración. Eso, o que la época victoriana pervive en el ADN de nuestros/as mandamases.

 

¿Los servicios públicos se resienten con esta modalidad?

La defensa del teletrabajo no es una defensa de la comodidad individual frente al interés general. Somos perfectamente conscientes de que es una propuesta de organización del trabajo que debe compatibilizar las necesidades de las personas empleadas públicas con la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía.

Hay puestos y tareas que requieren presencia física, atención directa o intervención inmediata. En esos casos, la presencialidad debe garantizarse, por supuesto. Pero también hay muchas funciones administrativas, técnicas y de gestión que pueden desarrollarse a distancia sin perjudicar la atención ni la calidad del trabajo.

Entendemos que no son tareas sencillas las de organizar los equipos, planificar las tareas, distribuir adecuadamente la atención presencial y evaluar los resultados. Y que posiblemente habría que darle una vuelta a la sobrecarga que se deposita en los puestos encargados de tales desempeños; jefaturas de servicio, responsables, direcciones… Lo que también entendemos como fuera de toda duda es que no es de recibo acudir a la imposición de la presencialidad indiscriminada como solución universal.

 

Barómetro STAS y en definitiva…

El caso es que cinco años después de la entrada en vigor del Decreto que regula el Teletrabajo en nuestra región, son demasiadas las ventajosas promesas que siguen sin materializarse. Nuestra encuesta lo confirma: os contamos que el teletrabajo ha sido uno de los asuntos con respuestas más unánimes y que más comentarios críticos ha suscitado. Y no solo por las dificultades de acceso, sino también por las diferencias entre Servicios Centrales y Delegaciones Provinciales, en favor de los primeros.

El malestar expresado por las personas empleadas públicas exige respuestas, criterios transparentes y una revisión de las prácticas que están dificultando el acceso al teletrabajo. Desde STAS-CLM seguiremos exigiendo criterios objetivos, transparentes y homogéneos; una valoración real de las funciones de cada puesto y una organización que garantice los servicios públicos sin convertir la presencialidad en una obligación indiscriminada.

En definitiva, queremos (e incluso necesitamos) una Administración ajustada al siglo en el que estamos. Y eso, a pesar de que la Edad de Oro en STAS nos mola ;). Pero a lo que vamos, una última pregunta que lanzamos a nuestro ínclito Director de la Función Pública de la JCCM, ¿acaso piensa que modernizar la Administración puede consistir en aprobar un Decreto y olvidarse de gran parte de él? Y, otra pregunta que nos hacemos, ¿qué será de los altos cargos y el teletrabajo; directores/as generales y eventuales con niveles del Olimpo? ¿Dispondrán de este régimen de trabajo?

 

 

S T A S
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