QUE TU SALUD LABORAL NO PAGUE LA CRISIS

La salud laboral de las personas que trabajan no puede pagar los efectos de la precariedad creciente que se está produciendo con motivo de la crisis económica y financiera. El actual modelo económico global ha demostrado su incapacidad para generar justicia social global y distribución equilibrada global de los recursos.

Tener o no trabajo y en qué condiciones realizarlo determina que el trabajo genere salud o provoque enfermedad. Porque el trabajo nunca es neutral, debemos pensar cuál debe ser el objetivo a perseguir, la salud de las personas trabajadoras o el desmesurado enriquecimiento económico

El número de personas paradas, la incertidumbre en el puesto de trabajo, las tasas de temporalidad, las políticas desreguladoras, la excesiva subcontratación y el trabajo sumergido, entre otros, vienen siendo factores que sitúan la tasa de precariedad laboral en el estado español como la más alta de los estados europeos.

La precariedad afecta a la salud de todas las personas que trabajan bajo sus efectos, al rebajarse los estándares de seguridad y salud laboral de los puestos en precario, exponiendo a un número muy alto de personas ante los riesgos laborales y la siniestralidad. En especial a algunos colectivos particularmente sensibles y desprotegidos. Mujeres con más trabajos precarios que hombres. Inmigrantes que trabajan con escasa protección de su salud laboral si no en situaciones de clara explotación o de trabajo sumergido. Parados mayores con difícil reubicación laboral.

Jóvenes con contratos temporales que ven dificultada su emancipación, el acceso a la vivienda y la construcción de proyectos vitales.

La inestabilidad laboral que acarrea el trabajo en precario conduce a una progresiva precariedad social en las personas trabajadoras que miran el futuro con incertidumbre enfrentando más trastornos de salud (mayor morbilidad, más mortalidad por patologías cardiovasculares) y desequilibrios de tipo social (sentimientos de inferioridad, exclusión), familiar (pérdidas de confianza en sí mismo, rupturas, inestabilidad), psicológico (desestabilización emocional, ansiedad, depresión, peor salud mental) y personal (estilos de vida insanos) que las personas que tienen un trabajo estable.

No pueden existir diferentes niveles de protección en la seguridad y la salud entre las personas trabajadoras en función de la estabilidad de su empleo, porque la salud laboral no puede ser moneda de trueque, ni siquiera en tiempos de crisis económica.

Desde la Confederación Intersindical creemos que son necesarias medidas que aseguren la calidad en el empleo y la seguridad y salud laboral para las personas que trabajan.

Denunciar la precariedad como forma inaceptable de contratación laboral e incompatible con estándares admisibles de seguridad y salud laborales.

Cumplimiento de la LPRL y la legislación laboral de riesgos laborales. Aumento de los niveles de control e inspección en la Administración y las Empresas con el objetivo de lograr situaciones laborales sanas, dignas y seguras.

Establecer políticas de empleos estables y salarios dignos. Incorporación de criterios contra la precariedad en los convenios colectivos. Eliminar las subcontrataciones que suponen riesgos en la seguridad y salud de las personas que trabajan.

Evaluación y prevención de los riesgos laborales como principio para empezar a asegurar condiciones dignas y saludables de trabajo.

Adopción de medidas en el mercado laboral que se opongan a la flexibilidad laboral y la desregulación del mercado de trabajo, que luchen contra la descohesión social que acarrea la precariedad laboral, las condiciones de trabajo insalubres y que eviten situaciones de violencia laboral o de género en el trabajo.

Exigencia de cambios en la organización del trabajo. Que se anteponga el bienestar de las personas que trabajan, su seguridad física y psicológica frente a la explotación, el abuso, la especulación y el enriquecimiento económico.

Potenciación en la Administración y las Empresas de Observatorios que analicen y supervisen las condiciones en cómo se desarrolla el trabajo y su influencia sobre la salud laboral de las personas que trabajan. Establecimiento de indicadores de precariedad en los contextos laborales.

Establecimiento de colaboraciones entre la Administración Laboral y la Sanitaria para asegurar la protección de la salud laboral de las personas que trabajan. Refuerzo del servicio público sanitario para que llegue a ser proporcional al número de personas trabajadoras y no se vea limitado por el aumento de la población.

Seguimiento y evaluación de la evolución de las Enfermedades Profesionales. Modificaciones en la Ley de la Seguridad con el fin de reconocer como enfermedad profesional aquéllas relacionadas con el trabajo.

Establecimiento de programas específicos para la protección de los colectivos en riesgo que impidan su trabajo en precario. Evaluación de esos programas para comprobar su efectividad.

Desarrollo del principio de igualdad entre los sexos en la promoción de la salud y enfoque específico de género en el tratamiento de problemas de seguridad y salud laboral.

Rechazo a la reforma de la Ley de Extranjería que refuerza la supeditación a las leyes del mercado laboral y no contempla a las personas inmigrantes como personas con derechos. Luchar contra los brotes de xenofobia y la permisividad con que se trata, así como con el uso electoralista de la inmigración. Acceso a la ciudadanía y derecho a la reagrupación familiar de las personas inmigrantes.