Pese a ser funcionaria de carrera de la Junta, Aurelia Sánchez ha destacado por comportarse como una feroz enemiga de la gestión pública, apostando por un modelo de gestión de los servicios sociales caritativo y clientelar, bañando con dinero público a sus entidades amigas del tercer sector y a empresas de todo tipo y pelaje, incluidos fondos buitres en residencias de mayores. Pero la situación se ha vuelto insostenible tras el reciente tijeretazo al Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS), que deja tiradas a miles de familias en situación de pobreza y exclusión en nuestra región, en plena segunda ola de la pandemia y bajo una crisis económica devastadora, a la espera de que se implante el Ingreso Mínimo Vital (IMV), aprobado a nivel nacional pero que va con un atraso tremendo. La lamentable gestión comunicativa del recorte, ocultando datos y mintiendo vergonzosamente, ha mostrado a Aurelia Sánchez como una Consejera fría, sin alma, y que no es capaz de defender en el Consejo de Gobierno los intereses de las personas más desfavorecidas, las sin voz, los nadies, frente a las derivas insolidarias y ultraliberales del presidente Emiliano García-Ayuso.
Martes y 13 en el DOCM
Como dice el refrán popular: martes y 13, ni te cases ni te embarques… ni publiques mierdas en el DOCM. Y eso fue precisamente lo que ocurrió el pasado martes 13 de octubre de 2020, cuando el Diario Oficial publicó una Resolución de la Consejería de Bienestar Social con uno de los mayores recortes en la historia de los servicios sociales de nuestra región, al dejar sin efecto parte de la convocatoria del Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS), no admitiendo nuevas solicitudes y archivando las que se han presentado en 2020 y están sin resolver, es decir, TODAS. En números, pese al bochornoso oscurantismo de la consejería que se niega a dar la cifra exacta, podemos decir con seguridad que son más de 1.000 solicitudes de IMS las que se archivarán en toda la región, y podemos aventurar que la cifra exacta está entre 1.200 y 1.600 familias a las que la Consejería de Bienestar Social deja abandonadas a su suerte, indicándoles que tienen que iniciar la tramitación para el IMV, después de haber presentado todos los papeles y de tener informes favorables de las y los profesionales de los servicios sociales básicos para el IMS.
Se veía venir
Los tijeretazos no son nuevos en el Ingreso Mínimo de Solidaridad y en las Ayudas de Emergencia Social, comenzaron justo después de las elecciones regionales de mayo del 19. Todo un clásico: prometer hasta votar y una vez elegido, olvidar lo prometido. Sobre todo si consiguen su ansiada mayoría absoluta.
El pasado 9 de marzo, justo antes del confinamiento y de que todo empeorara dramáticamente para miles de familias, 250 profesionales de Atención Primaria (antes llamados Básicos) del Sistema Público de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha hacían público un escrito para expresar su “perplejidad e indignación por la situación de las prestaciones económicas y de algunos de los servicios más básicos con los que históricamente hemos contado para ayudar a la población de nuestros municipios”. Queriendo “llamar la atención sobre el progresivo deterioro y desmantelamiento del Sistema Público de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha”.
El escrito denunciaba que las convocatorias del Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS) y de las Ayudas de Emergencia Social (AES) para este año contenían “un recorte del 42% en el caso de las AES (de 5.662.920 euros en 2019 a 3.287.920 euros en 2020) y del 13% en el caso del IMS (de 15.411.600 euros en 2019 a 13.411.600 euros en 2020).” Y advertían, “Desde la Consejería de Bienestar Social se están aplicando nuevos criterios para la valoración de las solicitudes de AES endureciendo el acceso a las mismas. La intención parece clara: serán menos las familias que reciban este apoyo en 2020 y, si lo reciben, será en cuantías más pequeñas”.
¡Clavao! Llevamos un año sin que se conceda un nuevo IMS y desde marzo sin concederse Ayudas de Emergencia Social, enviando a la gente a Cáritas o a Cruz Roja. En plena pandemia, y con bastante tufo propagandístico, la Consejería puso en marcha las ayudas de emergencia social COVID. Unas ayudas que se iban a resolver en quince días, sin reforzar las plantillas, y que seis meses después se siguen tramitando, con más de 10.000 solicitudes pendientes de resolución, y con un atasco monumental en las delegaciones provinciales.
Dignidad profesional
Nada más publicarse el tijeretazo, las críticas de los colectivos profesionales no se hicieron esperar, y sacaron comunicados criticando la medida. La respuesta de la Consejera fue para enmarcar. A preguntas de los medios, Aurelia Sánchez afirmó que la Administración regional “no tiene conocimiento de que en la comunidad autónoma haya familias que no estén cobrando ni el Ingreso Mínimo Vital del Gobierno de España ni el Ingreso Mínimo de Solidaridad”. Todo esto, después de hacerse público esa misma semana, que de las 36.934 solicitudes para el IMV en nuestra región, solo se han abonado 417 peticiones, según ha informado el Ministerio.
La Plataforma por los Servicios Sociales Públicos de CLM (PSSP),emitió un comunicado el pasado viernes, en el que considera las declaraciones de la consejera “cuando menos, irresponsables”. La Plataforma pide a Aurelia Sánchez que cuente la verdad de la situación de los Servicios Sociales de Atención Primaria, “la dignidad de las y los profesionales y de las personas que acuden a nuestros centros para ejercer sus derechos no soporta tantas mentiras y manipulaciones”. Abriendo la posibilidad de organizar “movilizaciones para detener el deterioro progresivo del Sistema Público de Servicios Sociales en Castilla-La Mancha”.Todo nuestro apoyo, allí estaremos.
Trampantojo político
Emiliano García-Page es un trampantojo político, y lo demostró nuevamente en el debate sobre el Estado de la Región. Parece de izquierdas: «aquí no va a haber recortes”, pero cuando lo pruebas, es de derechas; “me entiendo mejor con Génova y con Feijoo que con mi partido. Se lo digo con una claridad meridiana, se lo digo sin que me expulsen (del PSOE), aunque no será por falta de ganas”.
Tenemos un presidente desbocado hacia la derecha y una Consejera desconectada de la realidad, que lo mejor que podría hacer es dimitir y volver a su plaza en la delegación provincial, para que tenga que mirar a la cara a personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y tenga que explicarles que no, que no tiene posibilidad de gestionar recursos que puedan mejorar un poco su vida porque ya no existen en nuestra Comunidad Autónoma. Sería, además, una buena oportunidad de volver a la profesionalidad de la que tanto alardeaba cuando tomó posesión.
Como no lo hará, y no tenemos a nadie que nos represente en el Consejo de Gobierno, solo una respuesta masiva y contundente desde la base puede detener esta deriva de recortes y privatizaciones. Más vale que lo hagamos rápido y más vale que funcione, porque si no, ¿sabéis lo siguiente que tienen pensado?; “un contrato social para el reparto de los 4.000 millones de los fondos de europeos, en la operación de iniciativa público-privada más importante de la historia. Para cambiar las cosas, al menos, con la perspectiva de dos generaciones”. Puedes echarte a temblar, o puedes ponerte a luchar; por ti, por tus hijos/as y por tus nietos/as.
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