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En una nota de prensa emitida hoy, la Intersindical de Castilla-La Mancha recuerda que vienen denunciando «desde hace tiempo la política de privatización y externalización de los Servicios Públicos que la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha» Una política que, aseguran, «viene llevando a cabo desde hace años en la región y que se va consolidando de forma paulatina con el proceso continuado de renovación de adjudicaciones de distintos servicios públicos a diferentes empresas privadas o a un entramado de empresas públicas creadas por la Junta para su gestión». Según sus cálculos, «esto ha supuesto, en el ámbito de las Administraciones Públicas, un desembolso de aproximadamente 45.000.000 de euros en el periodo comprendido entre los años 2008 y 2009».
Datos recogidos por I-CLM indican que, a fecha de Diciembre de 2009:
● Los servicios más privatizados son los de limpieza y mantenimiento de edificios públicos, seguidos de servicios de cocina, comedores y lavandería.
● La Consejería que se lleva la palma en este sentido es la de Educación y Ciencia, seguida por la de Agricultura y Salud y Bienestar Social.
● Las provincias más afectadas por esta “externalización de los servicios” (así lo llaman los responsables de la Administración) son las de Albacete, Toledo y Guadalajara, seguidas de cerca por Cuenca y Ciudad Real.
● Las empresas más beneficiadas en número de adjudicaciones son:
Mantenimiento de edificios: Ferrovial Servicios SA. y Servicios Integrales Toledo SL.
Limpieza: CLECE SA. FISSA SL. y Limpiezas Gredos SA.
Los datos económicos- señalan desde la Intersindical- indican asimismo que el desembolso principal lo ostenta la Consejería de Salud y Bienestar Social con 22.214.000 Euros, seguida de Educación y Ciencia con un desembolso de 4.599.000 Euros, a los que hay que añadir los 8.000.000 de la cesión de la gestión informática y los servicios complementarios de apoyo a la actividad educativa. El tercer puesto lo ocupa Administraciones Públicas con un desembolso de 8.230.000 Euros.
En I-CLM dicen estar «seguros de que la opacidad de la gestión privada suele ser el mejor caldo de cultivo para la corrupción y el tráfico de influencias y suele traducirse en reducción de calidad, aumento de precios, precariedad laboral y destrucción del medio ambiente» por lo que quieren mostrar su «rechazo» ante esta situación que según sostienen, acarrea «consecuencias negativas para los trabajadoresy trabajadoras, tales como ofertas de empleo público cada vez con menos plazas, limitación del derecho de movilidad al haber cada vez menos plazas a cubrir por parte de la Administración y, en definitiva, pérdida de derechos laborales».
Desde I-CLM anuncian que seguirán denunciando públicamente «esta política que solo trae consigo un detrimento de la calidad del servicio que se ofrece al ciudadano, destruyendo poco a poco uno de los puntales del Estado de Bienestar que toda buena Administración debería defender y que persigue la destrucción del empleo público, recortando continuamente los derechos y salarios de los trabajadores en beneficio de la empresa privada».
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