¿QUIÉN TAPONA LAS 35 HORAS?
¿QUIÉN TAPONA LAS 35 HORAS?
La jornada de trabajo de 35 horas en el sector público ha tenido, históricamente, sus defensores y sus detractores. Hasta hace unos años sabíamos con claridad quien estaba, en el ámbito político, en una u otra posición, simplemente, escuchando sus argumentos y observando sus actuaciones.
Los argumentos de ambos también estaban claros, se evidenciaban dos apuestas confrontadas respecto a lo Público y muy en concreto respecto a la creación de empleo estable, de calidad y con derechos o su reducción en todos los sentidos. Lo Público y la jornada de 35 horas de su personal, servían de banderas que se enarbolaban en defensa de unos servicios públicos de calidad y generadores de empleo o, en su contra, en defensa de un sector público reducido, sin derechos y gestionado por el sector privado.
Gobiernos regionales, entre los que se encuentran, por ejemplo, los del PSOE de Andalucía y Extremadura, aplicaron en su ámbito y para su personal la jornada de 35 horas y cuando el gobierno de Rajoy, abusando de los privilegios que le otorga el sistema judicial, impugnó ante el tribunal constitucional y suspendió la aplicación de la reducción de la jornada, estos gobiernos coherentes con los compromisos adquiridos negociaron fórmulas vinculadas con la flexibilización de la jornada, reducción de la jornada presencial, formación o trabajo “on line”, etc. que en la práctica supone una jornada de 35 horas y la creación de empleo.
El gobierno de Page, tuvo el gesto, pero se quedó en eso, en un gesto, y se recuperó, en el sector público regional, la jornada de 35 horas semanales desde enero del 2016 hasta mayo de ese mismo año, momento en el que el gobierno de Rajoy recurrió la norma castellano-manchega y se volvió a incrementar la jornada a las 37,5 horas. Al contrario que sus colegas de otros gobiernos regionales, el gobierno de Page negó la posibilidad de buscar una aplicación de la reducción de la jornada con las fórmulas que, transitoriamente y con éxito se están aplicando en las Comunidades Autónomas de Extremadura o Andalucía, por ejemplo.
El agonizante gobierno de Rajoy acordó con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF la posibilidad de que en ámbitos regionales se negociase la aplicación de la jornada de 35 horas, pero condicionada al cumplimiento de los objetivos en materia de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto por parte de la Administración implicada. (Papel mojado para Castilla La Mancha al incumplir estos objetivos)
El gobierno de Page sigue sin dar señales de vida respecto a la recuperación de la jornada de 35 horas y sin atender la demanda de Intersindical de su recuperación inmediata, sin formar parte de trueque en negociación alguna y sin condicionarse a otras circunstancias. Cuando los sindicatos firmantes del acuerdo, con el ministro Montoro, de la recuperación condicionada de la jornada, piden al gobierno de Page su aplicación, el propio consejero de Hacienda y AAPP, Ruiz Molina, les contesta que el PSOE presentará una enmienda a los PGE 2018 para desvincular la aplicación de la jornada de 35 horas del cumplimiento de los objetivos de déficit, ya que duda que se alcancen.
Mientras que unos y otros marean con las 35 horas, éstas siguen sin aplicarse, las empleadas y empleados públicos castellano-manchegos siguen con la jornada ampliada y sigue sin generarse empleo público, pero la moción de censura al gobierno del corrupto PP de Rajoy, aparentemente genera un cambio en este asunto.
El gobierno de Pedro Sánchez, entre otros cambios, propone un Pacto de Rentas con subida de salarios y que contiene, entre otras, esta propuesta: “En el sector público también es un elemento decisivo la mejora de las condiciones laborales por lo que somos partidarios de contemplar medidas alternativas a las puramente salariales, entre otras la generalización de la implantación de las 35 horas semanales sin disminución de las retribuciones económicas, recuperando en primer lugar el cómputo de jornada máxima existente antes de los recortes de 2012.”
En este agitar de banderas, ahora el PP de Castilla-La Mancha, el que suprimió las 35 horas, el que impidió su recuperación, el que decía que las empleadas y empleados públicos son unos privilegiados que parasitan a la sociedad, ese mismo, presenta una proposición no de ley (una recomendación o propuesta al gobierno regional) para que se implante “de inmediato” la jornada de 35 horas para el personal de la Junta de Comunidades. Es evidente que la única pretensión del PP es utilizar, una vez más, lo Público como arma arrojadiza y provocar una votación en las cortes regionales, en la que puede quedar en minoría el PSOE. Sus actuaciones anteriores y la poca seriedad y rigor del texto presentado no les da credibilidad alguna.
Page es el que tiene más fácil demostrar su verdadera intención sobre la implantación de la jornada de 35 horas en el sector público. El camino está abierto, ya lo han emprendido con éxito otros gobiernos, y ahora se suaviza, más si cabe, con un presidente del gobierno central favorable a dicha implantación. Si el gobierno de Page no aplica de inmediato las 35 horas le va a ser muy difícil explicar este golpe bajo y traición al sector público, sus propios compromisos y al gobierno de Pedro Sánchez.
