La sanidad y la educación públicas siguen en el punto de mira de los recortes de la presidenta de Castilla-La Mancha y número dos del PP, María Dolores de Cospedal. Después de suprimir una veintena de servicios de urgencias nocturnos en la comunidad autónoma, o de tratar de sustituir a profesores interinos por becarios que no cobran, ahora, la administración regional está decidida a poner en cuestión la estabilidad laboral de los docentes que tienen una plaza fija en el sistema de enseñanza castellano manchego.

El Gobierno de Cospedal ha decidido que al menos 500 profesores de educación primaria que tienen una plaza fija tras haber superado en su día una oposición pública pierdan a partir del próximo curso el destino definitivo que les había sido asignado en los centros públicos de la región en los que trabajan. A través de una orden del 25 de enero hecha pública en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (ver PDF) el pasado viernes, la Consejería decreta la supresión de esas cientos de plazas que también afectarán a los colegios rurales agrupados y a los centros de educación especial.

De esta manera, esos docentes suprimidos pierden su destino definitivo y están obligados a concursar hasta obtener uno nuevo en otro centro de la comunidad. Y si bien esos profesores tienen derecho preferente en el concurso durante seis años, una vez que transcurra ese periodo la administración les puede adjudicar de oficio en cualquier colegio de la región, una de las más extensas del país. Mientras tanto, si en el centro original no hubiese trabajo suficiente para ellos, podrían ser desplazados del mismo.

Desaparición progresiva de puestos de trabajo

La Consejería de Educación castellano manchega ha publicado, además, otra orden (ver PDF) por la que acuerda la amortización de más de un millar de plazas de docentes de la enseñanza secundaria, lo que en la práctica supondrá un nuevo adelgazamiento de la plantilla de profesores del servicio público de educación de Castilla-La Mancha. El texto afecta a los cuerpos de catedráticos y profesores de enseñanza secundaria, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos y profesores de las escuelas oficiales de idiomas, profesores de música y artes escénicas, así como a catedráticos, profesores y maestros de taller de artes plásticas y diseño.

La amortización supone que cuando el profesor que ocupa una plaza fija en un centro determinado abandona su destino bien porque ha solicitado otro a través del concurso, bien porque no hay trabajo suficiente en el centro, o bien por otras razones como la jubilación, esa plaza no vuelve a cubrirse y desaparece. Ese millar de puestos de trabajo dejarán de serlo, pues, en los próximos años.

¿El fin de los interinos?

Este diario ha tratado de conocer las razones por las que el Gobierno regional ha emitido estas órdenes, pero fuentes de la Consejería de Educación tan sólo se han limitado a explicar que lo contenido en esos textos oficiales «es provisional», porque la plantilla definitiva para el próximo curso no se hará pública hasta el verano. Las fuentes mencionadas se han negado, en cambio, a aclarar en base a qué criterios se han establecido esos números, y ni siquiera qué será de esos cientos de profesores a partir del próximo mes de septiembre.

Según los sindicatos consultados por Público, las órdenes hechas públicas por el Gobierno de Cospedal «producirán desplazamientos forzosos» de profesores por todo el territorio de Castilla-La Mancha, «acabando con la estabilidad de las plantillas y encubriendo un nuevo ERE en la enseñanza pública». Además, desde STE-Intersindical, central de empleo público del sector de la educación en la región, consideran que la determinación del Ejecutivo autonómico «afectará al colectivo interino, que será eliminado prácticamente en su totalidad, al pasar a ocupar estas plazas el profesorado funcionario de carrera desplazado».