Molina, y el resto de altos cargos, consiguen un sueldo NesPage para toda la vida

En pleno agosto, con la mitad del personal de vacaciones, sin pasar por el Consejo consultivo, sin negociarse en la Mesa General de Función Pública, en mitad de la tramitación de los presupuestos generales y el mismo día que se va a conformar un nuevo gobierno con la incorporación de Podemos, nos encontramos en el Boletín de las Cortes unas enmiendas parciales presentadas por PSOE y Podemos que pretenden aprobar en la Ley en materia de gestión y organización de la Administración y otras medidas administrativas para que, entre otras cosas:

“todas las personas que pasen a la situación administrativa de servicios especiales consolidarán por el desempeño de dichos cargos públicos desde su nombramiento el grado personal en idénticos términos a los previstos en la regulación de la carrera profesional para los funcionarios en el desempeño de puestos de trabajo con carácter definitivo” (pag 5374, 18 pdf, E-09/PL-00005/17)

Según la redacción actual de la Ley 4/2011 de Empleo Público de CLM, en la Disposición transitoria séptima Régimen transitorio de consolidación de grado personal en su punto 8:

“El tiempo de permanencia en la situación de servicios especiales será computado, a efectos de adquisición del grado personal, como prestado en el último puesto desempeñado en la situación de servicio activo o en el que durante el tiempo de permanencia en dicha situación se hubiera obtenido.”

Esto significa que mientras en la actualidad se consolida el grado personal del puesto que desempeñaban antes de pasar a ocupar uno de alto cargo, a partir de ahora consolidarán el grado personal mientras ocupen el puesto de alta dirección (a dedo) hasta el máximo de su Grupo, de una forma lineal: 2 niveles cada dos años. Y ello aunque el puesto de funcionario lo tuviera en adscripción provisicional mientras al personal funcionario se le exige que tenga carácter definitivo.

¿Qué supone esta medida?

En la práctica supone una transgresión a la carrera profesional del personal funcionario de la Junta, que sigue sin desarrollarse, y que va a ver como que mientras un alto cargo consolida el grado máximo en un tiempo récord, el resto de personal tiene que esperar décadas para conseguirlo, y si es que al final lo hace. Ejemplos prácticos:

    • Personal Funcionario Grupo A1. Comprende del nivel 22 al 30. Un funcionario/a de carrera tarda una media de 10-15 años en conseguir una jefatura de sección (Nivel 25), dependiendo de si está en los Servicios Centrales o en las provincias (donde hay menos plazas y es mucho más difícil promocionar). Y a partir de ahí, del 26 para arriba, son puestos de Libre Designación. Un alto cargo que partiera de un puesto base tardaría 8 años en consolidar un nivel 30.

    • Personal Grupo C2 (Auxiliar). Del nivel 14 al 18. Mientras que hay personal administrativo con una antigüedad de 15 años, que no han pasado del nivel 15, y la media para conseguir el nivel 18 es de 20-25 años, si es que se llega, un alto cargo vería consolidado el grado en una sola legislatura.

¿A quién afecta?

Pues afecta a todo el personal funcionario de carrera que se haya encontrado en situación administrativa de servicios especiales (artículo 115 L4/2011), por ejemplo: Miembros del Consejo de Gobierno de la Junta, diputados/as y senadores/as de las Cortes Generales, diputados/as regionales, personal eventual por ocupar puestos de trabajo con funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento político, asesor o asesora de los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla-La Mancha, personas que desempeñen responsabilidades de órganos superiores y directivos municipales, directivos de las empresas y fundaciones públicas regionales, los nombrados para ocupar puestos o cargos mediante Decreto del Consejo de Gobierno o del presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, etc.

Y sobre todo afecta, al conjunto de los funcionarios y funcionarias que tendremos que concurrir y competir, en concursos y otras formas de provisión, con los funcionarios de “lujo” que vendrán con todos los grados del mundo consolidados. Y también afecta al servicio público, que vuelve a ser víctima de las medidas chapuceras e interesadas de sus gestores, que provocan un incremento de gasto innecesario e injustificado y la pérdida de profesionalidad que se suple con discrecionalidad y amiguismo.

¿Desde cuándo se aplica?

Otro escándalo es la aplicación de la nueva norma, puesto que según la Emnienda E-09-0005/19, pag 5376 Boletín, 20 pdf) se aplicará a todas los cargos que hayan reingresado desde la creación de la Junta de Comunidades, y a los cargos no autonómicos desde la entrada en vigor del EBEP en 2007. El número de altos cargos que han reingresado en los últimos años es indeterminado, y la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas deberá dar las pertinentes explicaciones, pero a groso modo se puede ver cómo la cifra puede llegar a ser disparatada

¿Cuánto cuesta?

Es otra de las grandes preguntas que se abre, ¿Cuánto le va a costar a los contribuyentes, y al castigado Capítulo I esta prebenda para los altos cargos? Hay que recordar que llevamos toda la legislatura exigiendo la cobertura de bajas y vacantes de puestos de trabajo claves para los servicios públicos, y que por norma son denegadas por la DG de Presupuestos, dependiente de la Consejería de Hacienda y AAPP, por problemas presupuestarios en el Capítulo I. Se ve que para altos cargos hay otra vara de medir .

Responsabilidades

El PSOE, y el gobierno de García Page, vuelve a demostrar su poco aprecio por la administración pública, que solo contempla como un cementerio de elefantes para colocar a su camarilla en puestos estratégicos, que lejos de dinamizar la Función Pública lo que hace es bloquearla y cosificarla. Todo ello, después de negarse a negociar una modificación integral de la RPT (relación puestos de trabajo) para detectar las necesidades de los servicios públicos regionales. Para colmo lo quiere hacer saltándose la negociación colectiva, al estilo Cospedal, para evitar tener que escuchar lo que las organizaciones sindicales tenemos que decirle al respecto.

Pero si alguien queda retratado con estas enmiendas es Podemos, y más concretamente su Secretario General, que el próximo jueves será nombrado Vicepresidente II de la Junta, que no solo da su visto bueno a estos privilegios, si no que se beneficia directamente de ellos, puesto que con su paso por las Cortes como diputado y su periplo en el gobierno regional también se beneficiará de la medida recuperando el antiguo complemento de alto cargo (como el resto de estatutarios y docentes).

Todo ello cuando una de los principales motivos para rechazar los presupuestos en abril fue que daban continuidad a algunas de las políticas del Gobierno de Cospedal, especialmente las relacionadas con el mantenimiento de los privilegios a altos cargos y directivos. O cuando el pasado 21 de julio, el día que se iniciaba la consulta a los inscritos de Podemos para entrar en el gobierno, mandaba un mensaje de “tranquilidad» a quien tenga dudas al respecto. «No vamos a renunciar nunca a nuestro ADN«, decía, y que no iba «a aceptar prebendas del Gobierno“. Para tres semanas después convertirse en uno de los privilegiados por Page que se asegura un aumento de sueldo que le acompaña, para toda la vida.

Desde STAS-CLM nos parece un escándalo las enmiendas presentadas por PSOE y Podemos y exigimos su retirada inmediata, hasta que sean debatidas en la Mesa General de la Función Pública. En caso contrario nuestros servicios jurídicos se pondrán a estudiar posibles recursos ante los tribunales.