El  pasado 2 de septiembre, el Consejero de Hacienda y AAPP y Transformación Digital, Lord Ruiz Molina, anunciaba que “el juego se dispara hasta el 55 % de la población de Castilla-La Mancha, seis puntos más que la media nacional, y el 15 % que lo hace son menores de 35 años». Ante estos datos tan demoledores, y lejos de hacer autocrítica, el Gobierno de García-Page apuesta por poner en marcha un programa de formación de 50 horas para personal de orientación en los centros educativos, y una campañita informativa en los medios de comunicación y en las marquesinas de los autobuses. Dos nuevas iniciativas que, para nuestro queridísimo consejero, son “un ambicioso proyecto para prevenir la ludopatía“ y “viene a reforzar la acción que desde el Ejecutivo autonómico se viene desarrollando desde el año 2021”.

 

La Ley

En julio de 2021, las Cortes aprobaban la Ley del régimen administrativo y fiscal del Juego, los votos a favor del PSOE y Ciudadanos (Cs) y la abstención del PP, porque no estaban de acuerdo con las «subidas considerables que propone en el ámbito tributario y en el de las sanciones» (agüita!).

Ruiz Molina, en su clásico tono pecho palomo, defendía la Ley porque situaba a Castilla-La Mancha “a la vanguardia en España», siendo «la más protectora» para menores y personas con adicciones al juego, además de «la más preventiva» porque fomenta el juego responsable, «la más exigente» en cuanto a la publicidad, «la más rigurosa» en materia de sanciones y «la más progresiva» desde el punto de vista tributario. Ya subido en el campanario, proclamó que la norma es «muy ambiciosa en sus fines y muy completa«, además de que «da respuesta a la demanda social que reclama una mayor protección a los grupos más sensibles, especialmente los menores”. Tres años después, estamos seis puntos por encima de la media nacional.

 

El cumplimiento de la Ley

En diciembre de 2023, el gobierno regional hizo balance sobre el número de casas de apuestas desde que entró en vigor la normativa que las restringía en 2021 y se había  reducido un 20%, de  221 a 189, es decir, 32 casas de apuestas menos. Los motivos los exponía claramente nuestro admirado Consejero: “al gestionar las licencias, metimos bastantes restricciones, como era la distancia a los colegios, la posibilidad de que los ayuntamientos declarasen zonas de saturación, el control de acceso mucho más riguroso”. Los datos podrían ser mucho más ambiciosos si hubiera voluntad política, pero sin duda son un éxito de la Administración Pública que demuestra cómo desde el procedimiento y el cumplimiento de la norma, la mal llamada burocracia (licencias, permisos, distancias, etc.), se puede transformar la realidad en beneficio de la sociedad; un gallifante para la Susana Pastor Pons y un aplauso para toda la Dirección General.

 

La impunidad

Sin embargo, la otra realidad es que los 189 establecimientos de juego autorizados por esta misma Administración, y que deben ser objeto de inspección, solo cuenta con tres inspectores/as de juego (A2/C1, N22), desbordados de trabajo, para realizar las funciones de inspección y control por toda la geografía de nuestra comunidad, lo cual resulta un auténtico despropósito. La vigilancia, la inspección y el control que ejercen estos agentes de la autoridad es clave para la prevención y detención de la ludopatía en nuestra comunidad, por ejemplo en la prohibición de la entrada a menores de edad o personas inscritas en el registro de interdicciones de acceso al juego. La intervención del personal funcionario inspector del juego supone una garantía del cumplimiento de la normativa de juego en Castilla La Mancha para evitar la impunidad de estas empresas en caso de cometer cualquier irregularidad.

 

La cruda realidad

A pesar de haber reclamado la creación de estos puestos de inspección de juego en numerosas ocasiones, en las distintas Mesas de Negociación a las que se nos ha convocado, puesto que hay argumentos de peso que los hace totalmente necesarios, sin embargo, la administración continua prefiriendo usar el famoso capítulo I de la Ley de Presupuestos para nutrir, aún más, nuestra RPT con puestazos de personal eventual, de libre designación y otros a medida cuyas funciones en la práctica no solucionan los problemas reales de la ciudadanía castellano manchega y que, además, nos salen muy caros.

Desde STAS lo tenemos muy claro, la mejor apuesta posible contra la ludopatía para la región es el aumento de nuestra plantilla de personal funcionario inspector de juego.

 

 

S T A S
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