Si el pasado mes de agosto ya nos intentaron colar el NESPAGE, para asegurar un sueldo para toda la vida a todos los altos cargos políticos de nuestra región, medida que fue retirada tras el monumental escándalo que se montó, ahora el gobierno regional vuelve a la carga con la elaboración, en secreto y a espaldas de todo el mundo, de un Decreto para el Personal Directivo en la Junta. Con la intención de crear una administración paralela nombrada a dedo, y dirigida bajo criterios de clientelismo político y desprofesionalización de la función pública. Con el objetivo de fomentar una actitud dócil y flexible en los puestos más estratégicos de la Administración ante las pretensiones del Gobierno. Un caldo de cultivo perfecto para posibles corrupciones o corruptelas.

El cacique de la Junta

El borrador de Decreto, que adjuntamos, pretende regular la dirección pública profesional de la Junta y de sus organismos autónomos, el sistema de provisión de los puestos directivos, y la regulación jurídica de los mismos, así como su régimen retributivo.

Para comprobar el nivel de clientelismo político que se emana del texto, solo hay que ver cómo será nombrado este personal directivo. A través de una RPT aprobada por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de Función Pública, previo informe de la Dirección General de presupuestos. En resumen, quien decida el dedazo de Ruiz Molina, como Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, que de esta manera se convierte en el cacique de la Junta, al tener que pasar por sus manos el nombramiento de todas las personas que se designen para ocupar las direcciones provinciales, las coordinaciones nivel 30 y nivel 29, e incluso las jefaturas de servicio o la dirección de los centros públicos de la Junta.

Un coladero para los Amiguetes S.A.

En un primer momento el Decreto fija la necesidad de ser personal funcionario de carrera del subgrupo A1 o A2, pero un párrafo más abajo abre la posibilidad de que puedan ocuparse por personal que no sea funcionario. Lo que significa, por ejemplo, que cualquier alcalde defenestrado en las urnas pueda encontrar una puerta de atrás para el acceso a la Administración regional, con un contrato de alta dirección y sin necesidad de pasar ningún proceso selectivo. Y quien dice alcalde puede decir cualquiera de sus Amiguetes S.A.

Los requisitos para acceder a estos puestos son de chiste, y suponen una discrecionalidad absoluta al no tener en cuenta en ningún momento los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad (art 103.3), que permiten elegir a los mejores candidatos para prestar de una manera eficaz y eficiente el servicio a la ciudadanía y así proteger sus derechos desde la independencia y la objetividad. Por el contrario, el requisito principal que marca el Decreto es haber desempeñado durante dos años puestos nombrados a dedo, pero en caso de que no se reúna ese requisito el Decreto permite que se pueda suplir con un cursito de formación impartido por la Escuela de Administración Regional, dependiente también de la Consejería de Ruiz Molina.

El artículo 23.2 de la Constitución Española recoge literalmente que “los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos”, y por mucho que intenten establecer un paripé de procedimiento de provisión no cuela, porque en ese procedimiento no se respeta la imparcialidad de los órganos de valoración, al ser una decisión absolutamente discrecional que descansa únicamente en un criterio de confianza política o personal.

Un caldo de cultivo para posibles corrupciones y corruptelas

El cese del personal directivo también es muy significativo. Se produce por una evaluación insatisfactoria de su gestión (bueno, puede valer), pero para que no se escape nadie también puede ser cesado por decisión discrecional del órgano competente para su designación, es decir por el cacique de la Junta. Y ahora, como empleadas y empleados públicos que hemos aprobado una oposición o accedido a nuestros puestos por un sistema objetivo de selección, y cuya misión principal es hacer valer la norma por encima de la discrecionalidad política, debemos hacernos una simple pregunta: Si Ruiz Molina es el responsable del nombramiento y del cese de los puestos más estratégicos de la Junta, ¿quién va a ser capaz de plantarle cara en caso de que se pretenda cometer una irregularidad, corruptela o corrupción en la gestión pública? Por supuesto que habrá personal directivo valiente y honesto que sea capaz de hacerlo, pero ya sabe el final que le espera. Que el clientelismo político es la antesala de la corrupción es algo que hemos aprendido viendo los telediarios, no nos lo tiene que enseñar ningún profesor de economía financiera de la UCLM.

Quitarse a los sindicatos de en medio

Por si alguien se lo pregunta, esta RPT de personal directivo no será objeto de negociación colectiva, por lo que el gobierno podrá hacer y deshacer lo que le dé la gana, saltándose el control sindical. El Gobierno, que tanto presume de diálogo social, se salta aquí hasta los principios más básicos de la negociación colectiva y opta por el recurso autoritario del decretazo, fraguado con alevosía y nocturnidad, para imponer lo que saben que es vergonzoso e impresentable. Quitándose de en medio a quién a día de hoy ejerce de manera más firme y contundente la oposición y control al gobierno en defensa de los servicios públicos.

Tu pasta para la Casta

Como todo el mundo se puede imaginar el personal directivo está jugosamente retribuido, a costa del capítulo I, contando con las retribuciones básicas y complementarias, en las que destaca un incentivo por objetivos que puede suponer hasta un 10 % del cómputo anual del sueldo y el complemento de puesto, lo que en un sueldo de 60.000 euros al año viene a ser 6.000 euros. Además si personal es funcionario de la Junta cuenta con reserva de puesto y consolidación del grado (como el NESPAGE), pero si no es empleado público habría que hacerle un contrato de alta dirección, con cláusula de rescisión y cobro de finiquito, que puede llegar a ser millonario. Page quiere dejarlo todo atado y bien atado para sus amiguetes por si, por ejemplo, dentro de un año y medio hay un cambio de gobierno.

Mientras tanto, hay que recordar que llevamos toda la legislatura exigiendo la cobertura de bajas y vacantes de puestos de trabajo claves para los servicios públicos, y que por norma son denegadas por la DG de Presupuestos, dependiente de la Consejería de Hacienda y AAPP, por problemas presupuestarios en el Capítulo I. Se ve que para la casta hay otra vara de medir. Y ahora se entiende mucho mejor el por qué del ERE encubierto de 792 plazas en las Ofertas de Empleo público de los próximos tres años.

Molina, otro Pirata del Cacique

Pero si alguien queda retratado es José García Molina que oficialmente ya forma parte de la casta. Cuando pensábamos que podría haber escarmentado del escándalo del NESPAGE. ¡Toma dos tazas!

Hace poco, en un vídeo navideño, el Secretario General de Podemos CLM presumía de luchar contra los privilegios de los altos cargos, cuando este decretazo, que pretende ser aprobado en el consejo de gobierno del que es nada menos que vicepresidente segundo, significa todo lo contrario. Molina renovó su cargo como Secretario General con un lema de campaña que decía “Sé valiente”. ¿Lo será realmente para oponerse a este decretazo o más bien callará y otorgará cobardemente con su silencio cómplice, convirtiéndose en otro Pirata del Cacique? El PSOE es el PSOE y Page es mucho Page, y para plantarle cara hay que ser valiente, libre y sobre todo honesto. Eso es algo que no se enseña en la universidad, pero que debería haber llevado aprendido antes de entregarse a sus brazos.

Desde STAS-CLM este Decretazo nos parece un escándalo mayúsculo y exigimos que se retire su tramitación inmediatamente. En caso contrario nos reservamos todas las acciones sindicales que estén en nuestras manos para detenerlo.

Decreto Personal Directivo-1