Más de 39.000 mujeres mueren anualmente en le mundo a causa de abortos clandestinos y cientos de miles sufren secuelas de por vida según la Organización Mundial de la Salud.
Amnistía Internacional y otros organismos especializados han constatado que, independientemente de cual sea el marco legal de su país de residencia, las mujeres recurrimos al aborto en proporciones similares. Y que la IVE, sea legal o no, solo incide en el riesgo que esta práctica conlleva para nuestra salud.
En España, una ley de salud sexual y reproductiva de 2010, modificada y ampliada en 2023 garantiza formalmentesobre el papel que las españolas tenemos derecho a abortar y a hacerlo según los criterios de gratuidad, accesibilidad y proximidad que las administraciones competentes están obligadas a facilitarnos. Sin embargo, la realidad es que solo un 15% de los abortos que se realizaron el año pasado en nuestro país se hicieron en hospitales públicos y que la IVE no se ha normalizado aún como una prestación sanitaria a la que cualquier mujer tiene derecho en los supuestos que recoge la ley.
Los sectores más reaccionarios de nuestra sociedad trabajan incesantemente para intervenir con sus dogmas y su moral particular la esfera de lo público cívico y universal, y no solo obstaculizan el acceso a un derecho de las mujeres avalado por una ley democrática, sino que incluso llegan a impedirlo en ocasiones.
La objeción de conciencia médica y en consecuencia la falta de profesionales médicos es la excusa que actualmente alegan gobiernos autonómicos para enmascarar su dejación de funciones, su deliberada negligencia en el cumplimiento de la ley y su sabotaje descarado a nuestra democracia.
Es un motivo ideológico, la resistencia fundamental a que las mujeres decidamos por nosotras mismas sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad; la causa principal de que solo en cinco comunidades autónomas existan actualmente protocolos reguladores de la objeción de conciencia médica y de que en doce provincias no se realicen interrupciones voluntarias del embarazo, obligando a las mujeres de estos territorios a asumir desplazamientos de cientos de kilómetros en una situación de especial vulnerabilidad personal y social.
Detrás de los estigmas, tabúes y silencios que en pleno siglo XXI todavía rodean el derecho al aborto lo que subyace es uno de los espectros más temibles del patriarcado y la columna fundamental de la misoginia: el miedo a la mujer libre, independiente y capaz de asumir sin tutela masculina las riendas de su sexualidad y su propia vida. Comprobamos recientemente en Polonia y USA que en cuanto los misóginos acceden al poder una de sus principales tareas es impedir el derecho al aborto de las mujeres.
Por eso el derecho a un aborto libre, seguro y en la sanidad pública es uno de los ejes fundamentales de la lucha feminista y, sin duda, una de las pruebas más evidentes de la fortaleza de una democracia.
NOSOTRAS DECIDIMOS.
28 de septiembre de 2025 ORGANIZACIÓN DE MUJER CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL
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