Una vez más, el sector público y sus empleadas y empleados son víctimas del miserable electoralismo de Montoro, arropado por el sindicalismo de cortas miras y largas subvenciones de CC.OO, UGT y CSIF.
Cuando el gobierno del PP se encuentra más acosado que nunca por los casos de corrupción, sin apoyos en el Congreso, desbordado por las movilizaciones de pensionistas y asustado por la revolución feminista.
Cuando los servicios públicos sufren el mayor ataque de su historia, el empleo público está en las cotas más bajas de los países del entorno y las empleadas y empleados públicos llevamos acumulada una pérdida de poder adquisitivo del 16,6 %.
Cuando todo esto sucede y la situación económica lo permite, los sindicatos que se arrogan la “representación” de las empleadas y empleados públicos, en lugar de exigir firmemente la recuperación y mejora inmediata en materia de servicios públicos, empleo y condiciones de trabajo y salariales de su personal, dan un balón de oxígeno al electoralista Montoro que saca pecho casi a cambio de nada.
El acuerdo firmado el pasado 9 de marzo, al día siguiente de la histórica huelga feminista, comienza con un supuesto reconocimiento a la aportación realizada por las empleadas y empleados públicos en la mejora de las actuales condiciones económicas que al final realmente no tiene la compensación merecida.
Animamos a que se lea el texto acuerdo, tan poco difundido por los firmantes, y se valore su contenido real. Las cifras, que nos “venden” los firmantes, de empleo e incrementos salariales esconden un laberinto de condiciones y limitaciones que las reducen drásticamente y que realmente no recupera las pérdidas injustamente sufridas.
El incremento salarial real garantizado para los tres años es del 6,5%, si tenemos en cuenta que el IPC previsto para ese mismo periodo es del 4,4%, la “recuperación” real es del 2,1% y si la comparamos con la necesaria y exigida (en Castilla-La Mancha cerca del 20%), pues es una verdadera… mierda. El mismo calificativo puesto por los pensionistas al incremento de las pensiones, pero qué distinta su respuesta cargada de dignidad y lucha.
El acuerdo supone santificar una política, que está destruyendo el sector público y a su personal, y que se basa en el recorte y la subordinación a intereses privados bajo la excusa de la estabilidad presupuestaria. Todas las mejoras salariales y hasta la posibilidad de incrementar el empleo se condicionan al cumplimiento de los objetivos presupuestarios, a la evolución de la deuda pública, y a la regla de gasto, cuando deberían ir condicionadas por las necesidades de la población y, en cuanto lo salarial, en función de la evolución del IPC y la recuperación de lo injustamente recortado.
Respecto al empleo, tampoco se avanza en la recuperación, en el mejor de los caso se llega al 100% en la tasa de reposición, por lo que en recuperación 0%, excepto algunas excepciones muy excepcionales que podrían incrementar esta tasa en un ridículo 5% u 8%.
El compromiso con la estabilidad en el empleo se reduce a las plazas que hayan estado ocupadas interinamente de forma continuada del 1 de enero del 2015 al 31 de diciembre de 2017, del resto que existen o puedan existir no hay compromiso alguno.
La jornada de 35 horas, derecho ya conseguido y arrebatado, también se condiciona al cumplimiento de los objetivos en materia estabilidad, deuda, regla de gasto, etc. Un logro histórico de la clase trabajadora, arrebatado injustamente, recuperado y otra vez robado, YA BASTA. Recuperemos ya las 35 horas como derecho que nos asiste y no como compensación a una pobre negociación. Lo mismo podemos decir de la recuperación del cobro del 100% del salario durante cualquier situación de IT.
Nos preguntamos cómo pueden los sindicatos firmantes renunciar a la presión y a la movilización, cómo pueden conformarse con tan poco cuando se debe tanto, cómo pueden negociar en nuestro nombre sin consulta alguna, cómo… nos preguntamos tantas cosas sin respuesta, o quizás el ministro Montoro si tenga las respuestas.
Os animamos a leer el acuerdo hasta el final, en el que aparece un párrafo curioso: “Con el fin de reforzar el desarrollo de los trabajos de negociación previstos en los párrafos anteriores, la Administración del Estado, podrá proporcionar los recursos necesarios para su funcionamiento” (en esto no ponen condicionamientos económicos).
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