STAS anuncia movilizaciones por la «privatización» del Hospitalito

El sindicato retomó ayer la campaña de recogida de firmas para recabar apoyo y exigir al Gobierno regional que «cumpla su palabra» y dote de más plazas públicas a la residencia de mayores

VICTOR BALLESTEROS

i. g. villota / toledo

Fue en 2005 cuando la residencia de mayores ‘Hospitalito del Rey’ inició unas obras de mejora que obligaron a cerrar la instalación y trasladar «temporalmente» a sus trabajadores -funcionarios y laborales- a otros centros similares de la ciudad, tras una larga negociación entre la Junta de Comunidades y el Comité de Empresa que acabó en acuerdo. Cinco años después, las obras han concluido y el Hospitalito, situado en pleno Casco Histórico, está prácticamente listo para volver a dar servicio. Sin embargo, los más de 60 empleados que fueron ‘recolocados’ temen no volver a sus puestos de trabajo.
Por eso, el Sindicato de Trabajadores de Administración y Servicios de Castilla-La Mancha (STAS) y la Intersindical retomaron la mañana de ayer una campaña de recogida de firmas para evitar la privatización de la residencia, como ya hicieran hace cinco años.
Además, anunciaron movilizaciones en Toledo en el caso de que el Gobierno regional no revierta la «campaña privatizadora» de servicios sociales «que ha iniciado».
De igual forma, exigieron a la Junta «que cumpla su palabra» de que no sólo iba a volver a trabajar el personal del centro sanitario tras su remodelación, sino que, además, se iban a dotar de más plazas públicas procedentes de bolsa de trabajo.
Uno de los responsables del Secretariado Regional del Sindicato, Gustavo Fabra Sánchez-Garnica, manifestó que esta recogida de firmas pretende conseguir el apoyo «tanto de los funcionarios públicos como de la sociedad en general para evitar la privatización», calificando la situación como «muy grave».
Fabra explicó que el Comité de Bienestar Social les ha remitido un escrito donde anuncian que la gestión del Hospitalito «va a ser mixta». O lo que es lo mismo, que se mantiene un grupo reducido de funcionarios y los servicios van a quedar externalizados a una empresa privada, «devaluando el empleo público».

VILLARRUBIA Y LAMATA. Además, Fabra anunció que los sindicatos exigirán la dimisión, en primer lugar, del entonces delegado de Bienestar Social, Tomás Villarrubia, «ya que se comprometió en 2005 a que esas plazas se iban a cubrir con personal público.
En segundo lugar, pedirán la dimisión de Fernando Lamata «como máximo responsable actual de esta políticas de privatizaciones» de la Junta. Unas políticas que «desmantelan el estado de bienestar social, que se basan en una herramienta básica que son los servicios públicos», asegura.

Recogida de firmas. La campaña de recogida de firmas tuvo un «importante» impulso en 2005, cuando los trabajadores afectados negociaban con la Consejería. Ahora vuelve a tener un papel «fundamental». Por eso, Fabra señaló que los sindicatos van a poner en marcha una «campaña itinerante en distintos puntos de la ciudad con la intención de recoger el apoyo y la solidaridad de todos los empleados públicos, ya sea persona laboral o funcionarios de la Junta porque esto nos afecta a todos».
Además, incidió en que, si la situación no cambia, el día de la inauguración estarán «presentes» en la puerta del Hospitalito del Rey denunciando que esa reapertura es «privatizadora, atentando contra la calidad de los servicios públicos y el empleo».