Foto: https://www.flickr.com (CortesCLM)

“No reniego del patriotismo, pero primeramente soy un ser humano,
y cuando ambas cosas son incompatibles, siempre le doy la razón al ser humano”.
Herman Hesse

Hoy os contamos que en un reciente pleno en las Cortes de Castilla-La Mancha se ha debatido sobre el sistema de protección a la infancia y adolescencia de nuestra región. Una cuestión especialmente sensible y relevante en un contexto como el actual. Con el conflicto en Ceuta a tope y las elecciones regionales asomando.

Decimos cuestión especialmente sensible y relevante porque se trata de un servicio público esencial; que ya nos gustaría que fuera mucho más PÚBLICO de lo que actualmente es, y que creemos que merece una reflexión que vaya más allá de quién gobierna, de quién increpa de manera más burda o de quién lanza el reproche más audaz.

El debate (o lo que sea)

Tranquis, que no os vamos a torturar con un acta del debate. De hecho, empezando por la intervención del PP podría resumirse, sin demasiada exageración, en un «sanchistas, que sois todos unos sanchistas y Page el que más», aportando muy poco a un debate que debería centrarse, como mínimo, en cómo mejorar el sistema.

La posición de Vox ya la dejó clara Figaredo cuando dijo que teníamos cazar/pescar inmigrantes. En las Cortes regionales de C-LM, sin embargo, la estrategia es más fina y su portavoz, un tal Blázquez, se dedicó a lanzar preguntas técnicas, de cariz cuantitativo, para intentar justificar que no se acoja a ni un solo menor inmigrante (ojo! de Marruecos, porque si son rubios y con ojos azules, no hay ningún problema). Y todo esto, aprovechando unas declaraciones recientes de la propia Consejera, en las que afirmaba que el sistema en Castilla-La Mancha estaba tensionado y “no podría soportar” más personas menores con los recursos actualmente disponibles. Mal asunto cuando la ultraderecha te compra parte del discurso, Bárbara.

Por parte del PSOE, tanto el portavoz en este debate como la propia Consejera además de ofrecer datos cuantitativos y cualitativos, apostaban por la recepción de menores extranjeros no acompañados, pero aludiendo a la necesidad de activar la solidaridad compartida con otras regiones. Y subrayando que la atención integral que actualmente dispensan solo es posible con más recursos, con los cuales actualmente no cuentan y reiteraban la responsabilidad del Ministerio en proporcionarlos. Por cierto, su portavoz casi nos gana cerrando su intervención aludiendo a Saramago y su “ensayo sobre la ceguera”, casi…

El Sistema Top (?)

Sí que queremos rescatar, respecto de la intervención de la Consejera, una afirmación que nos sonó algo pretenciosa; “somos una de las comunidades autónomas con el mejor sistema de protección de todo el territorio español”. Desconocemos si hay una evaluación mínimamente rigurosa que sustente esta afirmación. La dosis de jengibre en este punto se nos empezaba a quedar corta.

De modo que, con idas y vueltas, dimes y diretes, transcurrió el debate. Sanchismo aparte, consideramos perfectamente legítimo e incluso necesario debatir sobre este sistema de protección, recursos disponibles, sobre su suficiencia, sobre cómo se organiza la red o sobre las consecuencias que determinadas situaciones tienen para el sistema.

El interés superior

Nuestra óptica ante este debate se sintetiza en que no se debería perder de vista un principio rector que ha de presidir cualquier modelo de protección de infancia y adolescencia que se precie: la defensa de los derechos humanos y el interés superior de la persona menor.

No como lemas utópicos prestos a evaporarse cuando aparecen las dificultades, sino como una realidad central de cualquier política social de quien aspire a tener, o ya tenga, la responsabilidad de gobernar. Y por supuesto, que ese interés superior no puede depender del origen, la procedencia o la circunstancia de la persona menor que precise de protección.

Y todo ello sin olvidar el hecho de que la protección de la infancia no es una opción política caprichosa ni una concesión arbitraria de ningún Gobierno. Actualmente y por más que a algunos/as les pese, es una obligación de los poderes públicos. Respecto de que a algunos/as les pese; a nuestro presidente pareciera pesarle esta legislación. A tenor de unas declaraciones recientes en las que declaró, entre otras perlitas, que el Estado es “muy prisionero” de la legislación. Miedito si en esa “prisión” también mete la legislación sobre protección de personas menores. Aprovechamos para suscribir desde el principio hasta el final la contundente y apropiada respuesta que dio el Colegio Oficial de Trabajo Social de esta región a declaraciones de Page sobre el tema que hoy nos ocupa.

La gestión

Por otro lado, y recuperando la afirmación de nuestra Consejera, no podemos sino poner sobre la mesa nuestro conocimiento de la parte realmente PÚBLICA de ese sistema que ella sitúa en el top de sistemas regionales. Y para ello hay que señalar que este “sistema top” descansa en buena medida sobre recursos externalizados, mientras la propia Administración mantiene pendientes cuestiones básicas que afectan a quienes trabajan directamente protegiendo a la infancia en el sector exclusivamente público.

Aquí nos remueve nuestra irrenunciable defensa del empleo público y de los servicios PÚBLICOS. Y no se trata de un cuestionamiento aleatorio y gratuito de la colaboración con las entidades sociales. Cuestionamos que esa colaboración pueda terminar sustituyendo capacidad y recursos propios de la Administración en un ámbito que constituye una responsabilidad pública esencial. Y esto sin ahondar en las razonables dudas que nos suscita la necesaria evaluación y seguimiento de estas externalizaciones.

Por supuesto, tampoco es una crítica desprovista de fundamento. Estamos en disposición de aterrizar ciertas y concretas carencias en la red eminentemente pública de este sistema de protección en nuestra región. Portavoz, Señor Contreras, aplíquense la moraleja del libro del gran Saramago con esto también.

Las Mejoras

Son reivindicaciones que hemos trasladado de forma reiterada en las mesas de negociación: un protocolo específico de protección para los equipos; el número de identificación profesional previsto en la normativa regional y cuya demora en regular ya resulta hasta grosera; flexibilidad horaria para el personal técnico de los servicios de Infancia y Familia en todas las provincias; refuerzo del personal administrativo (y ya va siendo hora de valorar el refuerzo del personal técnico donde sea más necesario); formación especializada y suficiente; y la creación de plazas de Educación Social en Cuenca, Guadalajara y Toledo.

Mencionamos de forma específica al CABE Arcoíris de Albacete; es el único recurso de la región de estas características de gestión exclusivamente pública y, paradójicamente, su personal técnico es el único de la región cuyas funciones están vinculadas a la atención de personas menores que no alcanza el nivel 23: mantiene un nivel 20. Llevamos tiempo reivindicando su adecuación y mejora retributiva y la Administración continúa sin atenderla.

No estamos hablando, por tanto, de una cuestión de falta de propuestas. Las propuestas existen y llevan tiempo encima de la mesa. Lo que falta es que encuentren respuesta.

El compromiso

Quizá el debate parlamentario debería servir precisamente para eso: para preguntarnos si podemos hablar de uno de los mejores sistemas de protección del Estado mientras seguimos sin resolver cuestiones tan concretas, mientras una parte sustancial de la atención se articula mediante recursos externalizados y mientras la propia Administración reconoce que los recursos disponibles no son suficientes.

Desde STAS-CLM creemos que la protección de las personas menores exige algo más que una correcta legislación (cuyo desarrollo y cumplimiento siguen dejando cuestiones pendientes) y de declaraciones grandilocuentes de excelencia. Exige una Administración con voluntad de asumir la responsabilidad que las propias leyes le atribuyen, de disponer (y proveer) de servicios públicos suficientemente dotados, profesionales adecuadamente retribuidos/as y de priorizar la articulación de un sistema que sea capaz de responder a las necesidades de las personas menores que requieran protección, y por supuesto, con independencia de su origen o circunstancia.