Tal como aparece publicado en el BOE del 8 de septiembre, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de España ha concedido la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, entre otros, a tres grandes prohombres y exdirigentes del PP castellano-manchego y colaboradores de la expresidenta Mª Dolores de Cospedal. Aunque uno de ellos mostró cierto desafecto hacia ella en las primarias para elegir al sustituto de Rajoy, apostando por su rival, Soraya Sáenz de Santamaría, los otros dos han formado parte de la llamada “tropa de Cospedal”, ostentando altos cargos en el Ministerio de Defensa a raíz de ser ésta nombrada al frente del mismo.

El caso es que ha causado una cierta sorpresa en nuestra región que el gobierno socialista de Pedro Sánchez, en base a los méritos adquiridos durante su paso por el Gobierno de la nación, premie a estos tres personajes que tanto sufrimiento han causado en C-LM. Resulta especialmente doloroso que se condecore la figura de Marcial Marín Hellín, quien antes de ser ascendido al cargo de secretario de Estado de Educación tras perder el PP el gobierno de C-LM, dejó una estela de dolor y destrucción como Consejero de Educación en dicho gobierno. Entre sus “méritos” durante la legislatura de Cospedal están, entre otros, la supresión de más de 5.000 plazas de docentes, el cierre de 70 escuelas rurales, la supresión de rutas y comedores escolares, la puesta en marcha del polémico programa “Abriendo Caminos”, que finalmente fue anulado por la justicia, o la celebración, en nuestra región, del Primer Congreso Internacional de Tauromaquia.

Grandes méritos acumuló también Arturo Romaní en su paso por el gobierno de C-LM como Consejero de Hacienda, con su polémico plan Económico Financiero aprobado en mayo de 2012, entre cuyas medidas se contemplaba un ahorro de más de 1.600 millones de euros, casi un tercio de ellos en gastos de personal. Medidas que representaron una merma a las arcas públicas, derivadas del millonario pago de indemnizaciones por el despido ilegal de cientos de trabajadores y trabajadoras interinas de la Junta o de la devolución de la paga extra del 2012 que tuvo la desfachatez, junto con otros altos cargos, de reclamar al actual gobierno.

Mención aparte merece Agustín Conde Bajén, hasta hace poco secretario de Estado de Defensa, quien, aparte de su homofobia, luce en su CV un máster en Defensa Nacional por la famosa Universidad Rey Juan Carlos y que lo ha sido todo dentro del PP, siempre a cargo del erario público: alcalde, presidente PP-CLM, diputado regional, diputado nacional y senador, puestos que compatibilizó o alternó con los de consejero de Red Eléctrica y asesor del Banco de Santander y que ha sido recientemente vetado por el Consejo de Europa por un presunto caso de corrupción en 2015, cuando ejercía como observador en las elecciones parlamentarias de Azerbaiyán.

En definitiva, tres magníficos ejemplos de “la laboriosidad y capacidad extraordinaria puestas de manifiesto en bien del interés general” y “las grandes iniciativas de influencia nacional y, en general, los hechos ejemplares que, redundando en beneficio del país, deben estimularse”, en opinión del Consejo de Ministras de Pedro Sánchez. No debe de extrañarnos tanta connivencia entre PP y PSOE, tantas veces repetida en su alternancia en el poder, ya sea en el gobierno de España o en el de C-LM, ya que al fin y al cabo comparten los mismos colegios y universidades privadas y obtienen sus titulaciones y másteres con el mismo esfuerzo. También comparten las mismas fobias, en el caso de nuestra región, es obvia la inquina que sienten hacia STAS cuando gobierna cualquiera de ambas fuerzas políticas. Si el PP ya nos amenazó con una querella, el PSOE está buscando la fórmula para poder hacerlo, por cuestionar sus políticas neoliberales y sus privilegios.

Pueden parecer rivales e incluso enemigos, pero en el fondo amagan sin hacerse daño. Actúan como colegas: hoy te premio yo y mañana me premias tú. Así ha funcionado esto durante décadas, engordando una élite bipartidista y carente de sensibilidad que nada tiene que ver con los intereses de la ciudadanía, en general, ni de la clase trabajadora, en particular.