Hemos recibido por correo electrónico el manifiesto que ponemos a continuación. Desde STAS-CLM, señalar que estamos totalmente de acuerdo con lo manifestado por esta Agrupación de Funcionarios, por lo que podríamos asumir lo expresado en el mismo, al ser coincidente con las mayoría de nuestra reivindicación pasadas y futuras.


LOS FUNCIONARIOS DE LA JCCM POR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROFESIONAL, AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS Y DE LA SOCIEDAD


Un colectivo de funcionarios de la Junta de Castilla-La Mancha sin vinculación a partidos políticos ha elaborado el siguiente manifiesto en el que se reclama una Administración Pública profesional, con personal cualificado, al servicio de los ciudadanos y de la sociedad y no de los intereses del partido que gobierne, sea éste el que sea, así como la reducción significativa de los puestos directivos y de asesores de la administración regional y de las entidades de ella dependientes, con una mayor racionalidad en el gasto publico, eliminando el despilfarro y mejorando la gestión de unos recursos que son de todos. Por ello:

1º Exigimos que se respete a los funcionarios públicos y se promueva la dignificación y la profesionalidad en la Función Pública Regional, de acuerdo con lo establecido por las leyes, de forma que sus actuaciones se realicen con imparcialidad, estricto cumplimiento de la legalidad y de acuerdo a los principios de transparencia, eficacia, eficiencia, economía y servicio a la sociedad y no de los caprichos e intereses partidistas de los gobernantes.

2º Exigimos que los puestos que por su naturaleza funcional requieran ser desempeñados por funcionarios, sean efectivamente ocupados por éstos de forma progresiva a través de las ofertas públicas de empleo. Rechazamos el que estos puestos sean sistemáticamente cubiertos a través de empresas externas, ya sean públicas o privadas, a la vez que se amortizan puestos de funcionarios que no se desean cubrir a pesar de las carencias de personal que en muchos casos son evidentes.

3º Para fomentar la profesionalidad y reducir el amiguismo tan frecuente en la administración regional, exigimos modificaciones legales que se dirijan a que los puestos de responsabilidad de carácter técnico o de gestión ocupados por funcionarios mediante provisión por libre designación se reduzcan al máximo y, que en todo caso, su adjudicación se realice de acuerdo a los principios de igualdad, mérito y capacidad, con criterios de valoración objetivos, públicos y transparentes.

Decimos NO a los puestos a dedo para amigos, parientes o acólitos del político de turno.

4º En estos momentos de crisis a la que hemos llegado, entre otros motivos, debido a una pésima gestión durante años de unos recursos públicos que no olvidemos, son de todos, y no de nuestros gobernantes, exigimos que los recortes y el “ahorro” previstos no se centren una vez más en los empleados públicos, cuyo poder adquisitivo se ha visto mermado en los últimos años por congelaciones y bajadas salariales. Planteamos las siguientes medidas:

– Exigimos que para racionalizar la Administración la estructura de la Administración Regional se ajuste a las necesidades reales de gestión. La supresión de ciertas Consejerías hace un año sólo ha empeorado sensiblemente la gestión en ciertas áreas y no ha reducido el gasto. El supuesto ahorro que se pretendía al cesar a ciertos altos cargos no ha sido real, ya que la mayoría han sido “recolocados” nuevamente en puestos creados ad hoc (nuevas direcciones generales, coordinadores, etc).

Exigimos por ello que se reduzcan de forma real y significativa los puestos de altos cargos y muy especialmente de los numerosísimos “asesores” puestos a dedo por razones de afinidad personal o política, que perciben altos sueldos por hacer “no se sabe muy bien qué” y cuya justificación real por las funciones que supuestamente desempeñan es más que dudosa en muchos casos.

– Exigimos, por tanto, una racionalización en el gasto, eliminando el despilfarro o la duplicidad de recursos en ejemplos que todos conocemos y mejorando la gestión que realizan con el dinero público, el de todos nosotros.

– Proponemos la supresión del uso de los coches oficiales para acudir al trabajo, beneficio del que disfrutan ciertos cargos políticos (Consejeros, Viceconsejeros, Directores Generales, Presidentes de consejos consultivos, empresas o entes públicos) y que su uso se limite exclusivamente a los viajes relacionados con la “estricta prestación de servicio público». Es vergonzoso que algunos consejeros sean diariamente paseados en coche oficial desde sus provincias a Toledo, con el coste en vehículos, combustible, producción de CO2 y sueldos y dietas de sus conductores que ello supone. Si no desean vivir en Toledo, deberían desplazarse a sus centros de trabajo (Consejerías) por sus propios medios, pagando de su bolsillo sus desplazamientos, como todos los demás, en lugar de que paguemos con nuestros impuestos el coste de sus desplazamientos diarios.

– Proponemos la reducción significativa de los gastos de representación de altos cargos (regalos, viajes y comilonas), estableciendo límites tasados razonables, independientemente del puesto que se desempeñe.

– Proponemos igualmente la optimización del espacio en edificios propios de la Junta, evitando pagar alquileres innecesarios.

– Proponemos la supresión o reducción significativa de determinadas Fundaciones, Entes Públicos, Organismos Autónomos, Institutos, Agencias y Empresas Públicas cuya necesidad y utilidad real es cuestionable en muchos casos y que están sirviendo principalmente para garantizar trabajo y generosos sueldos a sus consejos de administración, directores, coordinadores, gerentes, asesores y otros puestos directivos en los que se colocan personas afines al poder que muchas veces no destacan precisamentepor su competencia profesional. Lejos de crear riqueza, estas entidades sirven a veces para “regionalizar pérdidas” producto de inversiones ruinosas apoyadas por la JCCM como el aeropuerto de Ciudad Real. Con estas entidades se pretende además eludir el control presupuestario previo al que está sujeta la Administración, lo que ha llevado a que se disparen los gastos públicos en algunas de ellas sin que ello conlleve una mayor rentabilidad económica o social. Por sus elevados presupuestos o ausencia de funciones, proponemos ahorrar mediante la supresión o reducción significativa de las siguientesentidades y en consecuencia de sus presupuestos:

– Ente Público Radiotelevisión de Castilla-La Mancha, Instituto de Finanzas de Castilla la Mancha, Oficina de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Bruselas, Centro Europe Direct Castilla-La Mancha, Fundación General de Medio Ambiente, Oficina Regional del Cambio Climático, Comisión Regional de la Competencia, Fundación Factoría de Emprendedores, Empresa de Gestión Aeroportuaria de Castilla-La Mancha, Esinsa SA, Instituto de Promoción Turística Don Quijote SA, por citar algunas de estas entidades paralelas a la administración que suponen cuantiosos gastos a la JCCM.

5º. Para concluir, exigimos a nuestros gobernantes que den cuenta a la sociedad de su gestión, con transparencia y sin engaños ni manipulaciones, y que no utilicen a los empleados públicos como chivo expiatorio o moneda de cambio para ocultar al resto de la sociedad sus errores de gestión.