El delegado de STAS en el Ayuntamiento, Antonio Escobar, indicó ayer a los medios que los bomberos que denunciaron la existencia de cámaras ocultas y un micrófono han presentado un recurso de reforma ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 que ha archivado provisionalmente el caso. Los agentes consideran que se atenta contra el derecho a la intimidad y piden que declare como imputado el jefe de servicios, Javier de Lucas.

El sindicato cree que el Ayuntamiento quiere perseguir a los tres bomberos que presentaron a principios de febrero una denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional mediante el expediente que tramitará el secretario, Antonio López Abarca. Escobar, que concentró a los medios a las puertas del Parque de Bomberos, subrayó que el portavoz del equipo de Gobierno, Tirso Lumbreras, ha desarrollado una campaña de «intoxicación» de los hechos.

Cambio de calificación. Escobar señaló que las diligencias del juzgado sobre este caso no incluyen la investigación llevada a cabo por la Policía Nacional y apuntó que creen que ha habido un error de calificación por parte del titular al tratarlo como un caso de allanamiento de morada y reclaman que se instruya como atentado contra la intimidad.

El sindicato STAS sospecha que una de las cámaras ocultas no realiza efectos de control sino que espía directamente el acceso a estancias comunes como el comedor o el gimnasio. Asimismo, el responsable pide que se aclare si se instalaron conforme a la ley las cámaras en el interior del parque municipal.

Escobar manifestó que «huele a pasteleo» entre el subdelegado del Gobierno, Javier Corrochano, y el equipo de Rivas en la difusión de las informaciones sobre las investigaciones procedentes de la Policía Nacional.

Respecto al recurso de reforma, el titular del juzgado talaverano tendrá que optar entre desestimarlo y derivarlo a la Audiencia Provincial y aceptarlo y continuar con el procedimiento como un caso contra el derecho a la intimidad.