Los Servicios Sociales (SS.SS.) nacen con la vocación de ser una herramienta fundamental en la lucha contra la desigualdad, convirtiéndose en una garantía de acceso pleno a la sociedad, independientemente de la situación socioeconómica en la que se encuentre cada persona. Son un derecho básico, nuestro cuarto pilar, junto a la educación, la sanidad y la seguridad social. Desde la beneficencia y el mecenazgo, la sociedad contemporánea ha evolucionado al sistema actual de SS.SS. como derecho universal de la ciudadanía, la propuesta, de la “empresa pública-privada” que hace García Page, significa realmente, un claro retroceso en esta evolución y volver a situaciones de desregulación y discrecionalidad ya superadas.

Esta apuesta, que dice se hará con “mucha austeridad”, incidirá en la futura Ley regional del Tercer Sector “al permitir pautas de contratación mucho más estables”. Durante la primera jornada del Debate de Investidura, celebrado el 2 de julio, Page va más allá, prometiendo una “socialización de la recuperación económica” de nuestra Comunidad Autónoma, en base a un conjunto de políticas sociales, cifradas en la creación de 8.000 plazas públicas de residencia para mayores, 8.000 de Ayuda a Domicilio, 8.000 de Tele-asistencia y 40.000 valoraciones más del Sistema Público de Dependencia, durante los 4 años de la próxima legislatura.

Nada más y nada menos. Esta cantidad de prestaciones a cualquier persona de las que formamos parte del conjunto de las empleadas y empleados públicos nos puede sonar a una enorme Oferta Pública de Empleo para llevar a cabo unas prestaciones de tal envergadura, y que, por tanto, conlleve una estabilidad laboral y unos salarios justos y dignos para una buena cantidad de conciudadanos. Sin embargo, Page añade en su discurso la inminente aprobación de la Ley del Tercer Sector para poder “establecer programas y conciertos razonables “que garanticen este crecimiento de gestión de servicios públicos, es decir, adiós a esa posible Oferta Pública de Empleo, y adiós a su gestión 100% pública y directa.

 

Hola, privatización de los Servicios Sociales

Hagamos un poco de historia para comprender en qué medida peligran nuestros SS.SS., cuarto pilar del bienestar. Y cuáles son las fórmulas, más o menos engañosas, que, en pro de esa “austeridad”, mencionada por Page, harán pasar, si no lo evitamos entre todas y todos, la gestión de muchos SS.SS. a manos privadas.

1986: Los Servicios Sociales como Servicio Público

La Ley 3/86 de 16 de abril de SS.SS. de CLM, aprobada bajo la Presidencia de José Bono, trataba de solucionar la problemática existente en aquel momento en cuanto a la gestión pública de los SS.SS.

En su exposición de motivos recoge la ausencia de un sistema universal, lagunas legislativas, duplicidad de servicios, desequilibrios territoriales y control sobre las gestiones llevadas a cabo por entidades de iniciativa privada sin ánimo de lucro. La comunidad rural, la más perjudicada, apenas tenía acceso a servicios benéficos, prestados por instituciones privadas, “sobre-dotadas de medios y recursos por su facilidad de acceso a fuentes de financiación, y cuyos gastos nunca estaban plenamente justificados, sobre todo por la descoordinación de las distintas Administraciones Públicas”. Es en esta normativa donde se crea la actual estructura territorial de SS.SS.

Y su artículo 1 es toda una declaración de intenciones:

“La presente Ley tiene por objeto regular como Servicio Público de CLM y mediante un sistema de SS.SS., el conjunto de actuaciones que tienda a la prevención, eliminación y tratamiento de las causas que conducen a la marginación e inadaptación sociales, al tiempo que favorecer y garantizar el pleno y libre desarrollo de la persona y de los grupos sociales dentro de la Sociedad, promoviendo su participación en la vida ciudadana”.

 

2010: Los Servicios Sociales como negocio privado.

La Ley 14/2010 de 16 de diciembre, de SS.SS. de CLM, aprobada bajo la Presidencia de José María Barreda, es la norma que definitivamente vende la gestión pública de los SS.SS. a manos privadas, al abrir las puertas a esta posibilidad ya desde su exposición de motivos, al recoger que “la iniciativa privada desempeña un importante papel en el ámbito de los SS.SS.”, añadiendo “…posibilitando también la prestación de SS.SS. totalmente privados”

Y en su artículo 18 ya se recoge definitivamente esta privatización, en el caso de la prestación de SS.SS. de atención especializada (necesidades específicas de personas que requieren una atención de mayor especialización técnica), al recoger que éstos “podrán ser servicios de titularidad pública y privada”, y añade que se podrá “contratar, concertar o convenir con la iniciativa privada que sea titular de dichos servicios o de los centros desde los que se prestan”.

Servicios de atención especializada (los menos protegidos)

En la actualidad, las entidades sin ánimo de lucro (tercer sector) gestionan en su totalidad los SS.SS. de atención especializada. Son ya al menos 15 las entidades privadas que prestan este tipo de servicios en los ámbitos de mujer, menores, mayores, educación, vivienda o discapacidad.

Cuáles son las consecuencias en las que ha derivado este tipo de gestión:

  • Precariedad laboral del personal contratado por dichas entidades.

  • Falsas autónomas.

  • Contrataciones en categorías profesionales inferiores a las funciones desarrolladas y a las titulaciones exigidas para el puesto de trabajo (por ejemplo, personas tituladas en educación social, ejerciendo funciones de educadoras sociales, y contratadas como cuidadoras).

  • Recortes de derechos laborales.

  • El personal se ve obligado a admitir situaciones laborales contrarias y/o inferiores a los mínimos establecidos en los proyectos presentados para conseguir la gestión del servicio, por el miedo a perder el puesto de trabajo.

  • Repercusión directa y perjudicial en la calidad y cantidad de los servicios prestados a las personas demandantes de los mismos.

Servicios de atención primaria (privatización en fraude de ley)

Aun así, en su artículo 14, la Ley 14/2010 establece una protección de los SS.SS. de atención primaria (primer nivel de atención del sistema pº), dotándolos de “titularidad y gestión pública”, que “se desarrollarán en todas las zonas y áreas de SS.SS. de la Región, en el ámbito del municipio”, y que se organizarán y gestionarán “por la Administración Autonómica y las Corporaciones Locales”. Estos servicios, NUNCA podrían ser concertados o convenidos con entidades privadas y/o del tercer sector, y son los siguientes:

  1. Información y orientación.

  2. Estudio, valoración y acompañamiento.

  3. Atención a la familia o unidad de convivencia.

  4. Ayuda a domicilio

  5. Tele-asistencia domiciliaria.

  6. Alojamiento temporal para situaciones de urgencia social.

  7. Prevención y atención integral ante situaciones de exclusión social.

  8. Fomento de la participación social en el ámbito comunitario.

Sin embargo, en la práctica, a día de hoy ya existen prestaciones de atención primaria que, en claro fraude de Ley, han sido privatizadas:

  1. Tele-asistencia domiciliaria. Desde el mismo momento en que entraba en vigor la Ley 14/2010, la información sobre el servicio es prestada por personal público, pero la gestión la han llevado a cabo Cruz Roja y, actualmente, Tunstall Televida.

  2. Alojamiento temporal para situaciones de urgencia social. Esta prestación se encarga de forma prioritaria a Cruz Roja o Cáritas Diocesana.

Las directrices de las empresas para renovar anualmente proyectos, así como el interés económico como prioridad frente a empleos dignos, y en detrimento de la calidad de los servicios prestados a las personas que los necesitan, conllevan la redacción de unas memorias justificativas de estas entidades muy poco realistas.

Austeridad + Empresa público-privada: principio del fin

La austeridad que mueve a nuestros políticos de cabecera les obliga a no cuestionarlas jamás, aunque se alejen de la realidad bien conocida por el personal público. No hace mucho que la palabra austeridad se ha instalado en el imaginario de la población como sinónimo de recortes. Y, señor Page, no vamos a olvidarnos tan pronto de ello.

Page junto a su gobierno están confundiendo a los usuarios y a la población en general, metiendo en el mismo saco, tanto prestaciones especializadas como de atención primaria, a la hora de privatizar servicios públicos.

Sigamos. El artículo 31 de la Ley 14/2010 define al Área de SS.SS. como “la estructura territorial y organizativa para la coordinación de la atención primaria, así como para la planificación, desarrollo y evaluación de prestaciones tanto de atención primaria como especializada”. Y añade, y aquí está el comienzo del fin, que “para la gestión de las áreas de servicios sociales la Administración autonómica podrá promover fórmulas de gestión mediante agencias, gerencias, consorcios, mancomunidades u otras que faciliten el ejercicio de las competencias locales en el ámbito de los servicios sociales”.

Recientemente, poco antes de finalizar la anterior legislatura, las trabajadoras y trabajadores de las Áreas de SS.SS. de toda CLM fueron informados desde la Consejería de Bienestar Social sobre las novedades organizativas que les depara el futuro. Y no son otras que la creación de un Consorcio para la gestión integral de todos los SS.SS.

Definamos “Consorcio”. La Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, en vigor desde octubre de 2016, recoge en su artículo 118, que un Consorcio es una “entidad de derecho público, con personalidad jurídica propia y diferenciada, creada por varias Administraciones Públicas o entidades integrantes del sector público institucional, entre sí o con participación de entidades privadas, para el desarrollo de actividades de interés común a todas ellas dentro del ámbito de sus competencias”. Y añade que “podrán realizar actividades de fomento, prestacionales o de gestión común de servicios públicos y cuantas otras estén previstas en las leyes”.

La doctrina considera los Consorcios como entes locales, aunque no figuren en la Ley de Bases de Régimen Local, y susceptibles de llevar a cabo la gestión de Servicios Públicos locales. Por tanto cabe hablar claramente de una colaboración público-privada, que es ni más ni menos que la expuesta por Page en sus recientes declaraciones.

Por sus declaraciones, por su discurso de investidura, y por la incipiente aprobación de Ley del Tercer Sector de CLM, se extrae la clara conclusión de que la única política social que Page tiene en mente es privatizar de forma definitiva gran parte de los servicios de atención primaria que sobreviven como públicos, disfrazándolo de ente local (consorcio) donde se integren entidades del tercer sector (privadas) que gestionen y presten los SS.SS. en nuestra Comunidad.

Las consecuencias, que esto puede conllevar, aparte de las ya mencionadas en el apartado de la atención especializada, serán:

  • Repercusión negativa en la calidad del servicio prestado.

  • Echar por tierra el trabajo continuado y profesional de todo el personal que hasta ahora los prestaba.

  • La pérdida de derechos laborales ya adquiridos por el personal que desarrollaba los servicios hasta este momento.

  • El mantenimiento de una plantilla de personal público con competencias muy reducidas.

Una situación vergonzante para cualquier gobierno que se llega a autodenominar progresista, al que no le importa lo más mínimo garantizar la calidad y cobertura que el usuario destinatario, es decir, el protagonista verdaderamente importante de esta historia, reciba, a cambio de desprenderse de la responsabilidad de la prestación de unos servicios que deberían ser gestionados y garantizados de forma totalmente pública.

No solo exigimos que no se lleven a cabo estas nuevas privatizaciones. También queremos que se devuelvan a lo público los servicios que ya están en manos privadas. Es la única gestión que garantiza la dignidad, la igualdad, la calidad, la eficacia y la eficiencia de los servicios.

¡¡¡¡ QUE NO TE ENGAÑEN!!!!