La Administración tiene la intención de otorgar a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, la gestión de las incapacidades temporales por contingencias comunes.
Es decir las mutuas van a colaborar con el Sescam , en palabras del Director General de la Función Pública,en la realización de pruebas o en la rehabilitación que necesite el empleado público con el propósito de disminuir con ello el tiempo en que el trabajador está de baja, y reduciendo así las cifras de absentismo.

Todo ello nos lleva a plantearnos una serie de cuestiones, que de ninguna forma quedaron aclaradas en la reunión del Comité Regional de Salud Laboral celebrado el día 17.

¿Los informes que vayan a emitir las mutuas van a ir encaminados a dar el alta al trabajador, y se ejercerá con ello presión sobre los médicos de familia para que actúen en consecuencia. ¿interferirán a la hora de decidir si determinada prueba diagnóstica es necesaria o si el trabajador enfermo necesita más rehabilitación? Y si el trabajador en situación de baja está pendiente de una operación ¿obligarán a realizar la intervención a través de la Mutua si la lista de espera en el Sescam es larga?

Si la Administración esta preocupada por la salud y la pronta recuperación de los empleados públicos, lo que debe hacer es dotar de medios personales al Sescam, en lugar de despedir a médicos interinos, quitar servicios y cerrar quirófanos por las tardes…

Ni que decir tiene que de esa colaboración de las mutuas sólo nos vamos a «beneficiar» el personal funcionario y laboral de la Administración. No se extenderá ni al personal Docente ni al personal Estatutario del Sescam. No es que la Administración no vea necesaria su pronta recuperación, es que tiene claro a qué colectivos puede apretar, por si alguien tenía alguna duda.