28 de Abril: Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo

En toda Europa, millones de trabajadores están expuestos a sustancias peligrosas en su lugar de trabajo y la falta de control de los riesgos asociados puede perjudicar la salud de las personas de muy diversas formas.
La legislación europea establece las obligaciones de los empresarios en cuanto a la gestión de tales riesgos, y empresarios y trabajadores disponen de una ingente cantidad de documentos orientativos, aunque es preciso obrar con arreglo a los mismos si se desea proteger la salud de los trabajadores.
De acuerdo con una investigación reciente, el 19% de los trabajadores de la Unión Europea declara estar expuesto a vapores tóxicos durante una cuarta parte o más de su horario laboral, mientras que el 15% de los trabajadores tiene que manipular sustancias peligrosas como parte de su trabajo cotidiano.

Si no se gestionan adecuadamente los riesgos de utilizar sustancias peligrosas, la salud de los trabajadores se puede ver perjudicada de diversas formas, y los efectos pueden incluir desde irritaciones leves de los ojos y la piel, hasta asma, problemas reproductivos, patologías perinatales y cáncer. Estos efectos pueden deberse a una única exposición breve o a múltiples exposiciones, y la acumulación a largo plazo de sustancias en el organismo.
Las empresas de la Unión Europea están obligadas por ley a proteger a sus empleados de los daños provocados por las sustancias peligrosas en su lugar de trabajo. Las empresas deben realizar evaluaciones de riesgos y adoptar medidas basadas en éstas. La legislación también contiene disposiciones sobre la identificación y el etiquetado de miles de sustancias diferentes registradas en el mercado de la UE.

El estrés es el segundo problema de salud relacionado con el trabajo que más frecuentemente se denuncia en Europa y, junto a otros riesgos psicosociales, se cree que representa la causa de la pérdida de más de la mitad (50-60 %) de las jornadas de trabajo. Un entorno de trabajo psicosocialmente adverso puede tener importantes efectos negativos en la salud de los trabajadores.

Los riesgos psicosociales existen en cualquier lugar de trabajo, pero pueden evaluarse y gestionarse satisfactoriamente incluso si se cuenta con recursos limitados .Las campañas llevadas a cabo proporcionan apoyo y asesoramiento a los empresarios y trabajadores en cuanto a la gestión del estrés relacionado con el trabajo y los riesgos psicosociales y fomenta el uso de herramientas prácticas de uso sencillo para facilitar el proceso de su prevención y posterior tratamiento.

La responsabilidad última de la gestión de los riesgos corresponde a la empresa y a su alta dirección, pero sus esfuerzos estarán condenados al fracaso si los trabajadores no participan activamente.

A medida que se prolonga el periodo de crisis económica global que arrancó en 2008 se van oyendo más voces indicando que la situación en la que nos encontramos no es un paréntesis tras el cual volverán a recuperarse los ritmos de crecimiento y los derechos sociales y laborales se volatilizan por los recortes y las políticas de austeridad. Lo que en un comienzo se presentó como un momento de excepcionalidad pasajera se ha terminado por desvelar como la imposición de un nuevo programa económico, social y laboral al que la clase trabajadora y la ciudadanía en general deberán resignarse.El sector financiero para completar la implantación de un modelo de acumulación de apropiación de aquellos servicios públicos básicos que garantizaban la protección social y de los derechos laborales y ciudadanos conquistados a lo largo de décadas. En definitiva, un modelo que garantiza los beneficios a las élites a costa de la calidad democrática de nuestras sociedades.

Las políticas de austeridad impuestas por la Comisión Europea y la Troika a los Gobiernos europeos ,y en especial a los de la periferia del continente, han transformado nuestro país en una oleada recortes de servicios públicos básicos, de privatizaciones y en una reforma laboral que ha deteriorado gravemente el derecho a la negociación colectiva en las empresas y está logrando que el modelo precario se configure como hegemónico en la estructura socio-laboral española desplazando al empleo estable, con derechos y salarios dignos. Lo que se presenta por los tecnócratas de la Troika como un inevitable paquete de medidas para salir de la crisis no es más que la apuesta ideológica del neoliberalismo y la imposición a los países periféricos de Europa de un modelo productivo y de relaciones laborales que desmonta el Estado social, democrático y de derecho y nos acerca a un país bananero y de servicio de las multinacionales españolas y extranjeras.

En este preciso momento la salud laboral se ha convertido en uno de los objetivos que está en el punto de mira de las élites: el derecho a la seguridad y a la salud en el trabajo, uno de los objetivos centrales de las políticas sociales europeas, hoy es considerado un obstáculo que hay que superar para aumentar la competitividad de la economía europea. Esta argumentación no sólo se sustancia en un descenso de las inversiones en políticas preventivas en las empresas ,en los organismos públicos y semipúblicos que lastran nuestra seguridad y salud por las modificaciones legislativas impuestas..

Esta deriva desreguladora dió sus primeros pasos en Europa a mediados de la pasada década pero aceleró su escalada con la llegada de la crisis económica. Desde 2002 el instrumento utilizado con este fin ha pasado a denominarse Estrategia, y aunque a juicio del movimiento sindical europeo continúa siendo una herramienta imprescindible para lograr el propósito de la armonización, lentamente está sufriendo un desgaste en su concepción. Desde 2011 La Comisión Europea está ahondado en esta línea planteando sus dudas sobre la necesidad de una Estrategia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo en un contexto de crisis económica y afirmando que la prioridad debe centrarse en aliviar a las empresas de la carga administrativa de la legislación vigente. El desempleo se utilizan como elemento de chantaje para desplazar a la salud de los objetivos centrales de las políticas comunitarias.

Pero la vuelta de tuerca que finalmente ha ajustado todas estas políticas es la publicación el 2 de octubre de 2013 por parte de la Comisión Europea del programa REFIT (Adecuación y eficacia de la normativa: Resultados y próximas etapas), un documento que bajo el paraguas de conceptos como “regulación inteligente”, “simplificación legislativa” o “reducción de la carga reguladora”, oculta una de las mayores agresiones conocidas contra la protección social y del medio ambiente, la salud y seguridad de los trabajadores, los derechos de información y consulta y el diálogo entre trabajadoras/es con sus empleadores/as. En materia de prevención de riesgos ha conllevado, entre otras consecuencias, la decisión de no impulsar nueva legislación en materia de salud laboral en lo que resta del mandato de la Comisión, lo que supone paralizar las dos principales iniciativas legislativas comprometidas en la vigente Estrategia Europea, como son la revisión de la Directiva de Cancerígenos y la aprobación de la de Trastornos Musculoesqueléticos, y no trasladar a texto articulado acuerdos sectoriales firmados en el marco del diálogo social europeo.

Las políticas del Gobierno español, insertas en esta corriente ideológica y cuya máxima expresión es la Reforma Laboral de 2012, se ven reflejadas en cuestiones de salud y seguridad en el trabajo con la presentación del anteproyecto de reforma de Ley de Mutuas en diciembre del pasado año. La apuesta del Gobierno es la de configurar a las Mutuas como únicas entidades capaces de asumir la gestión de las nuevas prestaciones de la Seguridad Social y se hace por una supuesta mayor eficacia en el aprovechamiento de los recursos públicos, afirmación trufada de ideología neoliberal y que se desmonta con sólo leer los informes del Tribunal de Cuentas o con tener en cuenta el tremendo subregistro de enfermedades relacionadas con el trabajo que terminan derivándose a los servicios públicos de salud como enfermedades comunes (un descenso acumulado de cerca del 28% de las Enfermedades Profesionales notificadas desde 2008). La desaparición del concepto “prevención” del Fondo de Rehabilitación de las Mutuas reduce de manera significativa su competencia preventiva y demuestra el afán mercantilista de la reforma. La vinculación de los recursos públicos generados por las contingencias profesionales a las políticas públicas en materia de prevención han supuesto importantísimas reducciones de siniestralidad que hoy en día corre el peligro de repuntar (ya se vienen apreciando significativas ralentizaciones del descenso de la siniestralidad, tanto en términos absolutos como en índices de incidencia, en todos los sectores cuando no importantes incrementos como el caso del sector servicios).

Pero quizás sea la gestión de la Incapacidad Temporal por contingencias comunes, dando capacidad a la Mutua para proponer el alta sin existencia de acto médico y concediendo la consideración de silencio administrativo positivo ante la ausencia de resolución expresa del médico del sistema de salud, el elemento que demuestre de manera más palpable el carácter economicista de unas políticas fundamentadas que eliminan el derecho al restablecimiento de la salud a cambio de los intereses económicos de las empresas y que se basan en presupuestos falsos, en este caso una supuesta pérdida de competitividad debida unos elevados niveles de absentismo que la realidad nos indica que son similares a los de los países de nuestro entorno.