La Junta condenada a pagar 120.000 euros por despedir por SMS a dos conductores públicos

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha a través de la Sala de lo Social ha ratificado dos sentencias que estimaban las demandas interpuestas por STAS-CLM en el Juzgado de lo Social de Toledo, en las que condena al Gobierno de Cospedal a indemnizar con 68.924 euros y 49.523 euros respectivamente, a dos conductores públicos por ser despedidos improcedentemente en febrero de 2013, siendo condenada la Junta a pagar unas costas de 500 euros por cada demanda.

Los hechos se remontan a febrero de 2013 cuando a los conductores T.D.L como O.C.T que prestaban sus servicios como personal laboral de la Junta, se les comunicó vía SMS para que al día siguiente firmaran su cese en el puesto de trabajo.

Momento en el que el Jefe de Personal de la Consejería les comunicó verbalmente su cese a partir de dicho mismo día, sin que le fuera entregada carta de despido ni comunicada la causa del mismo, vulnerando el Convenio Colectivo y el artículo 55,1 del Estatuto de los Trabajadores, que especifica que toda clase de extinción contractual debe ser notificada por escrito al trabajadores, haciendo figurar los hechos que los motivan y la fecha que tendrá efectos.

«De esta manera el Gobierno de Cospedal vuelve a recibir un nuevo varapalo judicial por incumplir el derecho de sus trabajadores, reflejando la prepotencia de la Junta a la hora de tramitar los ceses de su personal, que al ser realizarlos de forma ilegal acaba suponiendo un importante desembolso de dinero público», se asegura desde el sindicato.

Lo que viene a demostrar, según esta organización sindical, «la incompetencia del director general de Función Pública, máximo responsable de personal en la Junta, en el desempeño de sus funciones, que ya ha sido condenado por el TSJ-CLM por vulneración de la negociación colectiva en el cese de los 400 interinos en agosto de 2012».

Por todo esto desde STAS-CLM exige que se depuren las responsabilidades políticas oportunas para que no se vuelvan a reproducir estos comportamientos, «que al final tenemos que pagar los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancdha, cesando inmediatamente al que ya puede ser calificado como el más nefasto director general de la Función Pública de la historia de la Junta».

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