Esta reiteración en la vulneración del derecho de información podría ser considerada en el futuro como una conducta antisindical.

La Consejería de Hacienda en particular, y la JCCM en general, vuelve a recibir un varapalo judicial, por vulnerar el derecho fundamental a la libertad sindical recogido en el artículo 28.1 de la CE, como ya ocurrió hace tan sólo un mes con la misma condena a la consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, o con los interinos cesados ilegalmente en 2012. En tan poco tiempo ya ha sido condenada tres veces por vulneración de los derechos fundamentales, en estos casos, el de libertad sindical.

El Juzgado de lo Social nº 2 de Toledo ha estimado la demanda presentada por el sindicato STAS-CLM, al considerar que la Consejería de Hacienda vulnero el derecho fundamental a la libertad sindical, artículo 28.1 de la Constitución Española, debido a que “la solicitud de información formulada por el sindicato demandante y la negativa a evacuar la información por la Consejería demandada aparece como indudablemente indicativa de una conducta quebrantadora del derecho fundamental a la libertad sindical en su vertiente de derecho a la información”. La sentencia condena a la Junta a facilitar esa información en el plazo de un mes desde la notificación de la misma.

Esta información se solicitó en el marco del Plan de Recursos Humanos (PRH) dentro de los cinco parque móviles de CLM, que en una reciente sentencia del TSJ fue anulado ante la demanda presentada por los cuatro sindicatos presentes en la negociación (STAS-UGT, CSIF y CCOO)

Los Tribunales dan un mes a la Junta para facilitar la información que negó a STAS-CLM pidiendo datos concretos que permitan cuantificar el trabajo a los efectos de la negociación en el marco de la reestructuración del personal mediante el Plan de Recursos Humanos planteado, ahondando en la reciente sentencia en el mismo sentido contra la Dirección General de la Función Pública.

De esta manera la Junta de comunidades de Castilla-La Mancha vuelve a recibir un duro varapalo judicial, dejando en evidencia la mala fe en la negociación que ha caracterizado a este gobierno durante toda la legislatura.