En el programa “Salvados” del pasado domingo, conducido por Jordi Évole, pudimos apreciar la inseguridad alimentaria en el sector de la industria cárnica. Es responsabilidad de las distintas administraciones garantizar dicha seguridad en todos los eslabones de la cadena alimentaria desde el cultivo de cereales y herbáceos, cría y alimentación de los animales, hasta la mesa del consumidor supervisando, a través de los controles oficiales, que los responsables de la elaboración de los alimentos cumplan con sus obligaciones, recogidas en las distintas normativas internacionales, comunitarias, nacionales y regionales. Estos operadores son dentro del sector primario los titulares de las explotaciones agrícolas y ganaderas y en el sector secundario los titulares de las industrias cárnicas cuando nos referimos a la carne.

En Castilla-La Mancha, el gobierno regional ha de supervisar que los titulares de explotaciones ganaderas cumplan con sus responsabilidades para anteponer la salud de los consumidores a la rentabilidad. Esto pasa por respetar las normas de bienestar animal en cuanto a instalaciones que eviten el hacinamiento, alimentación libre de contaminantes químicos como plaguicidas o sustancias prohibidas e identificación de los animales, evitando el estrés y las enfermedades con buenas prácticas de manejo (castraciones, raboteos, estabulación), etc. En este punto los inspectores técnicos de la Consejería de Agricultura (veterinarios) tienen un papel fundamental de control y vigilancia para que se cumplen todos estos requisitos.

También es importante que se valore el trabajo de los operarios, suprimiendo esas figuras de falsas cooperativas, que sirven para precarizar las condiciones laborales de colectivos desfavorecidos y castigados por la crisis como migrantes, mujeres con cargas familiares, parados de larga duración, etc. Estos trabajadores/as necesitan una jornada laboral justa, con retribuciones adecuadas, con reconocimiento del trabajo penoso, con garantías de su seguridad y salud laboral.

Por otra parte, el Gobierno regional debe supervisar que los transportistas de ganado tengan formación en las operaciones de carga y descarga y que cumplan con sus responsabilidades como tener vehículos idóneos y autorizados para el transporte de animales aptos.

La administración regional debe asegurar que los titulares de la industria cárnica cumplen con sus responsabilidades: contar con instalaciones diseñadas acorde a la normativa vigente y con conocimientos científicos que garanticen un procesamiento de alimentos seguros y saludables para el consumidor y prohibiendo la entrada en sus instalaciones de animales estresados, enfermos, mutilados o con malformaciones y promoviendo buenas prácticas de estabulación, conducción y aturdimiento de los animales y de las etapas posteriores.

Asimismo, la administración regional debe supervisar que la plantilla de técnicos de agricultura y salud pública sea suficiente (cubriendo todas las plazas presupuestadas y creando las que sean necesarias), dotándoles de los medios necesarios para ejercer su actividad (vehículos adecuados, vestimenta, tarjetas de identificación, kits de diagnóstico, etc.) y de reconocimiento como autoridad por parte de los operadores del sector cárnico y de su importancia en materia de salud pública, ya que velan porque no se produzcan intoxicaciones alimentarias, zoonosis, transmisiones de enfermedades infecto-contagiosas, etc. La administración regional debe, especialmente en los mataderos, contar con veterinarios oficiales para los controles oficiales y auditorías que se realizan en los mismos y para ello debe de atender a las peticiones que se le hace desde las/os representantes de las/os trabajadoras/es del cambio de las relaciones de puestos de trabajo (RPT) del personal que atiende a los mataderos adscritos a los Distritos de Salud. Este personal debe de formar parte de la RPT con denominación de veterinarios oficiales de matadero y dejar la de técnico de salud pública y así integrarse en la figura que se creó de Equipos de Matadero con el fin de unificar criterios, evitar competencias desleales, estar debidamente formados, cumplir una función inspectora más especializada, etc. Y, por supuesto, debe asegurar la seguridad y salud laboral de estos técnicos promoviendo procedimientos de actuación en casos de agresiones, amenazas, etc. por parte de los operadores y diseñando una adecuada evaluación de riesgos laborales incluyendo los psicosociales.

Desde STAS-CLM no queremos sembrar alarmismo, pero sí nos permitimos hacer una serie de recomendaciones al gobierno regional para evitar que el programa de Jordi Évole, o cualquier otro, aterrice en nuestra región con un escándalo de seguridad alimentaria que ponga en riesgo todo el sector:

1. Asegurar que los operadores del sector primario y secundario que producen carne cumplen con sus responsabilidades. Para ello se hace necesario en primer lugar que sean independientes política y económicamente de estos operadores.

2. Dotar de autoridad a los técnicos de agricultura y sanidad (veterinarios/as) y que les proporcionen de los medios personales y materiales necesarios incluyendo, por supuesto, dotación presupuestaria anual para tal fin. Asistiendo en los procesos judiciales a las/os inspectores por motivos de su actividad laboral. También, que la función inspectora sea realizada por profesionales bien formados y atendiendo a las RPT creadas.

3. Que la inspección se realice por sorpresa y no avisada con antelación evitando ver algo puntual que no tiene nada que ver con la realidad.

4. Reconocer la función de las organizaciones sindicales que recogen las propuestas de sus representadas/os y las hacen llegar en las reuniones con los sectores correspondientes y las/os defienden.

5. Evitar delegar esta función inspectora en empresas privadas o semipúblicas que desvirtúa la función de inspección.

6. Invertir en investigación+desarrollo, y por poner un ejemplo en técnicas de investigación para detección de aplicación de sustancias prohibidas aplicadas a los animales donde el mercado negro siempre va por delante, en técnicas de detección de enfermedades que corroboren las lesiones y sintomatología de los animales, elementos de detección de contaminación ambiental y su repercusión en el cambio climático, entre otras.

7. Cumplir y hacer cumplir la normativa vigente recogiendo los datos objetivos de las/os inspectores y cuando corresponda apercibiendo, sancionando, suspendiendo cautelarmente y cerrando los establecimientos o cualquier otra medida alternativa que evite el no cumplimiento de las exigencias requeridas.

8. Regular las condiciones laborales de este sector para que se eviten condiciones de explotación.

9. Actuar con humildad y honradez.

10. Invertir en lo público es invertir en el futuro de nuestra región.