Como sabéis, en el STAS la curiosidad nos vence tan a menudo que ya le hemos hecho hueco en nuestra RPT. En esta ocasión nos hemos preguntado por la externalización, prácticamente sistemática, del mantenimiento en los Centros Propios de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

No es una preocupación nueva ni por supuesto infundada. Pero antes del comienzo del verano atravesamos el Portal de Transparencia para dejar deberes veraniegos en 4 Consejerías: Agricultura, Bienestar, Empleo y Educación. Les solicitamos información sobre centros propios, nombre de las empresas encargadas de su mantenimiento, periodicidad, cantidades conveniadas, subrogaciones, posibles procesos judiciales…

 

El caso es que el tema da para película. Permitid la hipérbole en el símil, pero pareciera una especie de “El Lobo de Wall Street” en versión “colaboración público-privada”, donde el dinero público sustituye a los bonos basura y las empresas de mantenimiento hacen de ‘brokers’ enajenados. El resultado: un sistema, perfectamente engrasado para despilfarrar recursos a base de cuantiosos contratos, subcontratas y sin apenas equipos internos especializados, que se desliza por la siempre peligrosa pendiente del “siempre se ha hecho así”.

No hablamos de corrupción explícita ni de maletines en garajes oscuros, sino de algo mucho más cotidiano y, no por eso, menos dañino: un contubernio legal y costumbrista entre la administración y determinadas empresas privadas que convierte el mantenimiento de los edificios públicos de la JCCM en un agujero cuasi inabarcable. Es un modelo tan normalizado y tan asumido, que a fuerza de repetirse ha terminado por parecer inevitable.

 

Contrapesos internos

Y es que el mantenimiento de los edificios públicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha —centros donde se atiende a la ciudadanía y donde trabaja el personal empleado público— es un claro ejemplo de maltrato de dinero público. La externalización progresiva de este servicio esencial ha llevado a que hoy apenas exista personal propio y especializado que pueda garantizar una supervisión rigurosa de la ingente cantidad de tareas que estas infraestructuras requieren.

No hablamos únicamente de resolver incidencias cuando aparecen los problemas, sino también de contar con equipos cualificados que participen en la supervisión técnica de proyectos desde su diseño, evaluando riesgos y asegurando la correcta ejecución de las obras o servicios. Aspectos que requieren un conocimiento experto, con un lenguaje y conocimiento técnico que apenas puede ser interpretado y/o gestionado adecuadamente sin una formación muy específica.

Sin embargo, la interlocución con las empresas privadas se deja en demasiadas ocasiones en manos de personal no cualificado, lo que dificulta cualquier control real sobre el servicio y, sobre todo, sobre la correcta utilización de los recursos. Y muy importante, no olvidemos que este personal público no cualificado para estas tareas, se ve obligado a asumir una responsabilidad desproporcionada. Se les exige dar respuesta ante situaciones para las que no cuentan con la preparación técnica necesaria y, en última instancia, si surgiera un problema grave, podrían llegar a tener que responder incluso ante la justicia. La desproporción de esa carga incluso asusta, y demuestra hasta qué punto este modelo es insostenible e injusto.

¿Y quiénes están al otro lado del contubernio? Pues por poner solo algunos ejemplos, en los contratos de mantenimiento de la JCCM aparecen nombres de empresas privadas como Elecnor, Acciona, Clece (“Florentino power”), Ferrovial (sí, la que trasladó su sede social a los Países Bajos) entre tantas y tantas otras. Compañías que manejan numerosos y cuantiosos (aunque para algunas de estas empresas sean migajas) contratos con la administración autonómica, convirtiendo un servicio esencial en un negocio privado de significativas dimensiones.

No olvidemos, además, que existe una normativa cuyo riguroso cumplimiento obliga a velar por el correcto mantenimiento de estas instalaciones. Una obligación que exige la existencia de personal propio y especializado suficiente como para dar cuenta de dicho cumplimiento. Con la ordenación actual, esta exigencia prácticamente recae en empresas privadas que, lógicamente, anteponen su beneficio económico a cualquier otra consideración que pudiera poner tal beneficio en entredicho.

 

Recursos humanos en la RPT

Y como no puede ser de otra manera, en defensa de los servicios públicos de calidad (y seguridad) y por supuesto del empleo público, exigimos el refuerzo inmediato de las unidades técnicas encargadas de la supervisión de estos contratos. Directores/as, jefes y jefas de oficina, así como el resto de responsables de edificios públicos, necesitan contar con un apoyo experto, ágil y solvente cada vez que la situación lo demande.

Ya sabemos que esta administración lleva años apostando, con descaro, por la externalización de servicios que debieran ser de gestión eminentemente pública. En este caso —como en tantos otros— ese descaro nos puede estar saliendo muy caro. Y lo hace con un agravante: la reciente y polémica Ley de Simplificación Administrativa. No queremos dar ideas, pero con semejante marco normativo ya solo falta que nombren a las propias empresas de mantenimiento como “entidades colaboradoras” encargadas de supervisar el cumplimiento de los contratos asignados a la misma empresa…

En fin, permitid la contorsión dialéctica, tan inverosímil como peligrosa, pero que, con semejante apuesta por la gestión “público-privada”, no nos atrevemos a descartar.

 

De modo, que no podemos sino insistir en reclamar a la Administración Regional un aumento de este tipo de perfiles en las plantillas; tanto en todas las delegaciones provinciales, como en los servicios centrales, que por sus características así lo precisen. Específicamente perfiles vinculados a Ingenierías y Grados Industriales. Así como otros perfiles técnicos, como Edificación y Arquitecturas. En suma, disponer de una formación multidisciplinar que abarque la mayoría de las tecnologías presentes tal y como son la electricidad, mecánica, climatización, calefacción, eficiencia energética, etc.

Y aun si de cálculo de ahorro se tratara, convendría subrayar que invertir en recursos humanos especializados no es un gasto prescindible, máxime cuando esta deriva privatizadora sin la supervisión adecuada puede estar suponiendo un derroche nada desdeñable de recursos públicos.

 

S T A S
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