Una discriminación cada vez más difícil de justificar

Sin duda alguna, valoramos positivamente y aplaudimos que nuestras compañeras y compañeros del SESCAM hayan recuperado este derecho. Es una buena noticia para miles de empleados y empleadas públicas y una reivindicación que ya era hora que fuera atendida. Sin embargo, no podemos obviar que la recuperación de este derecho pone aún más de manifiesto la discriminación que sufrimos el resto del personal al servicio de la Administración regional.

Conviene señalar, además, que han transcurrido más de quince años desde la publicación de la Ley Regional de Empleo Público sin que se haya producido el desarrollo efectivo de la carrera profesional, reconocida en su articulado. Y no encontramos ninguna razón mínimamente plausible que justifique que una misma administración reconozca y financie la carrera profesional para una parte de su plantilla mientras sigue ignorando al resto. Hablamos de personal que también sostiene servicios públicos esenciales, que por supuesto también contribuyen al funcionamiento diario de la Junta y que llevan años viendo cómo un derecho reconocido legalmente continúa sin materializarse.

 

Carrera de facto por arriba y doble tirabuzón paradójico

Resulta especialmente llamativo que, mientras la carrera profesional sigue sin llegar a la inmensa mayoría de la plantilla, sí exista una carrera profesional de facto para los niveles más altos de la organización. La estructura directiva y los puestos de mayor responsabilidad continúan creciendo y consolidándose, mientras que la base administrativa y los servicios que sostienen el funcionamiento cotidiano de la Junta sufren plantillas insuficientes, pérdida de efectivos o, en el mejor de los casos, un estancamiento prolongado.

Además, se da la paradoja de que no pocas de las personas que ocupan estos puestos directivos o de responsabilidad nos hayan trasladado, en el marco de nuestra acción sindical, su preocupación por la inestabilidad que provoca en sus equipos la ausencia de una carrera profesional efectiva.

Hablamos de personal público con un elevado nivel de desempeño, experiencia y compromiso con el servicio público, que no tendrían inconveniente en continuar desarrollando su labor en puestos base, y que finalmente concursan no porque deseen abandonar esos equipos, sino porque la Administración carece de mecanismos que reconozcan y recompensen su desarrollo profesional allí donde ya están aportando valor.

Y siguiendo con paradojas, no podemos olvidar a quienes más estabilidad aportan a la organización y que menos posibilidades tienen de progresar. Nos referimos al personal destinado en municipios o en unidades donde apenas existen plazas alternativas y termina condenado a un estancamiento profesional indefinido si apuesta por mantener su residencia en dicho municipio o en sus inmediaciones. Pueden convertirse en referentes de sus servicios, asumir nuevas responsabilidades, formar a quienes llegan o garantizar el funcionamiento diario de la Administración, pero nada de ello tiene reflejo alguno en su carrera administrativa.

 

Es un derecho, no un privilegio. Castilla-La Mancha: excepción territorial

En definitiva, la carrera profesional no es un privilegio. Es un derecho que, insistimos, sirve como herramienta para reconocer la experiencia, el desempeño, el compromiso y la permanencia en el servicio público. Y no menos importante; permite fortalecer las organizaciones, mejorar la motivación de las plantillas y dignificar el trabajo de quienes sostienen la Administración día tras día.

Lejos de tratarse de una reivindicación excepcional o desproporcionada, la carrera profesional constituye ya una realidad consolidada en la práctica totalidad de las comunidades autónomas para buena parte de su personal empleado público, ya sea mediante sistemas plenamente implantados o a través de acuerdos de desarrollo progresivo.

Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco o, recientemente, el propio SESCAM en Castilla-La Mancha cuentan con mecanismos de carrera profesional en alguno o varios de sus ámbitos administrativos. De tal modo que la Administración General de la Junta de Comunidades sigue siendo una cuasi excepción territorial donde un derecho reconocido en la legislación autonómica continúa sin hacerse efectivo tras más de quince años de espera.

 

Iniciamos el recorrido y lanzamos una pregunta final

Es claro que sobran argumentos, y desde STAS-CLM hemos dado los primeros pasos para exigir formalmente la apertura de un proceso de negociación real que permita abordar esta cuestión de manera inmediata. Estudiaremos y utilizaremos todas las vías que estén a nuestro alcance para conseguir que este Gobierno Regional cese de considerarnos personal empleado público de segunda. Y en efecto, la carrera profesional, se convierta en un derecho real para TODO el personal de la Administración regional.

Cabe concluir pues, que la pregunta ya no es por qué debería implantarse la carrera profesional. Esa respuesta la dio hace años quien legisló a través de la propia Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha. La necesaria pregunta que nos tenemos que hacer es por qué, quince años después, sigue sin aplicarse únicamente al personal de un ámbito de la misma Administración.

 

 

S T A S
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