Lo primero es lo primero, desde STAS- CLM os queremos agradecer la estupenda acogida de nuestro anterior correo informando sobre la proliferación de ATDs en la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y sus respectivas Direcciones Provinciales. Han sido muchas las denuncias recibidas a raíz de esta comunicación, por parte de compañer@s funcionari@s de la Administración General que presta sus servicios en estos centros de trabajo en las cinco provincias.

Por otro lado, os informamos que hemos recibido contestación, que os trasladamos en archivo adjunto, por parte de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes (falta aún la contestación de la Dirección General de la Función Pública) al escrito de STAS-CLM donde se solicitaba el listado de los códigos de puestos de la RPT de personal funcionario ocupados por ATDs, así como las funciones que realizaban y la ubicación de cada uno de ellos.

En él solo se reconoce a 25 ATDs en toda la Región. ¿Nos toman el pelo? Solo en la Dirección Provincial de Toledo hay más de 20 y en la propia Consejería hay servicios que reúnen a más de 8 ATDs.

Pero, para qué oculta la Administración al resto de personal asesor, quizás sea no reconocer que los servicios se han quedado sin estructura administrativa ya que carecen de personal técnico, de gestión, administrativo o auxiliar y, en el mejor de los casos, si se conserva alguno de éstos cada vez se les da menos funciones o no son las adecuadas a su puesto.

O puede que no quieran reconocer la falta de garantías a la ciudadanía que participa en procesos de admisión de escuelas infantiles, colegios, ciclos formativos u otras enseñanzas ofertadas. Porque además de un mayor conocimiento de su trabajo, ya que se preparó para ello, superó su correspondiente oposición y tiene más experiencia, el personal funcionario sin compromiso político y/o personal con su jefe garantiza la transparencia, la vigilancia y el seguimiento de las normas en todas y cada una de las actuaciones que pasan por sus manos.

A lo mejor es para no reconocer que, mientras en la Consejería y las Direcciones Provinciales el número de puestos dados a dedo a Asesores Técnicos Educativos es desorbitado y continúa aumentando, se han ido suprimiendo de la RPT todas las plazas posibles de auxiliar administrativo en los Colegios Públicos y todas las plazas posibles de los IES e IESOs mermando las opciones del personal funcionario para moverse dentro o fuera de la provincia, que son muchos los que llevan años para poder acercarse a sus hogares, o mejorar el nivel dentro de la localidad, que son muchos los que han visto quebrada su carrera profesional por los recortes “selectivos” sufridos en los últimos años. Recortes para unos, que no para otros.

O quizá solo sea, y tal vez esto resulte lo más escandaloso, para no reconocer la forma que tiene el gobierno de entender la Administración Pública, no como el medio principal para atender los intereses de la ciudadanía, sino exclusivamente los suyos, transformándola en una extensión más de su partido en la que colocar a sus afines…

¿Dónde está el resto de asesores y asesoras? Sabemos que ocupan despachos enteros, servicios enteros, ¿Qué puestos previstos en la RPT desempeñan? Porque desde STAS- CLM recordamos al gobierno que la disposición adicional undécima, dice en el segundo párrafo del punto 4 de la Ley 4/2011 que “la relación de puestos de trabajo reservados al personal funcionario determinará, para cada órgano gestor de la Consejería competente en materia de educación, los puestos a los que pueden ser homologados” refiriéndose al “personal funcionario de carrera de los cuerpos de personal funcionario docente no universitario” del primer párrafo.

A la vista de este artículo, ¿se está cometiendo una ilegalidad? Desde STAS-CLM, anunciamos que estamos estudiando adoptar las medidas legales oportunas y aprovechamos esta comunicación para solicitaros todos los datos que nos podáis enviar al respecto: número de ATDs que hay en tu servicio, qué funciones están realizando, etc.

Entre tod@s debemos exigir una solución a un problema que no solo daña los derechos laborales y supone una falta de respeto por parte del gobierno hacia todo el funcionariado, sino que también perjudica a la ciudadanía de Castilla- La Mancha, cuyos hijos e hijas sufren las consecuencias en las aulas de este trasvase de personal desde centros educativos a centros administrativos, y ven reducidas sus garantías ante la Administración y despilfarrado el dinero de sus impuestos.