NO a las privatizaciones, no porque no ahorra dinero público, no porque no ofrecen un servicio de mayor calidad, no porque no impide conflictos laborales, no porque crea empleo precario, no porque es del todo incierto los servicios que la Administración nos vende que realizarán, no porque ya no engañan a nadie. El sistema neoliberal, de capitalismo feroz defendido por los diferentes gobiernos occidentales y puesto en práctica por administraciones de uno y otro signo a través de externalizaciones (“privatizaciones encubiertas”) de servicios públicos ha mostrado y demostrado en estos días de “crisis” que nos aquejan su falacia, su mendacidad.

Un discurso que trata de “refundarse” sin cambiar nada o casi nada. Es difícil cambiar el mundo cuando uno no es capaz ni de cambiar su propia muda. Nuestra administración regional desde luego no muestra el menor atisbo de “refundación” en sus vicios y costumbres, en los últimos meses hemos asistido, una vez más a su política privatizadora, cuesta sin freno que acometieron hace ya algunos años y que ante la opinión pública defienden como gestión diversa, como amplitud de mercado laboral u oportunidad de empleo, y que en círculos más reducidos o íntimos se permiten argumentar que les evita quebraderos de cabeza con los empleados públicos y les sale más barato; pues bien el último atropello, perdón penúltimo, o tropelía se ha realizado con la “externalización” de los servicios prestados por personal administrativo en los centros de educación. Podríamos aquí reflejar las condiciones precarias de ese empleo creado, el montante económico por el que se ha licitado, las condiciones del concurso de adjudicación, las plazas de empleados públicos que se han dejado de crear, … pero ni eso nos concede la administración regional, cautiva en su oscurantismo continúa negando la verdadera interlocución a las organizaciones sindicales que por activa y por pasiva, incluidas las mesas de representación del conjunto de empleados públicos, como las Juntas de Personal o Comités, le han pedido datos, explicaciones; pero no esta no es la interlocución que interesa, basta con ofrecer un “caramelito envenenado” cada dos o tres años en forma de pacto de interlocución en el que se trata de comprar el silencio por un puñado de liberados y unos pocos miles de euros. Se podrían seguir alabando las virtudes de las decisiones como la tomada por la Administración con sus externalizaciones, como éste mismo caso de los auxiliares de educación, por ejemplo el acceso a datos de menores por personal que no es empleado público, pero para que continuar cuando las denuncias de aquellos que no callan sirven para empapelar las papeleras de aquellos que mal venden nuestro bien colectivo, la administración de todos los ciudadanos castellano manchegos.

Solo la denuncia constante, la conciencia de los empleados públicos por defender un empleo digno y de calidad al servicio del ciudadano y la presión social que provoque la vergüenza pública de aquellos que privatizan los servicios que han de prestarse a la ciudadanía, podrán hacer reflexionar a esta Administración Regional.

Fernando E. Gómez García
Miembro del Sindicato STAS-CLM-i