Sindicatos en defensa de los funcionarios.
Concentraciones en los centros de trabajo el día 15 y manifestaciones en las capitales de provincia y en Talavera el 21
TOLEDO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) –
Los sindicatos representativos de los empleados públicos del Gobierno de Castilla-La Mancha no descartan convocar una huelga general en la función pública o en toda la región si continúan «las agresiones hacia lo público», y no descartan acudir a los tribunales para reclamar los derechos de los funcionarios de la región.
En una rueda de prensa conjunta, CCOO, UGT, CSIF, STAS-STE, SATSE, ANPE, USO, SIC-USAE y SAE han pedido a los empleados públicos y a la sociedad castellano-manchega que secunden los paros y las movilizaciones que han convocado para los días 15 y 21 de diciembre, a las que no se ha unido el sindicato médico CEM.
Concretamente, han pactado convocar paros de diez minutos en todos los centros de trabajo el día 15 de diciembre a partir de las 11.00 horas y manifestaciones en las cinco capitales de provincia y Talavera de la Reina el día 21 de diciembre a las 17.30 horas.
Además, los sindicatos han acordado crear un grupo de trabajo que se reunirá el próximo 11 de enero para analizar la situación y continuar con las medidas de movilización si fueran necesario.
A pesar de mostrarse dispuestos a negociar con el Gobierno regional, los sindicatos, que se han manifestado en contra de «imposiciones unilaterales», han dejado la puerta abierta a interponer un conflicto colectivo por vulneración del convenio y acudir a los tribunales por vulneración de derechos fundamentales.
Se trata de las primeras medidas de presión adoptadas por los sindicatos representativos de los empleados públicos de la región en contra de las medidas contempladas en la segunda parte del Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos, entre las que se encuentra una bajada del sueldo de los funcionarios en un 3 por ciento y el aumento de su jornada laboral en 2,5 horas.
NO QUIEREN SER LOS «PAGANOS» DE LA CRISIS
Los sindicatos se oponen a ser los «paganos» de la crisis y por ello se han puesto de acuerdo para «plantar cara» a las medidas anunciadas por Cospedal que, a su juicio, repercutirán en la calidad de los servicios públicos de Castilla-La Mancha y las condiciones de trabajo de los empleados públicos, cuyos salarios son la tercera vez que se tocan.
En este marco, los sindicatos han avisado que recortar el sueldo a los funcionarios, la mayoría de ellos ‘mileuristas’, incidirá de forma negativa en la economía regional, y ampliar la jornada en dos horas y media, en el caso de sectores como el sanitario, supondrá la perdida de puestos de trabajo.
Asimismo, todos han coincidido en criticar a Cospedal por privatizar algunos hospitales de la región y han advertido a la presidenta que con esta medida no creará más puestos de trabajo. También han considerado que privatizar la sanidad produce una «merma» de la prestación del servicio.