TOLEDO, 12 Jun. (EUROPA PRESS) –

Alrededor de un centenar de delegados de los sindicatos de la Función Pública, a excepción de CSI.F, se han concentrado frente a la Consejería de Administraciones Públicas, en Toledo, para hacer entrega de las «más de 15.000 firmas» que han recogido en los centros de trabajo de la región contra los privilegios salariales de los cargos públicos y el «recorte» en la prestación por Incapacidad Temporal (IT).

Según aseguran, se han recogido más de 15.000 firmas contra la reducción de la prestación por baja médica y más de 4.000 contra los privilegios salariales que tienen los políticos en la Ley de Presupuestos, tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas.

La coordinadora regional del sector autonómico de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Carmen Juste, ha señalado que el «recorte» en IT –incluido en la Ley de Medidas Complementarias– es «absurdo y abusivo», ya que «penaliza a las personas que caen de baja por enfermedad».

HASTA 350 EUROS MENOS

El representante de la Intersindical de Castilla-La Mancha, Gustavo Fabra, ha explicado que ante una baja por enfermedad el trabajador no cobraría durante los tres primeros días, mientras que del cuarto al décimo día recibiría el 60 por ciento de su sueldo y del undécimo al vigésimo, el 75 por ciento.

En este sentido, ha señalado que en un sueldo de auxiliar administrativo de 1.200 euros este «recorte» supone una reducción de 350 euros «en cuanto el trabajador esté más de 10 días de baja», algo que, según Fabra, ya se está dando en casos de operaciones programadas, gripes o accidentes no laborales.

Además, ha añadido que, «una vez que llegas al día 22, el seguimiento de la baja lo lleva la mutua Solimat –que está en manos del presidente de la Federación de Empresarios, Ángel Nicolás–, lo que hace que estas recuperaciones se lleven a ritmo de látigo para abaratarlo al máximo posible y que los empleados se incorporen rápido a sus puestos».

Según el representante de UGT, Miguel Guerra, con esta medida la Junta está intentado «criminalizar al empleado público» y está «matando moscas a cañonazos» al querer controlar la prestación por IT con «recortes». Sin embargo, el sindicalista ha recordado que existe «el régimen disciplinario, en caso de que haya algún abuso».

PRIVILEGIOS DE LOS CARGOS PÚBLICOS

Juste ha asegurado que los altos cargos públicos pueden acceder al nivel 30 (el mayor nivel que puede alcanzar un funcionario en su carrera profesional) «con tan solo dos años de prestación de servicios».

Asimismo, ha subrayado la «falta de ética» de los políticos de la región «al no aplicarse los recortes a los diputados de las Cortes Regionales, como se ha hecho con el resto de empleados públicos».

A este respecto, el representante de la Intersindical ha recordado que, «hace poco, los jefes de gabinete se subieron el nivel del puesto de un 28 al 30, lo que supone 4.000 euros más al año».

«Mientras ellos disfrutan de condiciones mejores, nosotros somos muchos menos empleados públicos –2.000 interinos menos en el último año– con condiciones retributivas y laborales mucho menores. Es injusto y una vergüenza», ha declarado.

UNIDAD SINDICAL

Aparte de la concentración de delegados, los sindicatos han mantenido una reunión en un ambiente de «unidad sindical histórica» que, según Fabra, «se va a mantener a lo largo del tiempo para defender los derechos, tanto de los funcionarios públicos como de los usuarios».

A preguntas de los medios sobre la ausencia de CSI.F, el representante de la Intersindical ha hecho un llamamiento a este sindicato para que «después de verano, cuando vuelvan las movilizaciones porque se plantea un otoño muy caliente, CSI.F deje de ser el sindicato amigo del Gobierno y venga con los trabajadores».

«Ahora mismo solo hay dos orillas, la del Gobierno que quiere recortar y la de los sindicatos y los trabajadores públicos que vamos a impedir que los servicios públicos que disfrutan todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha se vean desmantelados», ha sentenciado.

Además de las firmas, los sindicatos han entregado dos cartas dirigidas a la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, para que retire estas medidas y «restablezca la situación anterior en la que todos los empleados públicos cobraban el 100 por cien de sus retribuciones en situación de baja por enfermedad común».

Por su parte, el coordinador de FSES (AMPE y SATSE), Juan Francisco Ruiz, espera que estas firmas hagan «recapacitar» a los políticos de la región y que «empiecen a hacer las cosas hablando con los trabajadores y con sus representantes».