El Tribunal Superior de Albacete desestima el recurso presentado por la Junta contra la admisión a trámite de los recursos de STAS-intersindical y UGT contra la modificación de la RPT que supuso la desaparición de 700 puestos y el despido de sus ocupantes y condena a la Junta a costas.

El gobierno de Cospedal pretendía eludir la resolución judicial de los recursos interpuestos por STAS-intersindical y UGT, contra la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo por la vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical, en su vertiente de la negociación colectiva. Esta modificación supuso en el verano la desaparición de 700 puestos de trabajo y el despido de los interinos que los ocupaban.

Tras ser rechazada la pretensión del gobierno de Cospedal de que no se admitiesen a trámite dichos recursos, el gobierno no aprende y recurre la decisión, ganándose la reprimenda del Tribunal y la condena a pagar las costas, que, obviamente, pagaremos todas las y los castellanos-manchegos.

El auto del Tribunal Superior establece con rotundidad que “se cumplen sobradamente” las exigencias para que el recurso sea admitido, es decir, se recurre una vulneración del derecho a la libertad sindical en su vertiente de la negociación colectiva y se argumenta nuestra afirmación de que la negociación colectiva se ha visto vaciada materialmente de contenido hasta el extremo de que ha de considerarse defraudada.

El gobierno del PP muestra, con esta actuación, unos rasgos que marcan y definen gran parte de su política y que hacen que el gobierno sea: malo y torpe.

Malo, porque vulnera el derecho a la negociación colectiva precisamente en la imposición de la supresión de 700 puestos de trabajo, privando a la sociedad de los servicios que prestaban estos puestos y mandando al paro al personal que los ocupaba.

Y torpe, porque, su prepotente insistencia en evitar que se celebre el juicio, además de provocar el ridículo ante los tribunales también nos va a costar “ la pasta”, ya que la Junta ha sido condenada a pagar las costas, que obviamente no las va a pagar el alto cargo que torpemente ha tomado la decisión de recurrir.

Nos parece una grave irresponsabilidad, que en estos momentos de reducción de gastos, se emplee el dinero público en algo como esto, que no supone servicio alguno para la población y que viene dado por la prepotencia y la falta de respeto del gobierno de Cospedal a las personas y a las normas.

Toledo, 05 de noviembre de 2012.