SE ABRE LA VÍA A QUE FUNCIONARIOS DE CARRERA PUEDAN QUEDAR EN EXCEDENCIA FORZOSA
EFE
Según ha explicado, hay un grupo de 388 funcionarios de carrera que ahora ocupan puestos de adscripción provisional (359) o en encomienda de funciones (29) que están «en máximo riesgo», aunque no han precisado cuantos de ellos se podrán ver afectados.
Al suprimirse las 1.200 plazas ahora vacantes en la Administración Regional y no tener reserva de sus puestos de trabajo parte de este colectivo de 388 se podrá ir a su casa en «excedencia forzosa» dos años, cobrando el 80% de su salario base y después deberán esperar a poder concursar.
Difícil recolocación
Han explicado, asimismo, que aunque está prevista, sin fecha, la cobertura de 448 plazas en un concurso de traslado será «muy difícil de cuadrar» la recolocación para estos 388 funcionarios por la diversidad de grupos y categorías.
Entre los posibles afectados se encuentran jefes de servicio y también personal de libre designación del anterior gobierno socialista que han vuelto al trabajo pero sin reserva de plaza.
Estos sindicatos considerar «gravísimo» que se haya traspasado esta línea, pues aunque la legislación contempla la excedencia forzosa de los funcionarios, «nunca se había tocado» a este colectivo, lo que supone un «auténtico escándalo y una aberración en la historia de la Función Pública».
La supresión de estas 1.200 plazas ahora vacantes se suman a los miles de interinos y contratados que el Gobierno regional viene despidiendo desde que el PP llegó al Gobierno regional en junio de 2011, entre ellos los 700 despedidos este verano, han recordado.
Además, «se abre la puerta a la persecución política a los empleados públicos que no obedezcan las órdenes de sus superiores o responsables», lo que también puede condicionar el trabajo del resto de los empleados que vean como compañeros suyos se han ido a casa por no seguir el dictado de sus superiores, han dicho.
Supresión de 1.200 plazas
De las 1.200 plazas que se van a suprimir en la nueva RPT, 437 están en la consejería de Educación, 265 en la de Empleo y Economía, otras 262 en Fomento y 134 en Presidencia y Administraciones Públicas.
También hay 23 en Agricultura y otras tantas en el Instituto de la Mujer y de todas ellas treinta están ocupadas ahora por interinos que irán al paro, «muchos» agentes medioambientales de la consejería de Agricultura, a cuya titular han recordado que los incendios se apagan en invierno.
Además, la nueva Relación de Puestos de Trabajo de la Junta supone el «desmantelamiento de los servicios públicos para ponerlo luego en manos privadas» como ha ocurrido con el reciente convenio suscrito entre Asaja y la consejería de Agricultura y que permite que la organización agraria participe como entidad colaboradora en la gestión de los expedientes agrarios de la PAC.
Los representantes de estos tres sindicatos consideran que con este tipo de medidas, algunas de las cuales «rozan la ilegalidad» se vuelve a la administración del siglo XIX y se somete a los empleados públicos al dictado del partido político de turno.
Por todo ello han hecho un llamamiento a los empleados públicos y a la ciudadanía en general para acudir a las concentraciones que se han convocado para mañana, jueves, por la tarde en las cinco capitales de la provincia de la región.
Liquidador de lo público
Han acusado al consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, Leandro Esteban, de poner al frente de la administración pública a un «liquidador» de lo público, han dicho el alusión al director general de la Función Pública, José Manuel de la Fuente.
También han criticado el escaso margen de tiempo que les han dado para estudiar la RPT y han anunciado que en la Mesa de la Función Pública van a dar «la batalla», aunque creen que la RPT se aprobará tal cual está en un noventa por ciento.
Por su parte, Roberto Rincón, del sindicato CSI.F., mayoritario en la Función Pública regional, ha dicho a Efe que «no le parece bien» que funcionarios de carrera se vean abocados a una excedencia forzosa, a los que se debería dar una plaza.
Respecto a la RPT en si creen que no tiene sentido mantener las 1006 plazas que no están dotadas económicamente en los presupuestos de la Junta de 2013, pero si se deberían cubrir las restantes hasta las 1.200.