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Pobre y triste imagen la que ofreció el Consejero de Hacienda y AAPP, en la Mesa General extraordinaria celebrada ayer para tratar la sentencia de TC que tumba la jornada de 35 horas. El mensaje que mandó al personal público, en el que nos invitaba literalmente “a jodernos y a aguantarnos”, define claramente el papelón que hizo Ruiz Molina.

Pobre, porque ni tenía un Plan alternativo, ni fue capaz de tener en cuenta una sola alternativa planteada desde la parte social, dejando tirados en la cuneta a los empleados y empleadas públicos , con la resignación como única solución. Y triste, porque la imagen que ofreció ayer Alfonso fue la de un Consejero agotado y sometido por el cerco neoliberal de Montoro, que no cuenta con un proyecto definido para la Función Pública, y que cada vez deja más claro que los servicios públicos no son un elemento prioritario para este gobierno.

Las actuaciones previas a la reunión ya denotaban la poca seriedad con la que afrontaba el gobierno esta reunión, a la que nos citó para hablar de una sentencia que no adjuntó en la convocatoria y que tuvimos que buscar en los medios de comunicación. Y para colmo, al Consejero no se le ocurrió otra cosa que convocar a la prensa antes de que se celebrase la reunión, lo que nos hacía presagiar que se trataba más de un circo que de una mesa de negociación para buscar salidas al atolladero en el que nos habían situado Montoro y sus muchachos.

Una vez iniciada la reunión el Consejero no hizo otra cosa que repetir lo que ya había anunciado en prensa  y que hoy hemos podido leer en su panfleto oficial (castillalamancha.es): que la jornada de los empleados públicos será con carácter definitivo de 37,5 horas, que no puede haber “ninguna propuesta ni ninguna actuación que suponga que el Gobierno regional actúe de forma ilegal con este asunto” y que “no hay ninguna alternativa porque lo que hay que hacer es acatar la sentencia”. Resumiendo: ¡ajo y agua!

Lejos de aceptar el desaliento que nos ofrecía el Consejero como salida, desde la parte social se expusieron una batería de medidas para que el gobierno regional pudiera actuar de forma legal y acatando escrupulosamente la sentencia. Medidas basadas en la implantación de la “teleformación”, que viene recogida como un derecho individual del personal público en el artículo 14 g) del EBEP, y que permitirían aplicar una jornada efectiva de 35 horas, conciliando la vida laboral y familiar y creando empleo público, lo que además repercutiría en la calidad y modernización de los servicios públicos. Todas ellas fueron rechazadas sin tan siquiera pararse a analizar la viabilidad organizativa y presupuestaria de las mismas.

Pese a todo esto, desde Intersindical no nos resignamos, y hacemos un llamamiento a todos los sindicatos y trabajadores y trabajadoras de la Junta a hacer un frente común en defensa de la jornada de 35 horas. No puede ser que tras cuatro años de movilizaciones continuas contra los recortes de Cospedal, ahora demos por finiquitada esta reivindicación sin al menos mostrar nuestra indignación ante las actuaciones de los gobiernos central y regional.

Por la calidad de los servicios públicos, y por la dignidad de sus trabajadores y trabajadoras.