Hace aproximadamente dos meses lanzamos un SOS por los Centros Base. Pues bien, en el de Ciudad Real la Administración ha respondido lanzando un flotador… y un parche. Respuesta tan reveladora como insuficiente: dotar ¡ya era hora! dos plazas de personal auxiliar administrativo —nos preguntamos a qué esperan para crear estas plazas en la RPT propia del Centro Base—. Y el parche que venimos a denunciar: recurrir además a una encomienda de gestión con TRAGSA para la contratación temporal de cinco personas durante apenas dos meses destinadas exclusivamente a grabar expedientes.
Desde STAS queremos manifestar nuestro más frontal y contundente desacuerdo con esta decisión. Y aunque toda incorporación de personal público es bienvenida, no nos va a impedir denunciar lo que consideramos una grave irresponsabilidad política: intentar sostener un servicio público esencial mediante parches temporales y fórmulas externalizadas que en nada resuelven los problemas estructurales que lo aquejan.
Y es que la situación de los Centros Base de la región, y en particular el de Ciudad Real, continúa dejando en evidencia el abandono institucional que sufre este servicio público esencial. Algo que se traduce en que la mayoría de personas solicitantes del reconocimiento del grado de discapacidad pueden llegar a soportar esperas cercanas a los dos años para obtener resolución.
No estamos ante un problema coyuntural ni ante un pico puntual de carga de trabajo. La propia evolución de las listas de espera, el volumen de expedientes pendientes y la situación sostenida de sobrecarga que soporta el personal del Centro Base evidencian desde hace años un problema estructural de insuficiencia de recursos humanos. Y no pareciera la mejor opción solventar un problema estructural mediante fórmulas eventuales, externalizadas y precarias.
A propósito del modelo; remiendo excepcional o aviso a navegantes
La Administración regional nos interpela en cuanto a este modelo de gestión: no reforzar de manera suficiente los servicios públicos apostando decididamente por el empleo público, y sí recurriendo a mecanismos de externalización para intentar neutralizar situaciones de las que ella misma ha sido testigo ausente durante su constante y progresivo deterioro.
No podemos obviar que la encomienda a TRAGSA supone además un paso especialmente preocupante en un ámbito particularmente sensible. El reconocimiento del grado de discapacidad no constituye un servicio accesorio ni una actividad meramente instrumental: implica el ejercicio de potestades públicas y el reconocimiento de derechos subjetivos con efectos directos sobre el acceso a prestaciones económicas, recursos sociales, apoyos educativos, laborales y sanitarios.
Por ello, más allá del eventual y lícito encaje jurídico que pudiera sostener esta decisión, desde STAS-CLM nos vemos en la obligación de señalar y cuestionar su elección. Porque optar por acudir a empresas públicas instrumentales para sostener tareas vinculadas a servicios esenciales en lugar de reforzar adecuadamente sus propias plantillas… Remarcamos: está enviando un mensaje muy peligroso sobre el modelo de gestión “pública” que pretenden apuntalar.
Igualmente, no podemos olvidar además que esta decisión se produce en un contexto donde ya advertimos públicamente de la creciente y manifiesta apuesta de esta Administración —y de la Consejería de Bienestar Social en particular— por el tercer sector. En este contexto, nos cuestionamos respecto de si esta encomienda será un hecho aislado, o un paso más dentro de una estrategia política consciente, que lejos de fortalecer, parchea y debilita progresivamente lo público.
Un poco más de lo mismo: cuestión de voluntad política…
Resulta especialmente significativo, además, que mientras se recurre a fórmulas extraordinarias de este cariz, continúen existiendo numerosas plazas de este tipo sin dotar en la propia Delegación de Bienestar Social de Ciudad Real y este centro haya quedado fuera de los refuerzos que por fortuna y muy necesariamente sí han recibido otras provincias. De modo que, la Administración reconoce implícitamente la falta de personal, reconoce el colapso existente y reconoce la necesidad urgente de intervención, pero al refuerzo estructural le suma una medida chapucera y de corto recorrido.
Todo ello, mientras la ciudadanía viene soportando demoras absolutamente inaceptables para acceder a derechos reconocidos legalmente, y el personal de los Centros Base sigue desarrollando su trabajo bajo niveles de presión y sobrecarga difícilmente sostenibles.
Y de nuevo lo subrayamos: el problema no se solucionará grabando expedientes durante dos meses mediante una encomienda externa. El problema únicamente se resolverá con voluntad política, dotación presupuestaria suficiente y una apuesta real por reforzar las plantillas públicas de forma estable. E incluyendo el reconocimiento del complemento de atención al público para el personal auxiliar administrativo que en efecto realiza esta tarea.
Y aun siendo plenamente conscientes de las incertidumbres y riesgos que puede traer consigo la Ley de Simplificación Administrativa (lo que nos quedará por ver, amigos y amigas), al igual que nos destacamos y significamos en la lucha y denuncia contra dicha norma, no vamos a renunciar a nuestra obligación de denunciar cualquier avance hacia modelos que vacíen, degraden o desdibujen la gestión pública directa de servicios esenciales.
Los Centros Base de esta región, y por coyuntura el Centro Base de Ciudad Real que en este texto nos ocupa, necesitan más personal público, más medios y una respuesta estructural seria y sostenida en el tiempo.
Señalaremos y denunciaremos cualquier intento político semejante de contener un deterioro que ya resulta imposible ocultar.
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