Los sindicatos FSES (SATSE y ANPE), CCOO, UGT, INTERSINDICAL C-LM (STE, STAS y SF), USO, SIC-GS y USAE invitamos a la empleadas y empleados públicos de Castilla-La Mancha a manifestar conjuntamente nuestro malestar y nuestro rechazo al Proyecto de Ley de Medidas Complementarias, que supone la segunda parte del Plan de recortes.

1. Rechazamos rotundamente el hecho de que en una situación como la que estamos, con 5 millones de trabajadores/as en paro, en lugar de tomar medidas que sirvan para crear empleo y consecuentemente dinamizar la economía, nuestro gobierno regional adopte medidas que inevitablemente crearán más paro en el sector público de forma directa e indirectamente también en la empresa privada. Este nuevo incremento del número de trabajadores parados se suma al producido en los últimos tiempos y especialmente desde que el 31 de agosto la presidenta Cospedal anunciase su primer plan de recortes.

2. A esta agresión al empleo se suma el anuncio de privatizaciones en Sanidad y en Educación. Poner el empleo y la gestión de lo público en manos de empresas privadas lleva consigo que algunos acaben haciendo negocio con los servicios y, como nos muestra la experiencia, aplicando criterios economicistas que recortan puestos de trabajo, empeoran la atención a la ciudadanía y disminuyen la calidad de los servicios públicos.

3. No estamos dispuestos a consentir que el Estado del Bienestar que tanto trabajo nos ha costado conseguir, y cuyos principales pilares son los servicios públicos universales y de calidad, se vaya desmantelando y lo público se convierta en una red asistencial deficiente para los más desfavorecidos, mientras que la atención de calidad quede reservada a quienes pueden pagarla acudiendo a una empresa privada.

4. Este segundo Plan de Recortes carga una vez más contra los empleados públicos, que, pese a no haber sido los causantes de una crisis que todos padecemos, venimos soportando recortes en nuestros salarios y en nuestras condiciones laborales por parte de los gobiernos del Estado y de la Comunidad Autónoma, con independencia de su signo político. Es indignante, por injusto y por recurrente, que se convierta a los empleados públicos en chivo expiatorio de los males de nuestra economía y de la irresponsabilidad de nuestros gobernantes. Se intenta transmitir la imagen de que somos unos privilegiados, pasando por alto que al hablar de empleados públicos es necesario hablar de funcionarios, de personal estatutario y de personal laboral, colectivos con condiciones muy diferentes y cuyo nexo común es superar una prueba selectiva donde los principios de igualdad, mérito y capacidad son el garante de su independencia y legalidad. Interesadamente se olvida que la mayoría de los empleados públicos tienen retribuciones escasas que, en muchos casos, no llegan a los 1000 € y que no todos tienen trabajo fijo ni mucho menos, sino que el índice de precariedad que soportan interinos, sustitutos, etc., está por encima de la mayoría de las empresas privadas. Y no sólo pagamos la crisis con una disminución de nuestras retribuciones, sino que se aprovecha la situación para eliminar derechos sociales y laborales conseguidos tras muchos años de lucha y de negociación.

5. Y todo ello se lleva a cabo ignorando la obligación legal de consultar y negociar con los trabajadores afectados y con sus legítimos representantes la aplicación de medidas que afectan a sus condiciones laborales y económicas. El gobierno regional demuestra un desprecio absoluto la negociación colectiva, pues o bien no reúne las mesas negociadoras o, cuando lo hace, se limita a informar de decisiones previamente adoptadas que empeoran sustancialmente la situación de los trabajadores y de los servicios y de las que pretende hacernos sabedores o cómplices.

Mucho nos tememos que la aplicación de las medidas contenidas en los dos planes de recortes aprobados por el gobierno y otras que puedan venir empeoren en los próximos meses aún más la situación que vivimos en este momento. Es por esto que pensamos que debemos prepararnos para dar una respuesta contundente sostenida en el tiempo. Con este fin convocamos concentraciones y manifestaciones el pasado mes de diciembre y, reunidos de nuevo en el mes de enero, hemos acordado un conjunto de movilizaciones de intensidad creciente hasta el 29 de febrero, que contiene asambleas, concentraciones, manifestaciones y huelga para conseguir que el gobierno dé marcha atrás en sus agresiones y renuncie a seguir agrediendo a los empleados y a los servicios públicos.

Queremos contar con todos los empleados y empleadas públicos. Es mucho lo que nos jugamos y todos debemos defenderlo. Por eso pedimos la participación masiva de todos los trabajadores y de aquellos usuarios de los servicios públicos en las acciones que propongamos en su defensa.