Con la manifestación del pasado sábado todavía coleando y mirando ya a la huelga del próximo día 29, trabajadores de la Junta participaron ayer en las concentraciones que se repitieron en algunos puntos de la ciudad para mostrar su rechazo a las medidas de recorte del Gobierno regional y también su disconformidad con la reforma laboral aprobaba el pasado viernes. En concreto, en torno a cien empleados públicos alzaron su voz en la puerta de la Consejería de Administraciones Públicas de la capital respondiendo así a la llamada de UGT, CCOO, SIC-GS, Intersindical y USO.
Carlos Amieba, secretario de Organización de la Federación de Enseñanza de CCOO, transmitió «el malestar» de los empleados públicos con la Ley de Medidas Complementarias que, según explicó en la pasada jornada, «empeorará las condiciones de los trabajadores suponiendo un retroceso histórico y el despido de 1.000 interinos en educación, en la sanidad y en la administración».
De ahí que insistieron en los efectos que estas medidas «ya están teniendo en la calidad de los servicios» que se están prestando a los ciudadanos.
Gustavo Fabra, de la Intersindical de Castilla-La Mancha, además animó a salir a la calle este próximo domingo 19 con el objetivo de «parar la reforma laboral». «No pueden atacar de esta forma nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras».
En este punto, insistió en que la huelga del día 29 de febrero tendrá como objetivo «no sólo defender nuestros derechos sino también el derecho de los usuarios para disfrutar de unos servicios públicos de calidad, universales y gratuitos, que tienen que ser gestionados de forma directa por empleados públicos que han aprobado su plaza por oposición con igualdad, mérito y capacidad, algo que los de libre designación no pueden decir». Eso sí, puntualizó que no permitirán el debate que «apunta que los servicios que están privatizados tienen la misma calidad, se está demostrando que esto es falso».
Así las cosas, esta acción sirvió para denunciar «cómo se está destruyendo de forma tan salvaje el empleo público en la comunidad de Castilla-La Mancha».
Además, Fabra calificó de «insólita» la posibilidad que «abre la reforma laboral de que se produzcan dentro de la administración expedientes de regulación de empleo de personal laboral fijo». Es más, a su juicio «lo más grave es que la presidenta María Dolores Cospedal no tardó en decir que no quería aplicar de forma grave estas medidas, pero dejando abierta la posibilidad».
Desde UGT, Beatriz Tormo invitó a los diputados de las Cortes de Castilla-La Mancha a que retiren la Ley de Medidas Complementarias y «se sienten a negociar» porque, recordó, que tanto el Estatuto Básico del Empleado Público como la Ley de Función Pública de Castilla-La Mancha recogen que «todo lo que esté relacionado con los empleados públicos tiene que pasar por la mesa de negociación» por lo que «es ilegal lo que han hecho». «Si vienen a negociar otro documento, la huelga del día 29 será anulada porque es hora de que escuchen a la ciudadanía porque se están cargando el estado de bienestar»