LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN PRETENDE REDUCIR EL NÚMERO DE PROFESIONALES DEDICADOS A INTEGRACIÓN

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha está cocinando una nueva agresión contra la educación pública, contra los interinos (esta vez no funcionarios sino laborales) y contra el eslabón más débil del sistema educativo: los alumnos con necesidades educativas especiales. Marcial Marín tiene la intención de poner en marcha para este mismo curso 2012/2013 un proyecto para agrupar en siete centros de cabecera a dichos alumnos, así como a los profesionales que atienden sus necesidades educativas y asistenciales: Auxiliares Técnicos Educativos (ATE), Diplomados Universitarios en Enfermería (DUE), Fisioterapeutas y Técnicos en Interpretación de Lenguaje de Signos (TEILS) que hasta ahora prestaban atención a los niños discapacitados en los diferentes centros educativos de la región.

Desde STAS-CLM queremos hacer las siguientes consideraciones al respecto:

1) De llevarse a cabo dicho despropósito, la Consejería estaría incumpliendo lo establecido en la Constitución Española (artº. 14 y 27), en la LO 8/1985 del Derecho a la Educación y en la Ley de Educación de C-LM que establece que “la respuesta a la diversidad del alumnado se regirá por los principios de igualdad de oportunidades y acceso universal, normalización, inclusión escolar e integración social”. ¿O tal vez, piensa el PP modificar toda esta normativa para adecuarla a sus propósitos como con la famosa sentencia que prohibe la subvención pública a los colegios que segreguen por sexo?

2) Resulta inconcebible que, una vez más, la Administración Regional presente dicho proyecto con el trágala de que servirá para aumentar la calidad del servicio y para optimizar recursos, porque lo cierto es que va a obligar a los menores a abandonar su colegio y su entorno social para desplazarse diariamente a otro centro y/o localidad. Si lo que se pretende es reducir el número de profesionales que se dedican a hacer posible el mandato constitucional arriba reseñado, resulta obvio que ello va a repercutir negativamente en la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales.

3) Esta medida afecta a un conjunto de trabajadores/as que, ya antes de la aplicación de esta medida, se encuentran discriminados en sus condiciones laborales, puesto que, en la inmensa mayoría de los casos, se hayan vinculados a la Junta a través de contratos discontinuos y a tiempo parcial. Sólo en la categoría de ATE, afectaría a 220 trabajadores/as en toda la región (la mitad de ellos en Toledo).

Por todo ello, desde STAS-CLM Intersindical, consideramos que esta amenaza que pesa sobre el personal laboral y funcionario viene a sumarse a la escandalosa poda de interinos docentes para el próximo curso y se inscribe en un ataque generalizado contra la Educación Pública, para dejar ésta en manos de la iniciativa privada. De igual forma, vamos a poner en marcha todos nuestros recursos jurídicos y de movilización para hacer frente, junto con los padres y madres, a esta medida injusta y arbitraria, que hace recaer el peso de la crisis en el sector más débil del sistema educativo.

Toledo, 28 de agosto de 2012

NOTA DE PRENSA