Toledo, 29 de noviembre de 2024. Mediante el presente manifiesto denunciamos el riesgo de privatización que supone la Ley de Simplificación y Agilización Administrativa de Castilla-La Mancha que está preparando el Gobierno Regional, norma que actualmente se encuentra en anteproyecto de Ley a la espera de su tramitación en las Cortes de Castilla-La Mancha.

Dicha privatización se enmascara en unos fines perfectamente asumibles y que compartimos: la necesidad de crear una “Administración moderna, más dinámica y centrada en asistir a la ciudadanía, actualizando la organización y funcionamiento de la Administración Regional”. De la misma forma que podemos estar de acuerdo en que es preciso “facilitar la simplificación y agilización de las actuaciones de la Administración Pública, al objeto de mejorar la calidad y rapidez del servicio público que se ofrece a la ciudadanía”.

Si bien, de ninguna forma compartimos el planteamiento propuesto para alcanzar tales fines. Especialmente haciendo uso de una figura que la norma introduce: las Entidades Colaboradoras; a las cuales atribuye “funciones de comprobación, inspección y certificación en determinados procedimientos y áreas de la Administración regional”. Concretamente: “área de servicios sociales, sanidad, urbanismo, gestión forestal, calidad ambiental, economía circular, actividad cinegética, patrimonio cultural, promoción empresarial, trabajo, empleo, formación profesional y turismo, así como “cualquier otra materia competencia de la Administración Regional”. Estas Entidades se financiarán cobrando una prestación económica a la ciudadanía que requiera sus servicios.

De modo que, con el plausible pretexto de agilizar trámites, abren la puerta a la iniciativa privada en materias tan sensibles como las mencionadas. Para lo cual, entre otras medidas, la norma otorga una especial preponderancia a la Declaración Responsable. Fórmula que podría ser utilizada por las Entidades Colaboradoras, tanto como para constituirse como tales, como en sustitución de autorizaciones, licencias y el resto de intervenciones administrativas, con el consiguiente riesgo de perjuicio irreversible para el interés general que ello conlleva. Perjuicio que, especialmente en determinados ámbitos, difícilmente pudiera ser resarcido una vez causado.

El legislador propone modificar normativas reguladoras de distintos ámbitos, donde en lugar de blindar la gestión pública, de forma manifiesta la debilita.  Por señalar algunos ejemplos: modifica la Ley de  Servicios Sociales; ámbito en el que, por gozar de especial protección, queda expresamente fuera de la Directiva que “primeramente causa” la regulación de la Ley. En Patrimonio Cultural; donde la norma permite un cambio de uso a través de una mera declaración responsable. Respecto de la Ley de montes; donde las funciones que vinculan a las Entidades Colaboradoras suponen un atentado directo contra la gestión forestal pública. De igual modo sucede con la Ley de Caza, la Ley de Economía Circular y la Ley de Evaluación Ambiental. En definitiva, renuncias y delegaciones que pareciera vienen incluso a cuestionar el desempeño encomendado al personal funcionario.

Con el riesgo añadido de que, además, la Ley plantea revisar los silencios administrativos modificando el sentido positivamente cuando la normativa lo permita. Reseñable es también, el que los contrapesos que la norma establece para dar respuesta a posibles actuaciones indebidas resultan, en todo caso, insuficientes. Hecho relevante, conviene insistir, habida cuenta del potencial daño que tales actuaciones pudiera ocasionar en las áreas concernidas.

Así pues, los/as abajo firmantes nos posicionamos radicalmente en contra de que la mejora de los servicios públicos, que el legislador con esta norma plantea, se sustente y se sustancie en manos privadas; sea cual sea el sector al que pertenezcan. No concebimos que el camino hacia la modernización de la Administración Pública sea la delegación de incluso las más elementales potestades públicas; aun sin renunciar a la potestad de supervisión.

Asimismo, suscribimos el presente manifiesto en defensa de unos servicios públicos sólidos. La norma que aquí se cuestiona pone en tela de juicio tal solidez; permea servicios cuya esencialidad es precisamente, y ha de seguir siendo, salvaguarda de una atribución incuestionablemente pública. Defendemos pues, el blindaje de tal salvaguarda y que la apuesta por mejorar y modernizar nuestra Administración Regional ha de pasar por reforzar la propia estructura pública. Estructura que, además, progresivamente constatamos cómo se va mermando en la base (plazas de carácter administrativo) y reforzando en la cúspide (puestos de carácter eventual ligados a designaciones discrecionales).

S T A S
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Gobierne quien gobierne

 

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