PATRIMONIO PÚBLICO DEL MEDIO NATRUAL | ¿Por qué lo llaman simplificar cuando quieren decir privatizar?

 

Los montes de utilidad pública y las vías pecuarias, tanto por las funciones que cumplen como por la superficie que ocupan, son un importante patrimonio común, gestionado por la JCCM desde la actual Consejería de Desarrollo Sostenible (o la que en cada momento tenga las competencias en materia forestal). Sí, a pesar de que son de propiedad pública concreta (en la mayoría de los casos: JCCM o los Ayuntamientos), son “fincas públicas”, cuya defensa y salvaguarda corresponde (actualmente y desde el S. XIX) a personal funcionario con competencias en materia forestal. Muchos espacios naturales protegidos, muchas rutas de senderismo, áreas recreativas y terrenos destinados al ocio en el campo están en M.U.P y vías pecuarias.

El patrimonio público está al servicio de todas y todos y su régimen de usos tiene que satisfacer el interés general, según se recoge en la normativa, pero también puede ser un goloso pastel para quien quiere instalar sus infraestructuras (generalmente de producción o transporte de energía), y necesita una superficie de cierto tamaño. En un territorio muy fragmentado, como es el caso de la zona más castellana y menos manchega de la comunidad autónoma, por ejemplo, un promotor tiene dos opciones: una multitud de particulares privados, cada cual con una pequeña parcela, habrá quienes son desconocidos, quienes abandonaron el pueblo hace años y la mayoría con menos papeles que una liebre, o una única persona como interlocutora; lenta y farragosa, pero, a priori, segura: una administración pública y su funcionariado. La opción elegida suele ser la b, ante esta disyuntiva de “susto o muerte”.

La tramitación de ocupaciones en terrenos de dominio público, como los M.U.P. y las vías pecuarias, se suelen prolongar en el tiempo, ya que hay que verificar los requisitos encaminados a garantizar el interés general, y esto puede no ser fácil ni inmediato.

¿A qué nos referimos con ocupación? Una ocupación es un uso privativo de un bien de dominio público, un uso de “alta intensidad”: una antena, una línea eléctrica, un aerogenerador, etc. La Ley dice que ubicar estas instalaciones en bienes de dominio público debe ser excepcional, al ser un negocio y no un beneficio común.

Tramitar los expedientes de ocupación requiere conocimientos técnicos, pero también un bagaje jurídico que no se adquiere fácilmente, y desde luego profesionales de ingeniería de montes y forestales no lo han aprendido en la carrera. Parte se aprende estudiando el temario de la oposición y parte con el tiempo de trabajo en la administración, preguntando y leyendo. Por otro lado, un informe que acredite la compatibilidad de un uso privativo con los valores de interés general que motivan la existencia de los bienes de dominio público lo tiene que hacer alguna persona independiente y no sometida a vaivenes del político de turno ni de un promotor o promotora que apremie con sus iniciativas de beneficio económico.

La creación de las llamadas Entidades Colaboradoras parece venir a facilitar el trabajo, ya que estos entes se encargarán de la parte tediosa de la tramitación. Al no tener competencias para la resolución del expediente (incluso parece que sus informes no son vinculantes, sino que se podrían hacer informes contradictorios) pondrán en bandeja una opción rápida en la que solo quede pendiente para el personal funcionario la redacción de la resolución (o ni eso, aportarán una propuesta de resolución lista para su firma por parte de la jefatura correspondiente, que ya nos conocemos: delegados/as provinciales, directores/as generales o incluso las propias consejeras y consejeros).

En el caso de M.U.P. y vías pecuarias, estas entidades tramitarán (no resolverán) los expedientes de ocupaciones, de forma que la resolución podrá simplemente consistir en plasmar una firma y si las cosas vienen mal dadas siempre quedará acudir a la doctrina “yo solo firmaba”, trabajada por muchos que incluso se apellidan Borbón.

¿Acaso quienes ostentan altos cargos políticos quieren alguien con perfil profesional y de pluma fácil; que dé cobertura a intereses privados y lo vistan de agilidad en la tramitación? Posiblemente.

Cualquier persona, creo, estaría de acuerdo en que el objetivo de agilizar las tramitaciones administrativas es loable y debe estar entre las prioridades. ¿Cómo conseguirlo? ahí ya se puede discrepar. Una opción sería tener una cantidad de personal funcionario suficiente para las necesidades y demandas de tramitación, con la formación adecuada, motivados y motivadas, y que garanticen el interés común. Otra opción es acudir a las Entidades Colaboradoras. En este último caso, quizás, el interés general se resienta y quienes más se beneficien sean los promotores próximos a las altas esferas del partido político de turno.

Por último, ‘last but not least’, se encienden las alarmas relativas a la precarización laboral: ¿cuáles van a ser las condiciones laborales de quienes trabajen para estas empresas privadas colaboradoras y qué pérdidas se pueden producir frente a trabajar, haciendo tareas parecidas, pero para una Administración Pública y con una relación de funcionariado? ¿Cuántos y cuántas gerentes de empresa o puestos afines con cargos con nombre en inglés vamos a financiar con el dinero de todas y de todos?

 

¡VIVAN LAS COMIDAS CAMPESTRES!
¡Y LA FUNCIÓN PÚBLICA!

 

S T A S
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